“Las cajas y la corrupción hacen difícil revertir la crisis carcelaria”

Gustavo Palmieri tiene fe de que el Gobierno y el Poder Judicial de Tucumán encontrarán la forma de reflotar el trabajo para que el encarcelamiento deje de ser una forma encubierta de pena de muerte. Esa iniciativa quedó frenada en febrero, cuando el Poder Ejecutivo de Juan Manzur planteó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que estaba agotado el proceso (un hábeas corpus colectivo) iniciado en 2015. Como consecuencia de ello y a los fines de expedirse sobre el asunto, el alto tribunal suspendió la audiencia pública que había llamado por la persistencia de la degradación penitenciaria. Palmieri, director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, evaluó que estas tensiones son previsibles. “Las cajas y la corrupción hacen difícil revertir la crisis carcelaria”, expresó ayer luego de disertar en el Centro de Especialización y Capacitación del Poder Judicial de Tucumán.

-¿Cómo ve el escenario local?

-Nosotros queríamos participar en la audiencia, y reunirnos con la Corte y con el Gobierno, cosa que va a suceder seguramente después de las elecciones. Es claro que la situación de hacinamiento es grave y que el Poder Ejecutivo debe pensar medidas para solucionarla. La audiencia fue suspendida, pero creo que el diálogo institucional será reanudado. El problema es que mientras tanto hay gente que la pasa mal y está en condiciones horribles, con sus derechos violados.

-Las autoridades políticas locales cuestionaron la pretensión del alto tribunal de mejorar el estado de las cárceles cuando los vocales decidieron exponerlas. Pero mientras la conversación transcurrió a puertas cerradas, no hubo avances, según la propia Corte...

-La privación de la libertad es generada por el Poder Judicial. Los jueces aplican ese remedio, pero, a la vez, tienen que controlar esa tensión de que el encarcelamiento respete los derechos. Los hábeas corpus colectivos como el tucumano llaman la atención sobre esto: es un debate que no puede ser evitado hacia adentro del Poder Judicial y con la sociedad. Sucede que hay dos mensajes: uno que dice que no existe margen para seguir encerrando gente y otro que amenaza con la destitución a los jueces que liberan presos. ¿Cómo se arregla esto? O dialogan o el tema acaba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya obligó a los gobiernos a abordarlo.

-¿Por qué si la Constitución dice que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo, los gobernantes buscan que revienten?

-La sobrepoblación de las comisarías no es solamente una cuestión de falta de espacio sino que son lógicas de trabajo del delito asociadas a la corrupción. Las cajas y culturas corruptas instaladas hacen que no sea fácil revertir la crisis. En estos contextos, el sistema criminal es el espacio de resonancia de la ausencia de otras políticas. En los últimos años, algunos gobiernos entendieron que estar preso una cantidad de tiempo por cualquier cosa es la solución que se tiene que aplicar como respuesta política. Por eso las decisiones de la Justicia ayudan al Poder Ejecutivo a llevar adelante medidas impopulares.

-¿Hasta qué punto los mercados ilegales que funcionan en las cárceles no son la causa real de la falta de interés por paliar la crisis?

-En alguna medida sí porque termina siendo la forma de administrar la seguridad. Es un nodo que participa en la construcción de la criminalidad de afuera. Esto vale tanto para la cárcel degradada como para la no degradada. Adentro hay actores que mantienen su influencia afuera y que gobiernan los establecimientos penitenciarios. ¿Quién garantiza la seguridad en esas condiciones? Los diferentes grupos hacen sus acuerdos. Por eso muchas veces los traslados de un preso de un pabellón a otro son negociados. Las rivalidades entre bandas se mantienen en las cárceles porque no hay recursos para desarmarlas. En esos casos, la garantía del preso de ser bien tratado es la capacidad de presionar desde afuera y en esos manejos participa la propia Policía.

-Tucumán tiene desde 2012 una ley que crea la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, pero este control no funciona.

-Su implementación es fundamental. Las organizaciones sociales deben conseguir que los poderes Legislativo y Ejecutivo lo hagan, y de hecho mañana (por hoy) voy a reunirme con la Secretaría de Derechos Humanos. Hay que vencer las trabas. No puede ser que la seguridad se lleve la dignidad de los más pobres. Se puede hacer las dos cosas: tener una política de seguridad, y aplicar sanciones en condiciones constitucionales, democráticas y de inclusión social. Si bien las cárceles aparecen como una solución, es evidente que eso no sucede con las expresiones más comunes del delito, que no necesariamente deben desembocar en una privación de la libertad. No pasa lo mismo con los delitos graves. Nadie va a sostener en serio que en una sociedad desigual la manera de resolver el problema del robo de celulares es meter en prisión a todos los ladrones. Hay que buscar otros mecanismos de regulación, lo que no significa tolerar el robo.

-Este lunes entró en vigencia la reforma procesal penal en una jurisdicción tucumana (Concepción), cambio que en teoría aumentará el número de presos condenados.

-Es un problema. No sirve apurar los procesos penales sin reformar el sistema penitenciario degradado. No hay allí ninguna sincronía. Habrá menos procesados, pero más condenados por cuestiones nimias. A mí me preocupa que nadie esté mirando los efectos de este cambio.