Imputabilidad: según Andhes, el plan vulnera los Derechos del Niño

Florencia Vallino es coordinadora del Área de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Fundación Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales). Consultada por LA GACETA, Vallino sostiene que el proyecto que prevé bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años es demagógico e incompatible con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Observa que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo plantea en un año electoral. Y explica que para cumplir los objetivos de lucha contra la violencia los niños y adolescentes deben ser vistos como víctimas de la delincuencia y no como victimarios.

“En 2018 el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés) de la ONU recomendó al Estado argentino que ‘apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención (sobre los Derechos del Niño) y las normas internacionales en materia de justicia juvenil, en particular en lo que respecta a garantizar que la privación de libertad sólo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal’”, cita Vallino. De esta manera, el proyecto del Gobierno sería incompatible con esa Convención, cuyo texto fue aprobado por el Congreso de la Nación el 27 de septiembre de 1990 y promulgado por el ex presidente Carlos Menem el 16 de octubre de ese año.

En su informe de 2016 “Violencia, niñez y crimen organizado en las Américas”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los Estados de la región a aumentar la edad mínima de responsabilidad penal. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el fallo “Mendoza”, de 2014, ordenó al Estado a adecuar su régimen penal a los estándares en la materia. Vallino interpreta que estos estándares son los desarrollados por el CRC y la CIDH.

Además, la profesional acusa al gobierno de Mauricio Macri de tomar medidas en materia de salud y educación que vulneran los derechos de los niños y adolescentes del país. “En los últimos dos años la gestión de Cambiemos, lejos de fortalecer el ya debilitado sistema de protección integral de los niños, les hace pagar las consecuencias del modelo liberal y el achicamiento del Estado. El aumento escalonado de la pobreza perjudica las condiciones de vida y obstaculiza las posibilidades de desarrollo de los adolescentes”, se queja.

Para ella, sobre la vulnerabilidad de los niños opera también “el aparato represivo del Estado, que criminaliza, persigue, estigmatiza y asesina a los adolescentes pobres”. “En Tucumán, el asesinato de Facundo Ferreira se materializa como caso testigo de esta violencia estatal que, doctrina Chocobar mediante, aparece para castigar con métodos cada vez más brutales”, condena. E 8 diciembre de 2017 en La Boca, el policía federal Luis Chocobar mató por la espalda a Pablo Kukoc, un asaltante de 18 años. “Doctrina Chocobar” es el nombre popular de la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que otorga mayor libertad para disparar a los agentes de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ferreira murió por un disparo de la Policía de Tucumán.

De acuerdo con Vallino, en Argentina los principales destinatarios del sistema de justicia penal juvenil son los adolescentes varones más relegados. Acerca de esto, esta abogada reseña un informe de Unicef de 2018, “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina”. “Este texto da cuenta de las trayectorias comunes de estos adolescentes. Están marcadas por un Estado que, en vez de respetar, proteger o garantizar derechos con políticas públicas para los chicos y las chicas está ausente o es ineficaz. Y además es casi invariablemente violento”, describe.

Finalmente, Vallino opina que el régimen penal juvenil vigente demanda otro tipo de reforma. “Debe ofrecer garantías procesales a los adolescentes y poner fin al sistema tutelar que otorga discrecionalidad a los jueces. Pero sobre todo debe inexorablemente adecuarse a los estándares en la materia: la reforma debe ser compatible con la Convención de los Derechos del Niño”, sentencia.