Caso Viviendas: la Justicia analizará la computadora de Barrionuevo

Durante el allanamiento del IPV, el martes, se conoció que la licencia médica del ex funcionario no fue renovada. El dispositivo había sido removido de la oficina, pero fue hallado tras horas de búsqueda.

ALLANAMIENTO. El martes, la medida se realizó entre las 16.30 y las 21. la gaceta / foto de héctor peralta ALLANAMIENTO. El martes, la medida se realizó entre las 16.30 y las 21. la gaceta / foto de héctor peralta
30 Agosto 2018

Como si nada hubiera pasado. Como si estuviera esperando algo. Como él la dejó. Así estaba la oficina del detenido ex funcionario Lucas Barrionuevo cuando la Justicia allanó el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Según fuentes judiciales, el despacho se encontraba cerrado y no había sido utilizado desde que Barrionuevo dejó de ir al instituto -primero por una suspensión y luego por una licencia médica-, en julio del año pasado.

Las pesquisas realizadas el martes se llevaron a cabo en la Coordinación de Programas Federales, cartera que conducía Barrionuevo, y llevaron más de cuatro horas. La razón de la demora fue que, aunque no había otras señales de que la oficina del ex coordinador haya sido utilizada durante el último año, faltaba la computadora.

Tras horas de búsqueda, el equipo fue hallado por la Justicia. Ahora se procederá a analizar el dispositivo, junto a otros documentos y materiales encontrados, en busca de información relevante para el “caso Viviendas”. Esta causa ya tiene dos detenidos: Barrionuevo y Miguel Jiménez Augier, ex coordinador de Políticas Habitacionales del Ipvdu, cuyos domicilios también fueron allanados el martes.

La investigación se inició en julio del año pasado, después de que “Panorama Tucumano” -el ciclo televisivo de LA GACETA- transmitiera un informe sobre diversas irregularidades en el Ipvdu. Entre otros temas, en el programa se analizó el rol de los ex coordinadores.

Barrionuevo era acusado de intervenir en la adjudicación de obras públicas de manera irregular. También fue señalado como el dueño de Marán, una empresa constructora que recibió contrataciones directas del Ipvdu por casi $ 50 millones. Aunque el entonces funcionario negó conocer a Sebastián y Martín Nieva, propietarios legales de Marán, se comprobó que son sus sobrinos políticos. Hace semanas, un ex empleado de la constructora aseguró que Barrionuevo era el verdadero dueño de la empresa y que los hermanos Nieva eran sólo testaferros.

Días después de las primeras publicaciones, el entonces coordinador fue suspendido por 45 días mientras se llevaba a cabo una investigación administrativa. Cuando venció el plazo, Barrionuevo solicitaba periódicamente una licencia médica en el instituto. Sin embargo, su último pedido fue rechazado mientras se encuentra detenido por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y defraudación a la administración pública.

Jiménez Augier, por su parte, fue señalado como el responsable de asignar viviendas sociales de manera arbitraria. Aunque él aseguró que no intervenía en el proceso de adjudicación, la actual interventora Noemí Ferrioli contó que durante años fue Jiménez Augier quien se encargó de todo lo relacionado con la adjudicación de las casas. En octubre del año pasado, el gobernador Juan Manzur despidió al ex coordinador cuando se difundió el hecho de que tenía medio millón de dólares en una caja de seguridad. El seis de agosto, tras declarar ante la Fiscalía, quedó detenido por presunto enriquecimiento ilícito.

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