Intereses sectoriales agravan el conflicto del transporte

Como un “callejón sin salida” calificó un gremialista el problema del transporte público en la provincia, paralizado desde las primeras horas del día y por tiempo indefinido. El conflicto involucra un básico problema salarial, al que se agrega la crisis derivada de la inflación, el cambio en el sistema de subsidios y la disputa política entre las diferentes partes, que estuvieron negociando hasta ayer para evitar la instancia durísima que estamos viviendo: una sociedad paralizada, con múltiples daños colaterales.

Lo que desencadenó el paro ha sido la deuda salarial. Las empresas han pagado sólo la mitad de los sueldos y han propuesto abonar el resto en una semana más, con la recaudación y con la llegada de un prometido subsidio. La situación, muy precaria, se completa con el reclamo empresarial por la suba de los costos fijos y la falta de actualización del precio del boleto urbano, que los dueños de empresas estiman que debería subir desde los $15,50 actuales a $29. Además, hay una situación por lo menos incierta a raíz de que desde comienzos de año la Nación ha reducido los subsidios al transporte, reducción que hasta ahora ha sido asumida por la Provincia; y otra confusión legal debido a que la cuestión está centrada en el problema de los ómnibus de San Miguel de Tucumán pero el cese de la actividad abarca todo el transporte de colectivos urbanos y rurales de la provincia.

La cuestión tiene, en este sentido, un condimento histórico, anterior a la severa crisis inflacionaria y de cambios de paradigmas en materia de subsidios. Desde siempre ha habido un tira y afloja entre empresarios, gremialistas, Municipalidad capitalina y Provincia en torno de los aumentos de precio del pasaje. Al cabo de duras negociaciones se solía dar subas del valor del boleto y un día después la Provincia decretaba sin debates el aumento del boleto interurbano y rural. Cuestión pretendidamente “jurisdiccional” engañosa, que muestra que los protagonistas del asunto son cuatro, y que todos deberían estar en la negociación. Lo que se ha visto hasta ahora ha sido un reparto de culpas y un rosario de justificaciones sectoriales. Los empresarios reclaman que, pese a los subsidios, no les dan los costos; la Municipalidad pide que intervenga la Secretaría de Trabajo provincial dictando la conciliación obligatoria y esta responde que no corresponde; el Concejo Deliberante no es convocado a sesión extraordinaria porque se considera que no se justifica mientras no la pida la Municipalidad; y la Provincia afirma que está perjudicada con la asunción de los subsidios que deja de dar la Nación y con la caída de la recaudación a causa de la inflación. Todos tienen argumentaciones que justifican la demora en dar respuestas al problema, que ya lleva meses en las mismas condiciones (en diciembre hubo una protesta similar, y la semana pasada, otra), y que incluso con la protesta que comenzó esta madrugada no se va a resolver, ya que, aunque se abonara en los próximos días la deuda salarial de este mes y se levantara el paro, el conflicto volvería a activarse el mes que viene, cuando comiencen las clases.

Es obvio que hay un fracaso en la dirigencia, que no ha sabido trabajar todas las instancias de diálogo para evitar esta situación terminal. Provincia y Municipalidad deben sentarse inmediatamente a tratar el conflicto junto con sindicato y empresarios, y sacarse de encima los intereses particulares, hasta arribar a una solución que beneficie, en primer lugar, a la sociedad que tiene derecho al transporte cotidiano.