Manzur alivia a la Justicia con ocho designaciones por concurso

La escasez crónica de magistrados nombrados con la receta de la Constitución recibió un respiro. El gobernador Juan Manzur hizo uso de la lapicera, y observó por primera vez en el año su obligación de cubrir los cargos judiciales a partir de las ternas surgidas de concursos públicos de antecedentes y de oposición. El jefe de Estado definió ocho de las 15 propuestas que aguardaban su decisión (ver “Las siete ternas pendientes”). Las designaciones, que benefician a los tres centros judiciales, quedaron a disposición de la Legislatura, que ha de iniciar el trámite relativo al acuerdo.

El lote de nombramientos comunicados este mismo lunes incluyó cuatro despachos de San Miguel de Tucumán. Manzur llenó dos vocalías de la Cámara Penal: colocó a Diego Lammoglia en la Sala I y a María Fernanda Bähler en la Sala IV. En este último supuesto, el gobernador generó una nueva acefalía puesto que Bähler se desempeñaba como fiscala correccional N°2 de esta ciudad. Cecilia Wayar fue enviada al Juzgado en Documentos y Locaciones N°8 mientras que Pilar Lau será defensora en lo Civil y del Trabajo con carácter itinerante.

Para las oficinas de Concepción, el titular del Poder Ejecutivo eligió a Diego Molina Franco, que se desempeñará como defensor oficial en lo Penal; a Camilo Sleiman, que se hará cargo de la Defensoría Oficial Civil, Penal y del Trabajo, y a Fabián Assad, que será fiscal de Instrucción en lo Penal. Estos tres representantes de los ministerios públicos intervendrán en la reforma procesal penal en marcha desde el mes pasado en Concepción, que es la primera jurisdicción que aplicó el Código sancionado en 2016. Manzur remitió el pliego de Marcos Javier Núñez Campero para cubrir el Juzgado de Menores de Monteros, competencia hoy a cargo del juez Mario Velázquez.

A diferencia de otras ocasiones, en la mayoría de los casos el mandatario se inclinó por los respectivos ganadores de los procesos de preselección sustanciados en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) -ver “Los ocho nombres...”-. Ese criterio se verifica en los nombramientos de Lammoglia, Bähler, Núñez Campero, Lau y Assad. En los otros tres supuestos Manzur prefirió a quienes cerraban los tercetos: Molina Franco, Sleiman y Wayar. Esa última designación implicó el octavo veto para el postulante que encabezaba la terna, Pedro Cagna. El orden jurídico autoriza al gobernador a elegir a cualquiera de los integrantes del terceto. A comienzos de esta década, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán consideró incluso que el jefe de Estado podía descartar sistemáticamente a aspirantes a la magistratura sin necesidad de motivar su decisión.

Otros parámetros

El Gobierno había anunciado en mayo que cumpliría su deber de designar jueces, fiscales y defensores oficiales en propiedad -con las garantías de independencia- después de las elecciones del 9 de junio. Esta promesa fue ejecutada parcialmente 16 días después de que Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo lograran la reelección.

El jefe de Estado provincial no definió las ternas en función de su antigüedad, sino que privilegió otros parámetros. Un ejemplo de ello es la premura expuesta respecto de la propuesta de Molina Franco, que era la más nueva (no llevaba ni un mes en el Poder Ejecutivo). En cambio, Manzur volvió a guardar silencio en relación con los tercetos para las fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta capital que arrastra desde hace dos años. Esas nóminas generaron un roce inédito con el CAM luego de que este año el ministro de Gobierno y de Justicia, Regino Amado, intentara devolverlas con el argumento de que no había postulantes elegibles (los ternados fueron destinados a otros cargos, con la excepción de Luis Amarillo, cuyo pliego fue rechazado por la comisión pertinente de la Legislatura). Los consejeros decidieron reenviar las ternas a Amado puesto que la alternativa de la devolución no está prevista en la ley, que obliga al Poder Ejecutivo a agotar las opciones, cosa que aún no sucedió.

El gobernador tampoco dio señales respecto de la Justicia de Paz, que exhibe más de un tercio de los cargos vacantes: el último nombramiento data de 2013, es decir, de dos años antes al inicio de la gestión actual. Esta situación crítica puede ser paliada mediante un decreto de Manzur. A diferencia de los despachos de la Justicia ordinaria, cuya cobertura definitiva está ligada a los concursos, la designación de los jueces de Paz todavía depende de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que ha de ser avalada por la Corte Suprema.

El reproche de Garavano

El ministro había objetado al Gobierno provincial por las vacantes en la Justicia

“Tucumán tiene el modelo judicial kirchnerista. Están haciendo aquí lo mismo que lo que el kirchnerismo hizo con la Justicia Federal y nacional: intentan por distintos mecanismos implantar jueces, fiscales y defensores por fuera de los concursos previstos en la Constitución y en las leyes”, había criticado Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el miércoles pasado en una visita a la provincia.