La edad de imputabilidad penal de los menores

El anuncio de la ministra de Seguridad de la Nación de que el Poder Ejecutivo enviará en febrero al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que haría descender la edad de imputabilidad para delitos graves de 16 a 15 años y contemplaría un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo, promete generar una nueva controversia, como sucede cada vez que se intenta avanzar en este asunto que divide las aguas.

“El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual”, afirmó la ministra, al tiempo que funcionarios de Justicia y Seguridad salieron a respaldar la iniciativa. Uno dijo que el Gobierno quiere crear un sistema cuyo eje central será tener una Justicia especializada, con gente capacitada y una formación adecuada para atender esta problemática.

Desde hace dos años los ministerios de Seguridad y de Justicia vienen trabajando en un proyecto para establecer un Régimen Penal Juvenil, que incluía una escala de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para delitos realmente graves, como homicidios, violaciones y delitos de robos con armas; la iniciativa del Gobierno finalmente fija en 15 años la edad de imputabilidad.

La legislación actual considera punibles a los chicos de entre 16 y 18 años, pero estos recién son imputables cuando alcanzan la mayoría de edad. La imputabilidad es la capacidad de comprender las consecuencias de los actos y en consecuencia, se presupone que la persona actúa con discernimiento, intención y libertad. Sólo puede recibir una sanción penal quien es imputable.

¿Qué sucedería en Tucumán, si se aprobara esa propuesta? Probablemente, más de 700 adolescentes serían imputados por año y solo se cuenta con el instituto Roca que alberga a varones menores en conflicto con la ley, y el María Goretti, para mujeres. En 2017, una de las integrantes del colectivo “Madres del Pañuelo Negro” dijo: “nosotros tenemos muchos hijos delincuentes. Y algunos de ellos no tienen 16 años, sino 14, 13 o 10. Delinquen para drogarse. Por eso, para nosotros, el principal objetivo del Gobierno debería ser atacar el tema de las adicciones”.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 19, exige al Estado brindar las medidas de protección especial que la familia o la sociedad no le prestaron al niño. En alguna oportunidad, hemos señalado que ese chico que delinque es consecuencia de un Estado que lo ha abandonado y que no piensa en incluirlo socialmente, sino en castigarlo. Si sus progenitores son analfabetos, desocupados, viven en la marginalidad y no tienen autoridad, cómo podrán contener y reorientar a sus vástagos.

Hasta ahora el Estado ha demostrado su incapacidad para reeducar y lograr la inserción social de las personas, en un sistema carcelario obsoleto. Deberían construir centros especiales para los chicos, donde se traten sus adicciones, se los eduque y aprendan oficios, sin descuidar a los padres. A menudo se ha dicho que es necesario diseñar una política de Estado integral que involucre a los tres Poderes y a las instituciones civiles. Bajar la imputabilidad de los chicos a 15, 13 o 10 años, no resolverá este grave problema social. Si este flagelo no se encara desde una perspectiva interdisciplinaria, difícilmente se podrá revertir esta realidad y se seguirán atacando los síntomas y no la raíz de la enfermedad. Es como tratar un cáncer con aspirinas.