Por Martín Dzienczarski
26 Mayo 2020
PARADAS VACÍAS. Durante las últimas dos semanas, los usuarios de ómnibus debieron utilizar otros medios de transporte para trasladarse. la gaceta / Foto de José Nuno
Transcurridos 15 días sin transporte público en Tucumán, una ley provincial aumenta las expectativas para que se llegue un acuerdo entre empresarios y choferes de ómnibus. En simultáneo, el debate en el Congreso de dos proyectos de ley para dar un marco regulatorio al esquema de subsidios nacionales podrían sostener el sistema de transporte en el futuro.
Desde hace más de dos semanas, los trabajadores del transporte se encuentran en huelga para reclamar por el pago del sueldo de abril. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) a nivel nacional replicó la medida de fuerza en 19 provincias en el momento álgido del conflicto.
Los empresarios, nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), aseguran que requieren de un aporte extraordinario porque padecen una caída en la recaudación del 85%. En la torta de ingresos totales, los subsidios recibidos de la Nación y de la Provincia -según Aetat- implican el 35%, mientras que el resto es recaudación.
“La situación es muy angustiante. Estamos esperanzados por un lado con la ley provincial así los subsidios se usen para pagar los sueldos, y por otro lado con el debate a nivel nacional para regular el sistema de subsidios porque en 10 días ya vencerá la fecha para el pago del sueldo de mayo”, explicó César González, secretario general de UTA en la provincia. “No hubo, al menos en los últimos 20 años, una huelga tan extendida”, agregó.
Ley provincial
La Legislatura sancionó la semana pasada un proyecto que en pocos artículos ordena que los subsidios nacionales y provinciales deben usarse “prioritariamente” para el pago de sueldos. Se les exige a las firmas los datos bancarios de los trabajadores y los montos de cada sueldo para hacer directamente la liquidación. Un día después de la sesión, el Poder Ejecutivo la promulgó como ley 9.248.
“Hay una ley muy importante que ha sacado la Legislatura, para que toda la ayuda del Estado vaya para pagar los sueldos. Y con la plata que vino desde la Nación como el subsidio que da la Provincia obviamente más que alcanza para pagar todos los sueldos, así que en ese contexto esperamos que esta semana ya se solucione el conflicto”, sostuvo ayer el gobernador Juan Manzur ante una consulta de LA GACETA.
Jorge Berretta, vicepresidente de Aetat, había tachado la norma de “inconstitucional”: “esta ley en vez de aportar va a perjudicar al servicio. Como toda ley, legisla hacia adelante y no hacia atrás. Priorizamos los haberes de nuestra gente, pero esta es una realidad que nos tocó vivir en todo el país”. Las firmas habían asegurado que de los $ 153 millones que otorga la Nación ya se había comprometido parte para el pago a proveedores, por lo que el saldo de $ 70 millones alcanzaba para abonar el 60% de los sueldos adeudados.
“El Gobierno provincial les dio algo más de $ 50 millones -de los subsidios provinciales- y el Gobierno de la Nación más de $ 150 millones, con eso alcanza y sobra para pagarle a todos los empleados. Ya no hay motivo para que siga el paro”, agregó ayer Manzur.
Debate en el Congreso
El conflicto del transporte también llegó al Congreso. En la Cámara de Diputados, el tucumano José Cano presentó un proyecto de ley para crear el Fondo Federal de Transporte Automotor, “con el objeto de asistir transitoriamente al transporte público interurbano” en el interior del país. La iniciativa cuenta con el apoyo, entre otros diputados de la oposición, a la radical Lidia Ascárate.
El proyecto propone crear un fideicomiso con lo recaudado de un impuesto al gasoil vigente, complementado con aportes del tesoro que la Jefatura de Gabinete reasigne al Ministerio de Transporte de la Nación. Ese fondo será utilizado para fomentar la generalización del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), en todo el país. Desde 2011 que se propuso unificar el sistema de tarjetas de colectivos en las provincias, pero nunca se llevó a cabo.
En otro proyecto, promovido por el oficialista Frente de Todos, también en debate en la comisión de Transporte de Diputados, se declarará como servicio público a la operación del sistema SUBE para controlar las asignaciones de subsidios al transporte por la Nación. Fuentes de la Nación aclararon que se acordará la unificación de los proyectos para regular por ley la asignación de subsidios a las firmas del transporte del país.
Desde la creación de los subsidios para compensar tarifas, en 2002, las empresas de las provincias reclaman que las firmas porteñas reciben más fondos. En la actualidad, las firmas del AMBA reciben un 65% de la torta de ingresos en subsidios, y el resto es recaudación. En el interior, la ecuación es inversa: un 35% de subsidios y el resto, recaudación.
El conflicto en cinco claves
1- Los choferes llevan 15 días de paro, en reclamo por el pago del sueldo de abril. La postura es firme: no levantarán la medida sin el 100% del sueldo pagado
2- Los empresarios alegan que padecen una caída en la recaudación del 85% y que con los subsidios no pueden pagar sueldos ni sostener el servicio.
3- Ante la caída económica por la pandemia, los empresarios del interior solicitan un subsidio extra de la Nación, como el otorgado a firmas porteñas.
4- La Nación insiste en que, pese a las inequidades en el reparto de subsidios con el interior, que el conflicto debe resolverlo cada jurisdicción: provincias y municipios.
5- Manzur insiste en que no tiene fondos para auxiliar a las firmas. Puso en vigencia una ley para que las firmas paguen los sueldos con los subsidios que reciben.
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