Sedición policial, la trama oculta de los saqueos de 2013

“¡Ahí vienen!” Esa frase se grabó a fuego en la memoria de los tucumanos por los saqueos. Fue uno de los hechos más cruentos que se hayan vivido en la provincia en su historia reciente. Entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013, una horda de delincuentes se adueñó de las calles de distintas ciudades. Como si fueran pirañas, se apoderaban de los bienes y de la tranquilidad de miles de personas. Todo eso fue posible por una sedición policial. Los uniformados habían iniciado una huelga que dejó sin protección a los ciudadanos y la sospecha de que hayan sido los mismos revoltosos quienes dieron aviso de que la ciudad estaba liberada nunca se desvaneció. La falta de cintura política de los funcionarios del gobierno de José Jorge Alperovich para resolver el conflicto generó esas imágenes de salvajismo que dieron la vuelta al mundo.

Justo el día en que se celebraban los 30 años de democracia, y mientras Cristina Fernández de Kirchner bailaba en un escenario porteño, el pueblo tucumano vivía una de sus peores pesadillas. Miles de personas, a pie, a bordo de motos, en carros a tracción a sangre y hasta en camionetas cuatro por cuatro, arrasaban con cualquier comercio para apoderarse de su mercadería. Del otro lado, no separados por una grieta sino por un océano, vecinos y comerciantes armados hasta los dientes para defender lo suyo.

Han pasado casi siete años de esas violentas jornadas en las que se registraron al menos ocho muertes (nunca se confirmó el número exacto de fallecidos pero se habla de hasta el triple de ese número) y el manto de impunidad terminó cobijando a los autores. Los juicios en contra de los saqueadores fueron desarrollándose con cuentagotas y sus resultados no trascendieron. Hubo condenados, pero la mayoría fueron sobreseídos. El caso más llamativo fue el de la conocida causa Alderetes: más de 20 personas fueron procesadas por los saqueos, pero en esa ciudad no se habían producido esos sucesos.

En Casa de Gobierno

Mientras en las calles se vivía un infierno, en Casa de Gobierno nadie decía nada ni tenía la menor idea de cómo solucionar el problema. El gobernador Alperovich no dejaba de preguntarse cuál era el porqué. No entendía que esta no era una situación nueva, sino que ya se había vivido antes. En mayo de 2011, los policías habían hecho un paro para reclamar una mejora salarial. En esa oportunidad, los efectivos no abandonaron las dependencias, pero sí dejaron una guardia mínima.

La historia se repitió dos años después. A fines de noviembre de 2013, una comisión de hombres de la fuerza solicitó una reunión con las autoridades del PE para discutir una mejora salarial. Pero ese grupo era diferente al anterior. Estaba integrado en su mayoría por personal que había sido separado de la fuerza por diferentes inconductas. Del encuentro participaron los ministros de Gobierno, Edmundo Jiménez, y de Seguridad, Jorge Gassenbauer y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, (que luego adquiriría un protagonismo impensado) quienes escucharon el planteo de los uniformados.

El primer punto que pidieron tratar era, justamente, la reincorporación de todo el personal que había sido cesanteado por faltas graves o que se encontraba en disponibilidad por tener abierta una causa judicial. “Se estaba negociando con lo peor de la fuerza y se les avisó. Pero no entendieron, siguieron adelante con las charlas y el resultado fue catastrófico”, dijo un ex funcionario del alperovichismo. Al no haber encontrado una respuesta favorable a sus planteos, decidieron copar la Subjefatura de Policía, punto estratégico para brindar seguridad en la capital tucumana. Allí funcionaba el incipiente servicio 911 que tenía como principal objetivo realizar tareas de prevención.

Los alperovichistas no reaccionaban, hasta que algunos legisladores oficialitas comenzaron, con discusiones de alto voltaje de por medio, intentar torcer el rumbo de la historia. Una de las primeras medidas fue realizar una sesión legislativa. La intención era blindar a los funcionarios para que no sufrieran las consecuencias políticas del caos que se vivía en las calles.

Fracasada mediación

También se quería buscar medidas alternativas para solucionar el conflicto. Entonces convocaron al obispo Alfredo Zecca, para que actúe de mediador. Los resultados de esa negociación no fueron los esperados. “Se presentó con varios jefes de la fuerza para buscar solucionar el conflicto. Pero no la pasó para nada bien. Envalentonados porque estaban con los rostros cubiertos, comenzaron a insultarlos, por lo que se tuvieron que marchar sin haber conversado y mucho menos, haber llegado a un acuerdo”, explicó el comisario Joaquín Girvaux, actual segundo jefe de la Unidad Regional Capital.

La solución tuvo el inconfundible sello del alperovichismo. Por un lado, con sus funcionarios, firmaba un acta acuerdo con los revoltosos para poner fin al conflicto en una reunión que terminó con apretones de manos y sonrisas. Mientras tanto, el PE presentaba una denuncia en la Justicia por sedición en contra de los que movilizaron la huelga, entre ellos, los hombres que habían participado de la negociación. “No tuvieron el coraje de ordenar su detención en medio del conflicto, los aceptaron como negociadores y después los denunciaron para que la Justicia los detuviera. Se lavaron las manos”, agregó L.M.A, uno de los efectivos que estuvo en medio del conflicto. Pero la decisión había sido tardía.

En tribunales

La fiscala Adriana Reinoso Cuello estaba de turno. El lunes 9 de diciembre estuvo toda la mañana dirigiendo una medida en Yerba Buena. Volvió a tribunales al mediodía y notaba que algo extraño ocurría porque no había demasiado movimiento en las calles. Por la tarde todo había cambiado. Un comisario la llamó por teléfono para decirle que un grupo de jóvenes lo había rodeado y, después de haberlo amenazado con armas de fuego, le quitaron el auto oficial en el que se trasladaba. Llegó a su despacho y ahí terminó de enterarse que había una huelga policial.

De manera sorpresiva y sin ningún llamado previo, se presentó en su despacho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur. Tenía en sus manos una nota en la que se ordenaba citar a declarar al jefe de Policía, Jorge Herminio Racedo, para que explicara que estaba sucediendo. Dio la orden, como un ciudadano más y no como un miembro del máximo tribunal, ya que hasta ese momento no había un motivo legal para hacerlo, y se fue.

La fiscala, que no tuvo opción ante semejante planteo, le dio dos horas al titular de la fuerza para que se presentara, pero el funcionario no concurrió. Lo hizo al día siguiente, cuando la capital ardía en llamas. El 10 de diciembre Racedo confirmaba en una declaración informativa el alcance de la huelga que llevaban adelante los policías. “Nunca reconoció la gravedad del asunto, sino que contó algunos detalles que ya habíamos visto en la calle. Uno de ellos era que el foco del conflicto estaba en la Subjefatura de Policía. Tampoco habló mucho de lo que tenía pensado hacer, porque, evidentemente no sabía cómo actuar”, explicó una fuente judicial.

Mientras el jefe de Policía declaraba en una oficina, en el segundo piso de los tribunales de avenida Sarmiento, el ministro fiscal Luis de Mitri se reunía con todos los investigadores. Escuchó dos planteos: el pedido de ayuda por parte de Reinoso Cuello, ya que debía tomar declaración a unas 50 personas que habían sido aprehendidas en las últimas horas, al menos 10 veces más que en una jornada normal. También manifestaron su malestar por la actitud de Gandur, ya que consideraron que se había excedido en sus funciones y maltratado a una colega.

Futbolísticamente hablando, el jefe de los fiscales era como una especie de defensor bien rústico, que no tenía problemas en despejar la pelota a cualquier lado con tal de evitar todo tipo de problemas. Y eso hizo. Ordenó a todos los investigadores colaborar con la fiscala de turno y no emitió ni una palabra sobre la conducta del titular de la Corte. Pero a las pocas horas se produjo otra reunión. En ese encuentro, los investigadores plantearon su sorpresa porque el juez Víctor Manuel Pérez se había negado a que se realizara un allanamiento en la Subjefatura, foco del conflicto. Uno de ellos también comentó que había presenciado un ataque de un grupo de policías en contra de ciudadanos que protestaban por los saqueos.

De Mitri aceptó el planteo de los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila de iniciar una investigación en contra de los efectivos. En la pesquisa se toparon con polémicos ribetes y por la tarea estuvieron en peligro sus vidas. Estaban descubriendo intereses muy oscuros. En julio de 2014, pidieron que se enjuiciaran a más de 40 efectivos por entender que los acusados habían orquestado un plan para liberar la ciudad y así presionar para conseguir los pedidos que habían realizado. También acusaron al jefe de Policía por no haber actuado correctamente para evitar que la provincia estuviera en llamas.

Cuatro años después, la Justicia aceptó su planteo, pero hasta el momento, el debate no se realizó y, probablemente, tampoco se desarrolle en este año. La impunidad está cada vez más cerca de ganar otra vez en nuestra provincia.