04 Junio 2020
ARCHIVO LA GACETA
Los senadores nacionales van hoy al recinto para tratar -entre otros asuntos- el proyecto de Ley de Alquileres, que establece disposiciones novedosas para los contratos que vayan a celebrarse una vez que el texto esté vigente.
La propuesta, que cuenta con dictamen de la comisión de Legislación General de la Cámara Alta, ya cuenta con media sanción de Diputados. En caso de ser aprobada sin cambios, sólo restará la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional para que tenga fuerza de ley. Sin embargo, si los senadores introducen alguna modificación, la iniciativa será devuelta a la Cámara Baja para su revisión, como establece el procedimiento parlamentario.
La instancia a la que ha llegado el debate generó importantes expectativas.
"Sería un paso trascendente para coronar un largo camino de debates y construcción de consensos, que recorren desde hace largo tiempo las organizaciones del sector, que hoy finalmente tengamos una nueva Ley de Alquileres", aseveró en su cuenta de Twitter la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa.
Por su parte, la organización "Inquilinos Agrupados" celebró que esta discusión se produzca en el recinto: "se votará, después de 36 años, una Ley de Alquileres".
¿Cuáles son los puntos clave de la normativa?
1) Un aspecto relevante del texto refiere a los valores de los alquileres. El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA), consignó la agencia estatal Télam.
2) El plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años.
3) No podrá exigirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes; y el importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.
4) Se introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler, dado que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí a cargo del locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación.
5) El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el alumbrado, barrido y limpieza o similares- ni el pago de expensas comunes extraordinarias.
6) Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario).
7) El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.
8) El locador debe intimar fehacientemente al locatario dando un plazo no menor a 10 días corridos de recibida la notificación y lugar de pago previo a la acción judicial de desalojo.
9) Será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.
10) Para la resolución de conflictos, el proyecto establece que deberán crearse en el ámbito público de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo. La intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un profesional matriculado y si interviene un solo corredor, ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar comisión.
Nuevo programa
La iniciativa crea además el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad.
La Secretaría de Vivienda de la Nación, para garantizar el logro de los objetivos del programa, debe tener especial consideración con las personas que se encuentren en situación de violencia de género y personas adultas mayores.
Deberá promover la regulación del accionar de entidades que otorguen garantías de fianza o seguros de caución; propiciar la creación de líneas de subsidios o créditos blandos para facilitar el acceso a la locación de viviendas; diseñar mecanismos orientados a ampliar la oferta de inmuebles en alquiler destinados a la vivienda; y promover en conjunto con la Anses la adopción de medidas que permitan facilitar el acceso al alquiler a jubilados, pensionados y titulares de prestación por desempleo. (Especial-Télam)
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