29 Agosto 2018
TENSA CHARLA. Nicolás Barrera y su defensor Gustavo Carlino hablan con Hugo Sánchez, único detenido por el caso. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
Las supuestas irregularidades en l os ascensos en la Policía quedaron al descubierto en el juicio por la desaparición y el crimen de Paulina Lebbos. Desde la semana pasada el tema de debate fue la promoción con la que fue beneficiado el comisario Enrique García, condenado por haber modificado las actas del hallazgo del cuerpo de la joven. Ayer, el tribunal ordenó investigar un caso en el que se permitió reincorporar a un efectivo que estaba por ser enjuiciado por un crimen y que luego fue condenado a reclusión perpetua.
Los jueces Carlos Caramuti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez, por unanimidad, solicitaron que se investigue si se ha cometido delito, a partir de dos oficios internos policiales que posibilitaron en 2015 el reintegro de un agente imputado por el homicidio de Ramón Damián Lezama.
Los vocales de la Sala III se enteraron ayer en plena audiencia de esos trámites administrativos, firmados por el entonces jefe de Policía, Dante Bustamante, y por una asesora letrada, cuando la causa ya había sido elevada a juicio oral.
La resolución de la Jefatura de la Policía fue leída en la sala y tenía fecha del 3 diciembre de 2015. Con ella, se disponía que se suspenda la iniciación del sumario administrativo contra el oficial Leonardo Quiroga, hasta tanto se conozca el fallo definitivo de la Justicia.
Casi un mes antes, con un dictamen firmado por Cinthia Gabriela Heineken, subcomisaria abogada, había autorizado la reincorporación del policía acusado del crimen.
La ex jefa de asesoría letrada de la Policía, Margarita Gómez, remarcó en su declaración testimonial que, según el reglamento de la fuerza de seguridad, “no se toma como antecedente disciplinario” una causa judicial contra un oficial, hasta tanto se cumpla la prisión preventiva o el auto de procesamiento, equivalente al requerimiento a elevación a juicio oral y público. Así respondió ante la consulta del Tribunal sobre el criterio que tomó en cuenta la Policía, con base al régimen disciplinario, para que se tomaran esas decisiones.
“Estamos advirtiendo una situación que puede derivar en un delito de acción pública. Como hizo en otros casos esta Sala, no podemos dejar de mandar a investigar este hecho”, manifestó Caramuti al enterarse de los procedimientos administrativos.
La misma Sala III condenó el 10 de agosto 2016 a Quiroga a reclusión perpetua, al considerarlo culpable del homicidio de Lezama.
Estrategia
Las partes acusadoras utilizaron esta prueba para demostrar las irregularidades que se cometieron en el ascenso de García. Además de los datos técnicos que brindó Gómez, ex asesora legal de la Policía, se incorporó una carta que presentó el ex subjefe de Policía Nicolás Barrera para que el oficial fuera promovido.
La fiscalía incorporó esta prueba para reafirmar su hipótesis de encubrimiento y para sostener que se trató de una forma de ejercer influencia hacia la dirección de Asesoría legal, con el fin de alcanzar la incorporación del oficial y luego el ascenso como “retribución”.
Gómez justificó la habilitación para la promoción del ex comisario, al argumentar que la causa que estaba vigente en 2010 por falsificación de documento público no contaba con requerimiento de elevación a juicio.
El actual jefe de Policía, comisario (r) José Díaz, declaró en el juicio por esta cuestión. Aclaró que a García lo ascendieron por su antigüedad y calificó al sistema de ascensos de la fuerza como “perverso”.
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