29 Agosto 2018
ALLANAMIENTO. La Justicia analizó la Coordinación de Programas Federales del IPV por más de cuatro horas. la gaceta play
“Era lo que correspondía”. “Esto debería haberse hecho antes”. “Lo que se dice es sólo una parte de las irregularidades que había”. Palabras más, palabras menos, estos eran los comentarios de los empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y de los vecinos de Lucas Barrionuevo ayer por la noche. Según fuentes judiciales, en el domicilio de Miguel Jiménez Augier también hubo movimiento. Es que tanto las casas de los ex funcionarios detenidos como la propia sede del instituto fueron allanadas por la Justicia.
La de ayer fue una jornada atareada para el personal de la Fiscalía VIII. En la calle Bolivia, quienes viven en la cuadra donde Barrionuevo tiene su domicilio -a cinco cuadras del de Marán- relataron a este diario que cerca de las 4 de la tarde llegaron vehículos de la Policía. Tanto algunos efectivos como personal judicial llevaron a cabo un allanamiento en la casa del ex funcionario del Ipvdu.
Barrionuevo se encuentra detenido desde el 7 de agosto en el marco de una causa que la fiscala Adriana Giannoni abrió de oficio tras un informe de “Panorama Tucumano”, el ciclo televisivo de este diario, en el que se analizaron diversas irregularidades en la repartición. Actualmente está imputado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación a la administración pública.
Según la interventora del Ipvdu, Noemí Ferrioli, la Justicia llegó a la sede del organismo cerca de las 16.30. El personal de la Fiscalía, que a las 21 seguía en la repartición, revisó las oficinas destinadas a la coordinación de Programas Federales, cartera que manejaba Barrionuevo. Según informaron fuentes del instituto, en el procedimiento se tomaron declaraciones de algunos de los empleados del área. La titular del Ipvdu se acercó a la puerta de la calle Muñecas poco antes de las 20.30 y se limitó a asegurar que se estaba colaborando con la Justicia.
El domicilio de Jiménez Augier también fue afectado por el allanamiento de la Justicia. El 6 de agosto, acusado de enriquecimiento ilícito, el ex funcionario se presentó a declarar ante Giannoni y quedó privado de su libertad. El domingo, el ex coordinador de Políticas Habitacionales fue trasladado al Hospital Avellaneda desde la comisaría 12ª. Según su abogado, Agustín González, el ex funcionario padece una enfermedad pulmonar que le impide permanecer en los establecimientos policiales, por lo que requirió que se le conceda la posibilidad de cumplir con la detención desde su casa.
El “caso Viviendas”
La investigación judicial se inició tras un informe periodístico que LA GACETA transmitió el 12 de agosto de 2017. Allí se demostró que Barrionuevo es tío político de Sebastián y Martín Nieva, dueños legales de una constructora que fue beneficiada con contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. Hace semanas, Alberto Flores -quien trabajó para la constructora Marán durante seis años- dijo que Barrionuevo era el verdadero dueño de la empresa y que los Nieva eran simples testaferros.
Algunos de los bienes que forman parte del patrimonio del ex coordinador, y que llevaron a que la Justicia le impute el delito de enriquecimiento ilícito, son una mansión en el barrio privado Los Olivos, una lancha deportiva y diversos vehículos automotores.
En el caso de Jiménez Augier, su despido del Ipvdu se produjo cuando se difundió que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad. Además, fue acusado de haber adjudicado casas de manera irregular. El año pasado negó tener injerencia en la entrega de viviendas, pero Ferrioli lo contradijo hace semanas. La actual interventora aseguró que, durante la gestión del ex interventor Gustavo Durán, Jiménez Augier estuvo a cargo de todo lo relacionado con la asignación de las viviendas sociales.
Por el momento se encuentra pendiente de definición el pedido de prisión preventiva formulado por Giannoni en contra de ambos ex funcionarios. El plazo que el juez natural de la causa, Alejandro Tomas, tiene para emitir una resolución al respecto vence el siete de septiembre. Mientras tanto, nuevas medidas de prueba se siguen sumando a la causa que ya consta de más de 30 cuerpos, lo que equivale a una cifra superior a las 6.000 hojas.
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