De principio a fin, los candidatos a vicegobernador opositores a Osvaldo Jaldo mencionaron la palabra transparencia al hablar del manejo del presupuesto del Poder Legislativo. El actual presidente de la Cámara les respondió que, constitucionalmente, están establecidos los mecanismos para controlar las erogaciones de ese poder del Estado. Y les recordó que es el Tribunal de Cuentas el organismo que hace esa tarea.
El gasto legislativo estaba llamado a ser el corazón del debate de anoche. Frente a las restricciones presupuestarias y la asignación de partidas, los postulantes para conducir los destinos de la Cámara ensayaron varias formas de encarar el problema: desde la redistribución de fondos para destinos sociales, como el boleto estudiantil, pasando por el análisis pormenorizado de la forma de erogar hasta la reducción drástica de sumas que deben cobrar los parlamentarios. Incluso, los republicanos propusieron cobrar por productividad, esto es por la actividad que cada legislador realice mensualmente.
La discusión sobre el manejo de los casi $ 4.200 millones que, al menos este año el Poder Legislativo debe administrar, ha sido siempre motivo de discusión. Y lo seguirá siendo. La cuestión de fondo es quién tomará la posta para redeterminar el esquema de reparto de partidas legislativas. Lo pendiente es darles contenido a aquellas dos palabras que más salieron de boca de los aspirantes a vicegobernador: transparencia y control, con rendiciones públicas de gastos.