Enrique García, ex comisario de Raco, fue condenado en 2013 a cinco años de prisión por encubrimiento agravado. La causa había tenido vinculación directa con el crimen de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006, y confirmó la falsificación de actas y firmas, entre otros elementos. Ayer, el caso fue expuesto en el juicio oral por el homicidio de la joven para sustentar la hipótesis de que hubo ascensos de policías como “retribución” dentro del posible esquema de encubrimiento.
García fue ascendido en 2010 por “antigüedad calificada”, una figura que contempla el reglamento disciplinario de la Policía y que permite el ascenso, sin evaluación dentro de la Junta de Calificación, de los agentes y jefes. El ex jefe de Raco estaba imputado en el proceso judicial, lo que marcaba un antecedente negativo para una probable promoción de caro.
José Díaz, actual jefe de la fuerza de seguridad local, se presentó ayer ante la Sala III y confirmó el salto de grado del condenado, cuando integraba la Junta de selección para las promociones. “Nadie propuso a García dentro de la Junta. Integraba un grupo de oficiales jefes que, por su antigüedad, estaba en ese porcentaje (cupo) para el ascenso común. No fue analizado por la Junta, ya venía por carrera administrativa”, enfatizó Díaz, quien en 2006 estuvo a cargo de la secretaría privada de la Jefatura de Policía. Era el jefe de secretarios del imputado Hugo Sánchez.
“Antigüedad calificada” (artículo 99) favorece a un agente que ha permanecido varios años en un grado, sin el beneficio del ascenso. “García tenía cuatro años sin promoción. Por eso integraba ese grupo de personas”, destacó el actual jefe de los policías.
De acuerdo a la explicación de Díaz, existía ya en 2010 un sumario administrativo contra el comisario de Raco, como consecuencia de la imputación judicial. Sin embargo, García llegó a la lista de ascensos de jefes propuesto por el Departamento Personal, área que habilitaba tal medida interna. Esto fue posible, a pesar de la negativa de algunas áreas legales, por un cambio de situación administrativa del oficial. El expediente de García había pasado previamente de “sumario administrativo” a “información sumaria”, traspaso permitido también en el régimen disciplinario.
“Se transformó el sumario en información sumaria administrativa para que llegue a la Junta (…) La asesoría letrada (de la Policía) había dictaminado antes que la situación administrativa de García no impedía el ascenso”, remarcó Díaz.
A partir de esas declaraciones, las defensas comenzaron a actuar en torno de las responsabilidades. En particular, el debate circuló en torno de quién había ordenado el pase de “sumario administrativo a información sumaria”: Sánchez o Nicolás Barrera, ex subjefe en esa situación. En medio de las consultas y respuestas de Díaz, se leyeron notas de pedidos de informes al entonces fiscal Carlos Albaca, sobre el estado de situación de García, tanto de Barrera como de algún asesor de Sánchez. Díaz reconoció, en ese momento, que el ex subjefe habría tenido en su poder el expediente interno.
Díaz seguirá declarando hoy.