TENSA ESPERA. Los familiares de Facundo estuvieron todo el día en tribunales esperando tener novedades. la gaceta / foto de franco vera
Por Francisco Fernández y Gustavo Rodríguez
Más allá de las idas y vueltas procesales, la fiscala Adriana Giannoni no duda. La investigación por el crimen de Facundo Ferreira no culminará o no con la detención dos uniformados involucrados. Irá más lejos aún. La Justicia intentará determinar ahora si la Policía realizó maniobras para encubrir el caso que tuvo trascendencia nacional e internacional.
En la madrugada del 8 de marzo, el menor de 12 años había concurrido con su amigo Juan, también menor de edad, a observar las carreras de moto en la zona del parque 9 de Julio. Por razones que no están claras aún, comenzaron a ser perseguidos por la moto en la que se desplazaban los agentes Nicolás Montes de Oca y Mauro Cáceres Díaz.
Los uniformados dijeron que se produjo un enfrentamiento y que ellos respondieron el fuego. Facundo recibió un disparo en la nuca que le provocó la muerte casi en el acto. La familia, representada legalmente por profesionales de Andhes, dijo que en realidad se había tratado de un caso de gatillo fácil.
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Giannoni se encargó de dirigir una causa complicada, cargada de trabas por la falta de lugares para realizar pericias clave. Juan, el menor que se encontraba con la víctima el día que se produjo la tragedia, con el sistema Cámara Gesell, dijo que los uniformados les dispararon sin razón alguna cuando paseaban en moto por la zona de El Bajo. También señaló que ellos no dispararon, aunque en su caso particular podría haber ejecutado un arma según los resultados de los estudios que se le practicó.
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A casi cuatro meses de haberse producido el hecho, finalmente se presentaron en tribunales por este caso los policías involucrados. Cáceres Díaz (habría efectuado el disparo mortal) finalmente declaró durante varias horas. Si bien es cierto que no se informó sobre la imputación en su contra, quedó aprehendido, por lo que se supone que se lo terminó acusando de homicidio. Había solicitado a un juez que se le dictara la detención para tomarse los 10 días hábiles para definir si le pedía o no la prisión preventiva.
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El juez Víctor Manuel Rouges decidió rechazar el planteo. Él es el magistrado de turno y tomó esta decisión una hora después de que se lo pidieran. En este tipo de casos, en los que no urgen los tiempos procesales, toman la decisión los magistrados naturales de las causa, que en este caso le habría correspondido a Facundo Maggio.
El interrogatorio de su compañero Montes de Oca (habría dado positivo en cocaína y marihuana y que era el que conducía la moto en la que realizaban la persecución), fue suspendida para hoy a la mañana. Esa fue una de las razones por las que no se conocieron los detalles de la imputación que le hizo la Justicia.
"También investigamos si le 'plantaron' el arma a Facundo Ferreira", dijo Giannoni
Los testimonios de terceros que consiguió la fiscala tampoco fueron determinantes. Algunas personas confirmaron que hubo un enfrentamiento, otros dijeron no haber escuchado nada.
En la escena del hecho se recogieron evidencias para demostrar que se produjeron 16 disparos. De esa cantidad, 14 pertenecen a las armas de los policías (12 vainas de nueve milímetros y dos de cartuchos de postas de gomas) y dos vainas del arma 22 milímetros que supuestamente tenían los menores. Vale la pena aclarar que a la pistola no se les secuestró a los chicos, sino que fue hallada en la escena del hecho.
Dudas
La fiscala, por más que haya definido de alguna manera la situación de los uniformados involucrados en la muerte del menor, aun quiere esclarecer algunos puntos oscuros que aparecen en la causa y por los que se sospecha que la Policía podría haber realizado algunas maniobras para encubrir el crimen.
El tiempo que se demoró la Policía para avisar que se había producido ese hecho es uno de los puntos con los que más se sostiene esta hipótesis. Personal que trabaja a las órdenes de Giannoni fue informada del trágico episodio una hora y media después de haberse producido.
Cuando llegaron los colaboradores de la fiscala, se dieron cuenta que los hombres del servicio 911 -compañeros de labor de los procesados- y de la jurisdicción habían intervenido en el caso recolectando pruebas y cerrando el área. La división Homicidios, que normalmente actúa en este tipo de casos, no tuvo intervención. La fiscalía, al estar involucrado los uniformados, decidió ordenar que las pruebas sean efectuadas por personal del poder judicial.
Así no tardaron en surgir dudas. Por ejemplo, los investigadores policiales dijeron que en el lugar del hecho se había encontrado el arma que habrían utilizado los menores. Al analizarla, descubrieron que no tenía grabadas huellas dactilares de los que supuestamente la manipularon para disparar ni de ninguna otra persona que la podría haber agarrado.
