26 Octubre 2018
LA GACETA/FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)
1. El sistema legal
Un empresario se presenta en el Departamento de Servicios Adicionales de la Policía para pedir un efectivo. Firma un contrato, que es registrado en la Dirección General de Rentas, y contrata a uno o más efectivos policiales que no están cumpliendo servicios. El valor de la orden de servicio es de $120 para agentes y suboficiales y de $150 para los oficiales. Del monto total, cerca del 5% queda para la fuerza, el resto, para el que realizó la tarea. Pueden utilizar el uniforme y las armas de la fuerza para cumplir con esta tarea. Están protegidos por la ART.
2. La cooperativa
Un oficial de la fuerza forma un grupo de hombres de menor rango para realizar servicios adicionales. Los inscribe en Servicios Adicionales y busca clientes para brindarles seguridad. Cuando consigue realizar un trabajo, por cada hora paga los $6 que le corresponde a la fuerza y abona en promedio $85 al uniformado que cumple con la tarea y él se queda con los $29 restantes. Al ser un servicio autorizado, pueden utilizar el uniforme y las armas de la fuerza. También cuentan con protección de la aseguradora.
3. Las famosas fichas
Es una de las irregularidades que supuestamente comete el personal de la fuerza. Consistiría en que el jefe de una comisaría utilice hombres que deberían estar prestando servicios realicen tareas de vigilancia a privados. En este sistema, el uniformado se queda con un porcentaje de la ganancia (serían entre $60 y $80) y el resto quedaría para el superior. Otras versiones indican que también se habrían detectado casos de comisarios que ubicarían a personal policial en el frente de determinados locales y ellos les cobrarían entre $60 y $90 por el servicio. Al estar supuestamente cumpliendo funciones, los policías están uniformados, portan armas y están protegidos.
4. Los independientes
Los policías, de manera independiente, se ofrecen a realizar el mismo servicio a entre $70 y $80 por hora, es decir entre un 30 y 25% menos que los valores oficiales. Los comerciantes, según confiaron fuentes judiciales, deciden contratarlos porque no sólo deben invertir menos en seguridad extra, sino que también no tributan nada. Los policías no están protegidos y, si llegaran a sufrir algún problema, deberían responder civilmente.
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Policía de Tucumán
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