Por Gustavo Rodríguez
14 Junio 2019
CONCEPCIÓN. La Justicia investiga la muerte de Jesús Farías, quien apareció colgado en su celda del penal.
Las investigaciones por el tráfico de drogas en las diferentes unidades penitenciarias de Tucumán siguen avanzando. Mientras los fiscales siguen con la pesquisa y sumando indicios en contra de los denunciados, se supo que la subsecretaria de Servicios Penitenciarios de la provincia, Carina Assad, habría pedido licencia luego de que se conociera que estaba siendo investigada por el ingreso de pastillas al penal de Concepción.
En octubre pasado, la jueza de Ejecución y Sentencias de Concepción, Alicia Merched, denunció ante el fiscal federal Carlos Brito que personal de Institutos Penales podría estar involucrado en el ingreso de unas 5.000 pastillas a esa unidad. La magistrada descubrió la situación después de que un informante del penal le avisara que tres reos estaban contando pastillas en el taller de carpintería. La funcionaria le avisó al ministro de Seguridad, Claudio Maley, que había recibido esa información; envió a un grupo de guardias y secuestró la droga.
Merched, al realizar un informe, estableció que los detenidos habían sido trasladados hasta ese lugar por orden de un oficial. También descubrió que ese lugar pemanecía cerrado los fines de semana y que Assad había solicitado su apertura.
Hipótesis de funcionaria
La funcionaria reconoció haber realizado el pedido, pero para que los internos hicieran una puerta que necesitaba con urgencia. Habría dicho además que lo más probable que es que las pastillas hayan sido arrojadas desde el exterior del penal a través de los muros. Todos esos datos fueron remitidos a la Justicia Federal.
La denuncia surgió luego de que se decidiera investigar la muerte del preso Jesús Farías. El reo, de 24 años, apareció colgado en su celda. Se supone que se trató de un suicidio, pero el fallecido era uno de los presos que venían denunciando a los guardias por castigos físicos por no querer vender las drogas que ellos le entregaban. Inclusive, el interno había sobrevivido a un brutal ataque la primera semana de mayo, según confirmaron fuentes judiciales.
CARGO. Assad es subsecretaria de servicios penitenciarios.
Merched se presentó el miércoles ante algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia provincial para informarles de la situación. No sólo les contó lo de la denuncia que había realizado en la Justicia Federal, sino que también informó de una extraña situación que se había producido en el penal. Dijo que el año pasado, por orden de Assad, se prohibió el ingreso de una técnica de adicción para realizar charlas de autoayuda y talleres con los presos que buscaban recuperarse. Al vez, señaló que había solicitado informes a ministerios de Desarrollo Social y al de Seguridad para que explicaran los motivos de esta decisión, pero que nunca había recibido respuestas.
Assad asimismo aparece mencionada en las causas que investiga el fiscal federal Pablo Camuña por el tráfico de sustancias en el penal de Villa Urquiza. Los internos Gonzalo Giri y Atanacio Ledesma la acusaron de haber sido la responsable de las golpizas que le propinaron los guardias, por haberse negado a vender drogas que le entregaba el personal de Institutos Penales. Gustavo Morales, defensor de ambos reclusos, también presentó una demanda en contra de ella en la Corte.
Día agitado
Ayer durante la mañana, en diferentes oficinas de la Casa de Gobierno, se analizó la situación. Pese al hermetismo, trascendió que Assad decidió tomarse licencia por enfermedad. LA GACETA intentó nuevamente conocer la opinión de algún funcionario del área de Seguridad sobre el tema, pero siguen firmes en su postura de no realizar declaraciones.
Por otra parte, según dijeron fuentes de la Corte, los miembros del máximo tribunal anunciaron que están siguiendo muy de cerca la situación que se generó con las graves denuncias que se vienen realizando en los últimos tres meses.
Sin embargo, anunciaron que no emitirían opinión alguna, ya que las principales actuaciones están en manos de los fiscales federales y del juez Daniel Bejas.
Tres fiscales investigan
En tanto, en el Ministerio Público Fiscal informaron que son tres los fiscales que llevan adelante la investigación de delitos que se habrían cometido por el tráfico de drogas. La fiscala Adriana Giannoni dice que está cada vez más cerca de elevar a juicio la causa por el homicidio de Sebastián Medina, el preso que fue asesinado por denunciar a guardiacárceles que lo obligaban a vender drogas. La fiscala Mariana Rivadeneira sigue adelante las causas por apremios ilegales e investiga si los funcionarios y guardias incumplieron los deberes de funcionarios públicos. Por último, la fiscala María del Carmen Reuter ya atiende la causa por la denuncia de abuso que sufrió otro reo que había realizado denuncias.
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