Motochorros harán tareas comunitarias para no ir a juicio

Sus rostros fueron conocidos a nivel nacional por un video que primero se viralizó en las redes sociales y después apareció hasta los programas de chimentos. Las imágenes mostraban a dos motochorros que pretendían asaltar a una joven que filmaba con su celular a su pequeña hija disfrazada de conejita el domingo de Pascuas cuando caminaban por Las Piedras al 2.200. Después de que la Policía realizara varios procedimientos para detenerlos, los sospechosos se presentaron en Tribunales y quedaron detenidos. El sábado, por orden de la Justicia, los acusados de tentativa de robo simple -delito excarcelable- fueron liberados, ya que se declararon culpables del hecho y aceptaron realizar tareas comunitarias para no ser enjuiciados.

El caso generó un gran revuelo a nivel nacional y más aún cuando el canal Todo Noticias entrevistó a una tucumana que se había radicado en Córdoba porque aseguró que uno de los jóvenes había herido a su pareja en un intento de asalto. Presionados, Lucas Gabriel Lucena (25 años) y Carlos Federico López (29) se presentaron ante la fiscala Adriana Reynoso Cuello y quedaron detenidos en el acto por orden de la Justicia.

Los sospechosos, defendidos por Humberto Castaldo, se salieron del libreto que normalmente utilizan los motochorros cuando declaran en las fiscalías. Reconocieron el robo que se les imputó a ambos y fueron coincidentes al señalar porqué decidieron intentar robar el teléfono a la mujer. Según confiaron fuentes judiciales, habrían asegurado que desde el día anterior estaban consumiendo bebidas alcohólicas y que, al quedarse sin dinero, decidieron salir a buscar algo para continuar con la reunión. Por eso, intentaron robarle el celular a la madre de la pequeña. En la instrucción también desmintieron que hayan estado armados.

Después de haber reconocido ser culpables, los acusados generaron la segunda sorpresa: como lo establecen las normas, pidieron someterse a una probation, es decir, en vez de recibir una condena, se ofrecían a realizar trabajos comunitarios y cumplir con ciertos requisitos para no enfrentar a un tribunal. Reynoso Cuello aceptó el planteo y solicitó la elevación a juicio de la causa. La jueza Carolina Ballesteros analizó el caso y lo terminó aceptando. El expediente, entonces, terminó en manos de la Sala III, que deberá resolver si acepta el ofrecimiento que realizaron los procesados.

El Código Procesal Penal establece que las personas que se inclinen por este tipo de resolución judicial deben cumplir con ciertos requisitos. El primero es que no deben tener antecedentes y que deben seguir en libertad. La fiscala pidió informes a la Policía y a la Justicia para determinar si contaban con prontuario o si tenían alguna causa abierta. El resultado fue negativo, así que se ordenó que sean puestos en libertad, medida que se cumplió el sábado.

La decisión judicial generó una rápida reacción en las redes sociales. La familia, sin conocer a fondo lo que sucedía, denunció que se sentía desprotegida por parte de la Justicia. (Ver nota aparte)

Argumentos

“Aceptamos este recurso por dos razones: porque la ley prevé su utilización y porque entendemos que esta es una herramienta para cumplir con lo que la sociedad nos exige, es decir, celeridad en las causas. En menos de un mes, la resolución está en poder de un tribunal”, explicó Reynoso Cuello en una entrevista con LA GACETA.

Si no se recurría a esta alternativa, a los imputados no se les podría haber dictado la prisión preventiva, puesto que estaban acusados de un delito que es excarcelable. Si eran enjuiciados y encontrados culpables, podrían haber recibido una pena de tres años como máximo, que sería de cumplimiento condicional, es decir, no estarían privados de su libertad. Eso si eran sometido a un proceso oral antes de que se cumplan los 36 meses de la fecha de su imputación, para que no prescribiera.

“Es una herramienta que se puede utilizar con personas que cometen un ilícito por primera vez; es decir, que no tienen antecedentes. Mis defendidos, que son personas que trabajan y que tienen familia, reconocieron que habían cometido un error y que estaban dispuestos a pagar por lo que hicieron”, manifestó Castaldo a LA GACETA.

El abogado confirmó que Lucena y López ofrecieron realizar tareas comunitarias el tiempo que los integrantes de la Sala III dispusieran; resarcir a la víctima y a toda su familia por el daño que generaron, y estar bajo caución real hasta que se defina su situación. “Ellos están arrepentidos por haber protagonizado un hecho así. Uno de ellos recibió el apoyo de la gente de su barrio y hasta le ofrecieron realizar tareas en la iglesia de su barrio”, agregó el letrado.

La Sala III ahora deberá analizar el ofrecimiento para definir si lo aceptan. Si rubrican el acuerdo, enviarán copia de la resolución al juzgado de Ejecución y Sentencias y al Patronato de Liberados para que se encarguen de controlar su cumplimiento. “Ellos están dispuestos a hacer todo lo que se les pida y tampoco tendrán inconvenientes con que se los controle porque, insisto, sólo quieren reparar el daño que hicieron”, concluyó Castaldo.