Pasaron 10 meses y los damnificados por los falsos gestores del IPV todavía exigen respuestas

Casi un centenar de estafados por gestores falsos para acceder a casas construidas por el Estado protestaron frente a la sede del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Aseguraron ser parte de los 2.500 damnificados por la supuesta operatoria encabezada por la cooperativa de la construcción “Nuevo Amanecer”.

“Reclamamos nuestro derecho de acceder a viviendas sociales, porque hicimos los trámites y nos hemos inscripto en el Instituto de la Vivienda. Como no trabajamos en rubros con gremios que hayan proyectado viviendas sociales gestores del instituto nos enviaron a que nos contactemos con una cooperativa, Nuevo Amanecer, para acceder a una casa. Ahí nos pidieron dinero para armar una carpeta, y todos pagamos entre $ 5.000 hasta $200.000 a la señora Elizabeth Alzogaray”, explicó Manuel Liquitay, mientras colgaba carteles frente a la sede de la dependencia, en Muñecas al 300.

Alzogaray, imputada por presuntamente liderar una asociación ilícita dedicada a ofrecer casas del Estado a cambio de dinero, fue detenida el 28 de enero, cuando se entregó a la Justicia.

Mientras pegaba más pancartas sobre la fachada del Ipvdu, Antonia Lobo explicó que ella había iniciado hace seis años los trámites para acceder a una casa construida por el Estado. “Me inscribí en el 2012 para tener una vivienda. Como no tenía novedades, en 2014 le mandé una nota a la ministra de Desarrollo Social de la Nación de entonces, Alicia Kirchner, porque tengo un hijo discapacitado y alquilo donde vivir. Por respuesta de la Nación, me derivaron con miembros del área social para iniciar el expediente, me habían dicho que ingresaba en las casas que se asignan por cupo, que no era necesario sorteo”, inició su relato la mujer de 57 años que trabaja de masajista. “Me inscribieron para el barrio nuevo en El Chañar, pero no salí sorteada. Averigüé y me dijeron que no me correspondía el sorteo, me dijeron que me asignaban una casa en Lomas de Tafí. Como no pertenecía a una repartición, un empleado de aquí me recomendó que me contacte con Alzogaray. Pagué $ 50.000 para iniciar el expediente y me den una casa. La entrega se fue postergando y yo sigo alquilando”, finalizó Lobo.

Si bien la mayoría de los presuntos integrantes de la asociación ilícita fueron arrestados a inicios de año, existen versiones de que podrían estar operando otras organizaciones. De hecho, la interventora de la repartición, Noemí Ferrioli, difundió un comunicado la semana pasada advirtiendo que los trámites son gratuitos. “Bajo ningún concepto, la población interesada en una solución habitacional debe entregar dinero ni utilizar intermediarios ya que no existen gestores habilitados por el IPV”, alertó el organismo por diferentes vías.

El escándalo que estalló en el verano tiene, además de repercusiones judiciales, ramificaciones políticas. La imputada Alzogaray, al declarar ante el fiscal de Instrucción Diego López Ávila -con la representación legal del abogado Mario Benjamín Visuara- reveló esos supuestos nexos. “La persona que empezó a todo esto (sic) trabajaba en un establecimiento público. Yo también le creí a (Gustavo) Durán”, indicó, responsabilizando al ex interventor del Ipvdu, fallecido en noviembre.