Un fiscal pide enviar a juicio oral a Scioli por la irregularidades en la gobernación bonaerense

La causa se inició por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en junio de 2016 por lavado de dinero.

EN LA GACETA. Daniel Scioli, durante una entrevista realizada por nuestro diario en su reciente visita a Tucumán. EN LA GACETA. Daniel Scioli, durante una entrevista realizada por nuestro diario en su reciente visita a Tucumán. LA GACETA / JORGE OLMOS SGROSSO
19 Octubre 2018

El fiscal de La Plata Álvaro Garganta pidió hoy la elevación a juicio oral de Daniel Scioli en la causa que investiga diversas irregularidades en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El planteo del fiscal Garganta se conoció apenas dos días después de que Scioli volviera a la escena política, cuando participó en Tucumán de los actos por el Día de la Lealtad peronista. 

La causa, que suma varios casos de presuntas irregularidades y fraudes en su gestión de gobernador, se había iniciado por una denuncia de la diputada Elisa Carrió en junio de 2016 por lavado de dinero.

Entre las investigaciones judiciales, se encuentra el caso de supuestas irregularidades en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA), por las que se pagaron 189 millones de pesos durante la administración de Scioli.

Ahora, tras la solicitud del fiscal Garganta, la jueza de Garantías Marcela Garmendia debe evaluar y definir si envía a juicio a Scioli y a otros 38 procesados en el expediente.

Si la jueza decide dar luz verde al pedido del fiscal, además del ex gobernador, irán a juicio oral el ex jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez; el ex subsecretario Administrativo de la Jefatura de Gabinete,  Walter Carbone; el ex director de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella; el ex ministro de Salud Alejandro Collia, y el empresario y amigo de Scioli Ricardo Estanislao Miller, entre otros.

Carbone cobró notoriedad cuando, en un allanamiento a una de sus propiedades, se halló una caja fuerte dentro de la escultura de un dragón.

En el caso de la construcción de nueve unidades UPA, la Justicia determinó que muchas de las empresas convocadas para concursar no estaban inscriptas en el Registro de Proveedor o directamente se dedicaban a otro rubro, y se investiga si estas maniobras tuvieron el fin de direccionar la contratación a favor de Miller. (Télam)

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