El Tribunal de Cuentas insiste con un pedido a la Policía para poder controlar los “adicionales”

El Tribunal de Cuentas (TC) formuló un nuevo pedido a la Policía de la Provincia para que regularice “el funcionamiento administrativo y financiero de la División Policía Adicional”, un servicio de vigilancia particular que brinda el personal de la fuerza en ámbitos privados y públicos, y que genera recursos millonarios.

A través del acuerdo 4.557, firmado el miércoles por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), el ente de contralor requirió al jefe de Policía, José Eduardo Díaz, que informe “a la mayor brevedad posible” (la frase fue redactada en mayúsculas en el texto original) sobre los avances y trámites administrativos que se estén llevando a cabo con ese objetivo.

El TC insistió con el pedido ya que el 17 de septiembre pasado venció la prórroga de seis meses que le había otorgado a la Policía para cumplir con ese trámite.

La posibilidad de prestar los “adicionales” está contemplada en el capítulo II (“Funciones, deberes y atribuciones”) de la Ley Orgánica de la Policía de Tucumán (N° 3.656), que data de 1970. “Proveer servicios de policía adicional dentro de su jurisdicción, en los casos y formas que determine la reglamentación”, expresa el último inciso del artículo 9°. La normativa complementaria fue dictada pocos meses después, y si bien hubo un intento por modificarla en 2005 para ordenar y transparentar el sistema, finalmente no se cumplió con el objetivo, según se desprende de los planteos del TC.

Al realizar los informes constitucionales sobre la Cuenta de Inversión de los períodos 2016 y 2017, el organismo de contralor había advertido que los montos recaudados por la fuerza no son ingresados al Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC) que rige en la Administración Pública, y que permite al Tribunal de Cuentas supervisar la aplicación de los fondos públicos. “(El Servicio de Policía Adicional) tiene un tratamiento extra-sistema; es decir que no existe en el SAFyC ningún registro presupuestario, financiero ni contable”, señaló el Tribunal de Cuentas en el último informe (acuerdo 4.354/18). El TC advirtió que “los ingresos y egresos” por esas custodias “son operados a través de la cuenta corriente 187126/5 - Dirección General de Policía de Tucumán - Servicios, del Banco de Tucumán”.

Según los movimientos bancarios de esa cuenta, en 2017 había un saldo inicial de $ 358.000; luego se registraron ingresos totales por $ 239,7 millones y egresos totales por $ 239,5 millones. El saldo final en ese ejercicio fue de $ 496.000. “Conforme lo normado por la Ley de Administración Financiera, corresponde que la totalidad de los fondos de esta operatoria sean incorporados y registrados en el Presupuesto de la Provincia”, indicó el Tribunal de Cuentas en ese documento.

El monto que recaudó la fuerza por ese rubro es significativo, teniendo en cuenta que el Presupuesto de la Provincia para 2017 determinó recursos para el Departamento General de Policía por $ 3.086 millones.

Es decir que lo obtenido gracias a los servicios adicionales equivale al 7,7% de los fondos anuales asignados a la institución policial para ese ejercicio.

Sin más tiempo

El 27 de abril pasado, a través del acuerdo 1.484, el Tribunal de Cuentas le había dado a la Policía un plazo de seis meses para elevar un proyecto que regule “el funcionamiento administrativo y financiero de la División Policía Adicional”. El órgano de control aceptó la prórroga, que según el instrumento había sido solicitada por el comisario principal Dimas Antonio López, jefe de esa oficina, al comisario general Díaz.

El miércoles pasado, sin embargo, el Tribunal de Cuentas declinó otorgar más tiempo para el envío de la documentación. De hecho, el ente de contralor consignó que es “necesario” contar con ese material “para las distintas tareas jurisdiccionales que lleva a cabo” el Tribunal de Cuentas. Más allá de que los contadores fiscales pueden acceder al volumen que ingresos que generan los “adicionales” -gracias a los informes bancarios-, les resulta imposible conocer los detalles de la operatoria.

En la fuerza de seguridad declinaron por el momento realizar declaraciones con respecto a este tema, que suele despertar críticas en la Legislatura. Incluso, hay proyectos de ley que promueven la derogación de este tipo de custodia. De todas formas, en esta ocasión el Tribunal de Cuentas no fijó plazos a la Policía para que proceda al “blanqueo” en el SAFyC de los servicios adicionales. Sí advirtió que “a la brevedad” deberá informar sobre los avances concretados para poder controlar ese circuito de dinero.

Sobre los “adicionales”

Casi cinco décadas.- Los servicios adicionales que presta la Policía de Tucumán están contemplados en la ley 3.656, que regula las potestades y obligaciones de la fuerza de seguridad, y que data de 1970. No son exclusivos de esta jurisdicción: los departamentos policiales de otras provincias y de la Ciudad de Buenos Aires también brindan la custodia paga.

En todos los ámbitos.- Por lo general, se afecta a suboficiales de franco para este tipo de vigilancia. Pueden ser requeridos por privados (bancos, supermercados, consorcios de edificios, etcétera) o por entidades públicas (Rentas y Siprosa, entre otras) o deportivas. De hecho, a través del decreto 4.121/3 (ME), firmado el 21 de diciembre de 2016 por el gobernador, Juan Manzur, se autorizó a la Dirección General de Rentas a contratar el régimen de Policía Adicional por un período de  dos años, y por un monto total de $ 7 millones. En ese momento se tomó una a la “tarifa horaria de $ 83,78”, pero en la actualidad el costo de la custodia, independientemente de si es de día o de noche, ronda los $ 120 por hora.

Críticas.- El sistema de “adicionales” generó críticas de legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. En 2016, la peronista Nancy Bulacio (bloque Tucumán Crece), con el apoyo de seis colegas, instó a la eliminación de ese servicio. “Es un secreto a voces que, en la práctica, los trabajos o servicios adicionales se encuentran corporizados por algunos jefes de la fuerza, los que además eligen a quienes prestan estos servicios, y obtienen con ello un ingreso impurio (sic) a costilla del trabajo de otros. Esto, por más que sea de difícil probanza, es cierto, y debe dejar de ser una práctica en nuestra provincia, ya que no podemos pretender combatir la delincuencia si permitimos que nuestra propia fuerza policial realice actos reñidos con la justicia”, remarcó Bulacio en esa ocasión. Hay propuestas alternativas, como las aportadas por Stella Maris Córdoba (Proyecto Popular) y Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos), pero hasta el momento ninguna fue tratada en el recinto legislativo.