Un mundo flojo de papeles

El sentido común dice que para destrabar un conflicto hay que juntar a todos los responsables del problema y sentarlos a debatir. Pero en el del paro de transporte público de pasajeros no hay forma de hacerlo, porque se trata de una maraña intrincada de intereses creados, normas, resoluciones y competencias. Y por eso es difícil juntarlos. Una vez se estuvo cerca. Fue el año pasado en el programa “Panorama Tucumano”, cuando se sentaron frente a frente el representante de los empresarios (Jorge Berretta), el de los sindicalistas (Alfonso Canuto), el de la Municipalidad capitalina (el entonces funcionario Walter Berarducci, hoy legislador) y el de la Nación (el entonces Subsecretario nacional de Infraestructura del plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, hoy legislador). No tenían potestades resolutivas pero expusieron la complejidad de la maraña y propusieron su visión de las salidas. Poco después, en otro programa de LA GACETA, estuvo el representante de la Provincia, el secretario Benjamín Nieva, la última pata del problema, que no había estado presente en la reunión anterior.

La gravedad del problema (en 2019 hubo 14 días de paro) hacía suponer que se iba camino a una salida; hasta la Legislatura de entonces se involucró y sus integrantes prometieron debatir en profundidad el asunto. Pero no hubo salida integral. Ahora, con los 12 días de paro desde el 11 de mayo, más los de febrero y abril, este año va en vía de ser el del hundimiento del sistema de transporte público de pasajeros, empujado por la parálisis provocada por la pandemia.

Peleas añejas

El año pasado se había expuesto el nudo gordiano. El Estado regula el sistema mediante concesiones por licitaciones (por ejemplo, la Municipalidad de la Capital o en Banda del Río Salí) o por concesiones con permisos precarios que da la Provincia en el interior. Hay 58 empresas que tienen 1.200 colectivos en Tucumán. Unos 800 circulan por la capital. Los empresarios dicen que el sistema no es rentable, menos ahora que los ingresos por recaudación se redujeron al 10% o al 13% . En las condiciones normales no alcanza para pagar sueldos, asumir costos de combustible, repuestos, recambio de unidades, impuestos y cargas sociales. Necesitan subsidios, que los estados nacional y provinciales reparten por todas partes.

Esos subsidios siempre han sido objeto de disputas entre el interior del país y Buenos Aires y, en otro aspecto, entre las provincias y la Nación. En 2018, con la emergencia del transporte declarada en Tucumán, se cambió el sistema nacional de reparto con la firma de un nuevo pacto fiscal por el que la Nación les daba más plata a las provincias y les delegaba la responsabilidad del reparto de los subsidios. Pero no se alteró la situación de que se subsidia más a Buenos Aires que al interior.

En el programa de LA GACETA, el entonces funcionario nacional Ascárate puso en aprietos a la provincia al revelar que los fondos de los subsidios llegaban y tenían un emarañado derrotero en las arcas tucumanas antes de ser repartidos. También cuestionó que Provincia y Municipalidad no controlaran la cantidad de boletos vendidos y de kilómetros recorridos. Esos informes los dan los responsables de las tarjetas Ciudadana y Metropolitana que, dijo Ascárate, dependen de los empresarios. Estos serían juez y parte en el control. También dio a conocer un video en crudo que hacía suponer -explicó- vínculos irregulares entre empresarios y gobernantes. Dijo que ese video había sido entregado a la Justicia federal.

La gravedad del problema quedó atenuada en el período electoral. Acaso la feroz crisis económica curtió la piel de una sociedad abatida. Hubo otros paros que apenas dejaron quejas contra empresarios por los servicios de un sistema bastante precario. Pero no hubo cambios sustanciales, excepto que el nuevo gobierno, por decreto, volvió a comienzo de año a repartir los subsidios como antes de 2018 y usó plata que se había acumulado de 2019 para asegurar que durante cuatro meses llegaran $ 230 millones ($ 153 millones nacionales) al sistema de transporte colectivo en Tucumán.

Sin bajada de línea

El cambio fue precarísimo. Aunque se ordenaba el congelamiento de salarios y de precios de combustibles, la maraña siguió y hubo protestas en el primer trimestre. Además, se ha asiste ahora al final de ese dinero dispuesto en diciembre: el mismo presidente Alberto Fernández ha dicho que no hay más plata para subsidios. El secretario provincial Nieva manifiesta que no se sabe qué se va a hacer: “No tengo una bajada de línea… se ‘plumerea’ que se resolvería por otros cuatro meses, pero nada sabemos”.

La Legislatura tucumana acaba de dar una salida sectorial. Obligar a los empresarios a que el dinero de los subsidios vaya directamente a salarios y que, si no alcanza, pongan el faltante so pena de que les quiten la concesión. Berretta dice que ellos quieren que el 70% vaya a salarios y el 30% a costos de funcionamiento y anticipa que esta ley, en vez de solucionar el problema, va a estirarlo porque se va a judicializar. ¿Qué va a pasar con los subsidios nacionales de abril, que son los que deberían destrabarse para que se paguen? ¿Y qué va a pasar en los primeros días de junio, cuando estalle de nuevo la crisis de los subsidios nacionales?

En la sesión saltó de nuevo el viejo debate del año pasado, cuando el legislador Gerónimo Vargas Aignasse dijo que “los subsidios nacionales se han demorado esta vez porque la Sigen no liberaba los fondos; estaban flojos de papeles, como se dice, los empresarios”. ¿Flojos de papeles? El secretario Nieva dice que “han presentado a cuentagotas algunas rendiciones y otras en tiempo y forma”. ¿Eso se sabe después de 12 días de paro y cuando se vence el sistema? ¿No pasó lo mismo en enero, febrero y marzo? El legislador Berarducci dice que hace días presentó en la comisión de Transporte un pedido de informes sobre la rendición de cuentas de boleto y kilómetros y que no fue tenido en cuenta. Ascárate reclama que los empresarios siguen administrando el control del sistema, responsabilidad que debería ser de la Provincia y la Municipalidad, y que el Gobierno tucumano se queda callado.

Por otra parte, con la nueva ley en vigencia, ¿dejarán de estar flojos de papeles los empresarios? ¿Cómo se destrabarán esos fondos? “Maxi” Villagra, de la Línea 19, dice que la Provincia se las verá en figurillas para hacerse cargo del pago de sueldos a 4.000 empleados porque el sistema es complejo. Sueldos, cargas sociales, un gran porcentaje de gente que no está bancarizada, más la duda de que, si no alcanza para completar el 100% y a todos, la Provincia tendrá que elegir cómo se paga; por porcentaje, por suma fija o por sectores. Además de que los fondos de origen nacional son específicamente para las empresas; “llegan con nombre y apellido para las empresas”. “El Gobierno tiene la habilidad -dice- de hacer más complicada una situación compleja”.

Los empresarios dicen que han pedido al gobierno que deje de pagar por pasajero transportado y pague por kilómetro; y que concesione como Salta, que ha creado una Agencia Metropolitana de Transporte. Ascárate sostiene que de su época como funcionario municipal capitalino, hace casi tres décadas, se había estudiado que en Tucumán la ecuación de 4,5 pasajeros por kilómetro era rentable para el transporte capitalino y que una clave sería el control del sistema y el uso de una tarjeta pensada para el usuario, como la porteña SUBE. El diputado nacional José Cano dice que tienen un proyecto para la creación de un fondo federal fiduciario. “Queremos nacionalizar la SUBE con los beneficios que eso implica, e ir en algún momento a una tarifa que tenga lógica. No se puede pagar en Tucumán mucho más de lo que se paga en la Capital Federal”. Afirma que este proyecto, más otro complementario sobre la SUBE federal del Frente de Todos, se tratarían la semana que viene.

Maraña intacta

Mientras tanto, sigue el paro. ¿Hubo retribuciones ilegales que atan de manos al Estado para cambiar de fondo las cosas? Nadie lo dice, excepto el video que habrá quedado en algún anaquel judicial. Pero transparentar el sistema ha sido imposible hasta ahora e incluso la crisis de la cuarentena permitió que no hubiese un estallido; la protesta de los pobres choferes en huelga ha quedado asordinada en una sociedad paralizada.

Pero se volverá a hacer sentir, porque la maraña de fondo está intacta. No sólo los empresarios tienen que rendir cuentas. También el Estado, en sus diferentes vertientes, está flojo de papeles en el sistema de transporte. Acaso algún día se pueda reunir a todos frente a frente en una mesa y no dejarlos levantarse hasta que salga humo blanco.