10 Noviembre 2018
La comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura cerró el capítulo relativo a la designación fallida de Walter Ojeda Ávila como camarista interino de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. El comité se reunió ayer con la presidencia de la legisladora oficialista Sandra Mendoza y resolvió emitir un nuevo dictamen en contra del aspirante escogido por el gobernador Juan Manzur. La opinión unánime rechaza el nombramiento en atención a que el postulante “no reúne los requisitos necesarios para el cargo para el que fue propuesto”.
El texto del dictamen adoptado este viernes alude a “las serias inconsistencias advertidas” en los antecedentes de Ojeda Ávila. Aunque más sintéticamente, los legisladores adoptaron la postura del opositor Alberto Colombres Garmendia (PRO), quien de entrada se pronunció en contra de aprobar el nombramiento y, por ello, confeccionó un dictamen de minoría el 30 de ocubre. La mayoría emitió dos opiniones favorables a Ojeda Ávila: la primera incluye las adhesiones de los justicialistas Mendoza, Marcelo Caponio, Daniel Herrera, Sara Assán y Zacarías Khoder (ausente en la reunión de ayer), y del amayista Silvio Bellomío. El nombre de este último no consta en el segundo dictamen de mayoría notificado el 6 de noviembre, cuando ya habían trascendido abundantes irregularidades relativas a los antecedentes de Ojeda Ávila. Bellomío explicó el lunes que no firmó ninguna opinión porque entendía que necesitaba más elementos para formarse un criterio sobre el postulante y que, a la luz de las revelaciones, entendía el pliego debía ser vetado.
Ojeda Ávila renunció el miércoles a ser camarista subrogante de Apelaciones, cargo dotado de un tercio del poder para controlar las investigaciones penales de la provincia (iba a ocupar interinamente la vocalía de Liliana Vitar, y a compartir tribunal con Eudoro Albo y Enrique Pedicone). La designación recibió un primer revés cuando, en la audiencia con la comisión, quedó a la vista que Ojeda Ávila había declarado que tenía un premio por no reprobar materias cuando su certificado analítico contenía 19 aplazos. Luego surgieron otras anomalías, entre ellas un título de posgrado de la Universidad de Barcelona considerado apócrifo por autoridades de las instituciones organizadoras del programa. La investigación penal de estos hechos quedó en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira.
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