El alzamiento policial no fue aislado y mucho menos espontáneo. Surgió por un plan que llevó semanas y hasta meses de preparación. No fue encabezado por hombres que dejaban la vida por la fuerza, sino por efectivos que habían recibido los peores castigos disciplinarios o estaban retirados, es decir, ya no vestían el uniforme de la fuerza. Eran cuadros menores que tuvieron la capacidad para llevar de las narices a sus compañeros a cometer delitos. No se logró probarlo, pero quedó en el aire la sospecha de que fueron ellos los que avisaron qué pasos darían para que estallara el caos durante el 8 y el 11 de diciembre de 2011.
Una desconocida antropóloga, y especialista en cuestiones policiales, desde Buenos Aires, sin haber estado ni siquiera 10 minutos en la provincia durante esos días, se dio el lujo de resumir en una frase lo que había ocurrido en Tucumán. “La Policía extorsiona porque ese es su código institucional interno”, señaló la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. “No soy partidaria sin más de la sindicalización, pero entiendo que hay que debatirla para evitar situaciones como la de diciembre. De hecho, los acuartelamientos se han convertido en un instrumento útil porque logran una respuesta del Gobierno. No son legales, pero están institucionalizados”, agregó en una entrevista realizada por Irene Benito y publicada por LA GACETA el 29 de diciembre de 2013.
Y eso es lo que sucedió en la provincia. Después de haberse conocido el inició de la huelga, el entonces secretario de Seguridad Paul Hofer intentó llevar tranquilidad a los tucumanos. “Si llegara a suceder algo mayor, se encuadraría en una situación de extorsión. No hay motivos para que ocurra lo que sucedió en otras provincias”, dijo sin imaginarse lo que estaba por suceder (ver “Fue una...”). Horas después, las hordas de delincuentes saqueaban todo lo que podían y los ciudadanos se armaban y formaban barricadas para evitar el avance. “Vamos a seguir trabajando fuerte para solucionar esto”, anunciaba el gobernador José Alperovich cuando el conflicto recién comenzaba. Las calles de la capital y, fundamentalmente de Banda del Río Salí, se habían transformado en el infierno tan temido.
Arduo trabajo
Por iniciativa de los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, testigos directos de los abusos que cometieron los huelguistas, decidieron investigar la actitud que tuvieron los efectivos durante esos tres días que generaron tensión, muerte, daños y, lo más grave, la ruptura con la sociedad tucumana que vivió una pesadilla durante más de tres días. Fue una causa casi inédita en la Justicia ordinaria. Dos investigadores se habían fijado esclarecer los hechos, pero no los saqueos en sí, sino cómo se habían originado y quiénes fueron los cabecillas. Terminaron descubriendo la intrincada trama y procesando a 46 personas, entre ellos a 11 que consideró líderes del movimiento; al ex jefe de Policía Jorge Racedo por entender que no había actuado correctamente y a 34 uniformados por haber cometido diferentes ilícitos durante la protesta.
Pero su trabajo más fuerte consistió en determinar cómo se había gestado, desarrollado y finalizado el conflicto. La tarea que desarrollaron se sustentó en dos puntos clave: las imágenes que registraron los medios de comunicación y los testimonios de los buenos policías, es decir, de aquellos que no compartieron el accionar de esos hombres y que no dudaron ni un segundo en aportar pruebas en contra de los acusados. No les tembló el pulso, ni siquiera para señalar a cada uno de los errores que había cometido el titular de la fuerza. Pero en medio de la pesquisa se toparon con el poder de los azules que, a toda costa, querían frenar la investigación.
Ambos investigadores fueron amenazados de muerte. El ex fiscal Washington Navarro Dávila (actualmente ministro Pupilar de la Defensa) investigó el caso, pero no pudo avanzar mucho. Descubrió que las llamadas habían sido realizadas desde un telefónico público de un drugstore del sur de la capital. Si bien no pudo establecer el autor de la llamada, no quedó dudas de que había sido un efectivo y se sospechó que era el mismo, o que al menos pertenecía al grupo que también había intentado amedrentar al ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer y al secretario de la cartera, Hofer.
Primeros indicios
Los fiscales lograron identificar quiénes eran las cabecillas de la sedición policial. La primera sorpresa que se llevaron fue comprobar que la mayoría de los implicados no formaban parte de la fuerza. Entre ellos aparecían los cesanteados Diego Alberto Herrera, Ángel René Chaile, Miguel Ángel Toledo, en situación de retiro obligatorio Néstor Raúl Salinas y Luis Alberto Herrera. A ese grupo se le sumó Pablo Pedro Pérez que ya había sido jubilado. Los únicos que estaban en actividad eran los cabos Walter Adrián García (seccional 10ª), Flavia María Belén Bedmar (comisaría de San Andrés), Sergio Omar Hogas (servicio 911) y Diego Darío Urquiza (comisaría de Lules) y el agente Federico Antonio Castro (seccional 5ª).
Aunque pocos lo recuerden, los primeros indicios de que algo malo estaba por suceder se registró en el Monumental de 25 de Mayo y Chile. En la noche del 8 de diciembre de 2013, Atlético dio vuelta el marcador en un duelo aguerrido contra Sportivo Belgrano para vencerlo por 3 a 2. Los goles de los Decanos habían sido anotados por Guillermo Acosta (2) y Luis Miguel Rodríguez. El equipo visitante abrió el marcador con un gol olímpico de Juan Pablo Francia y otro de Maximiliano Velazco. Los hinchas se retiraban felices por el triunfo, pero la alegría se les borró de la cara cuando los policías, sin razón alguna, comenzaron a reprimir disparando balas de goma a diestra y siniestra. Después, se viralazaría un video donde se observa cómo un efectivo le aplica el golpe de puño a una joven.
“’- ¿Viste cómo le pegué al que se había caído? - ¿En serio? Jajajaj... Que se c... ese c...’”. Para cualquiera ese sería un diálogo entre dos violentos. Nadie se imaginaría que esa fue parte de la charla que mantuvieron a los gritos dos policías del cuerpo de Infantería que acababan de reprimir a los hinchas. Y menos aún que esos mismos hombres, ya instalados en la zona de los vestuarios, sonreían burlonamente a todos aquellos hinchas que les recriminaron su accionar”, publicó LG Deportiva en una crónica al día siguiente. ¿Y qué tenían que ver los simpatizantes decanos en esta historia? El gobernador José Alperovich había disfrutado del encuentro junto a varios de sus familiares y logró marcharse del estadio en medio de los incidentes. “Evidentemente quisieron mostrar su poder y ese era el lugar adecuado”, indicó un ex jefe policial que se encontraba en el lugar.
Esa teoría se sustenta con lo que ocurría en otro sector de la ciudad. En la puerta del estadio de All Boys (Lucas Córdoba e Italia) se empezaron a agrupar los policías que parecían estar dispuestos a todo. Después de que se tranquilizaran las cosas en el estadio de los decanos, dieron otro importante paso. En la madrugada del 9 de diciembre, cuando los tucumanos dormían, se instalaron en la puerta de la Subjefatura de Policía. Faltaba muy poco para que la provincia se transformara en un infierno.