En moto por el limbo

La delgada línea entre motociclista y motochorro va a pasar por el ojo del policía que se encuentre en alguno de los 40 puestos móviles de control que, se anuncia, habrá en los próximos días. Por ahora se están haciendo pruebas piloto para revisar los papeles de quienes circulan en moto en algunas zonas urbanas, de la misma índole de las que se han hecho en los últimos 80 días para evitar la circulación de personas en medio de la pandemia. Ahora los agentes policiales se van a enfocar en la aplicación de la Ley Antimotoarrebato, que acaba de ser publicada por el Gobierno en el Boletín Oficial, aunque por el momento no está reglamentada, lo cual la mantiene en una especie de limbo. Lo mismo les pasa a los motociclistas, que han comenzado a estar en la mira como sospechosos, por ahora, de infracciones; y más adelante, de delitos.

A esto se va llegando a los tropezones en una provincia marcada a fuego por la inseguridad, con 63 asesinatos en lo que va del año, tres de ellos en el último fin de semana. Anunciado en marzo como un proyecto integrado por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público Fiscal (la pata judicial), el plan antimotochorros fue variando merced a presiones como las de los propietarios de estaciones de servicio, que objetaron razonablemente que se pretenda que ellos controlen a los motociclistas que van a cargar nafta, y terminó con la ley promulgada con el número 9.257. Prohíbe que circulen dos personas en moto (deberán sacar permiso en la Policía y justificar la causa, cada seis meses) y exige que se coloquen dispositivos de rastreo en las motos 0km con los cuales, en teoría, serán monitoreadas con un software que aún se está probando en las Fiscalías. Estos dispositivos serán costeados por el comprador de las motos.

Por lo demás, las disposiciones de la norma repiten exigencias que ya se encuentran en normas como la Ley Nacional de Tránsito 24.449; y advierte sobre infracciones que desde hace mucho deberían estar contempladas en los controles de cualquier autoridad: circular sin carnet o sin seguro, sin chapa patente, en estado de ebriedad, armado, a contramano o subir a la vereda. Con mirada crítica, el subsecretario operativo de Tránsito municipal de la Capital, Enrique Romero, dijo que no hace falta una nueva ley para que se controle esto y tampoco para hacer acuerdos de cooperación con municipalidades o fuerzas de seguridad nacionales, como la Policía Federal, la Gendarmería o la Policía Aeroportuaria.

“Anticipación delictiva”

No obstante, la decisión ha sido tomada con la idea de hacer frente al flagelo del motoarrebato, con la expectativa de que se reduzca en lo inmediato un 30% este delito, tal como expresó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, motorizador de esta norma. Como los datos estadísticos que maneja el Ministerio Público Fiscal indican que en una enorme mayoría de delitos son cometidos por motociclistas, se pensó en la moto como vector de hechos criminales –así los llamó el legislador- y se apuesta a que poner trabas y controles a la circulación en motocicletas va a generar el descenso de la inseguridad. Se trata de una singular mirada sobre la prevención que el secretario fiscal Tomás Roberts llama “anticipación delictiva” y que, en el caso de esta combinación de fuerzas (policiales y judiciales) en operativos de control abre las puertas para que la Justicia (la Fiscalía “antiarrebato”) oficialice su incursión real en el campo de la persecución penal, tarea que siempre debe cumplir el Poder Ejecutivo.

Ya desde hace dos años los fiscales estaban dirigiendo operativos policiales “preventivos” y hasta megaoperativos en diferentes barrios con la idea de atrapar a infractores al voleo y, con suerte, delincuentes. Esa gimnasia conjunta, más la experiencia obtenida en los controles a infractores a la cuarentena, han llevado a que se piense que la práctica de aplicación de la Ley Antimotochorros va a ser efectiva. Además, estiman que con los controles se va a generar una migración del fenómeno delictivo a otras zonas. Eso va a ser analizado cada 15 días por el “Comité de Diseño de Política Criminal” interjurisdiccional, que se va a formar. En una fase futura, se va a avanzar hacia mercados criminales, como los desarmaderos. Todo esto, que está en el campo de las hipótesis, deberá ser probado con resultados. Hasta ahora han sido inútiles las iniciativas para pacificar una sociedad llena de zonas rojas e inundada de violencia, como se ha relatado en el programa “Panorama Tucumano” pasado. O como puede contar la automovilista que se quedó sin nafta en la autopista el martes pasado junto a La Costanera, y fue asaltada. No hace falta una ley antimotochorros para saber que pasar por esa zona de la autopista es jugar con fuego. A pesar de que ese sector de la ciudad ha sido escenario de múltiples y constantes operativos de seguridad durante los últimos 20 años.

El corset de la burocracia

Mientras se va afianzando el período de pruebas piloto, y hasta tanto esté plenamente reglamentada la norma, cabe preguntarse sobre la forma en que se va a aplicar este operativo permanente, que habrá de ocupar un porcentaje significativo de los agentes de servicio. La fuerza de seguridad provincial, además, está encorsetada por la burocracia, a la cual se le van a agregar más trabas: no sólo los motociclistas deberán gestionar permisos para circular, sino que se plantea que las municipalidades deben adherirse para que, al otorgar licencias de conducir, exijan que se gestione el certificado de antecedentes penales, como es rigor en la municipalidad capitalina.

La Policía es vector de muchas normas burocráticas que le generan dinero y que al usuario le causan molestias; pero la del certificado de antecedentes debe ser una de las más retrógradas. No sólo porque no se entiende por qué tienen que gestionarlo, por ejemplo, los estudiantes o quienes quieren obtener un trabajo, sino porque se lo podría conseguir de modo virtual, como ocurre en el orden nacional. En Tucumán se exige sacar turno, asistir a la Jefatura de Policía (demora de tres horas, dice en la página oficial) y previamente se requiere Certificado de Nacimiento, de Matrimonio y de Residencia. Trámite absurdo que ahora se generalizará para tramitar el carnet de manejo en toda la provincia.

Sin papeles y desbordados

A esto se agrega la exigencia a los propietarios de vehículos para que regularicen el estado dominial en un sistema ganado por la burocracia, que genera dinero constante a registros automotores, Policía (a través de la Volanta) y gestores, pero que plantea exigencias, trabas y pérdidas de horas laborales a compradores de vehículos usados. Excepto para los que tienen dinero para pagar a gestores que hacen todos los trámites en ausencia del interesado. No va a ser el caso de la población de menos recursos, la que es la mayor usaria del parque de cerca de 200.000 motocicletas de la provincia. Gestionar que regularicen la situación dominial debería ser parte de una estrategia de las autoridades. El hecho de que ahora busquen alternativas para los predios desbordados de vehículos secuestrados tendría que generar una reflexión acerca de las causas de lo que ha estado ocurriendo, antes de la Ley Antimotochorros.

Por otra parte, lo recaudado en multas estará destinado a reequipamiento policial, fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza y fondo estímulo para el personal que participe en los operativos. Sin adecuado control, esto puede ser un festival de multas discrecionales.

Mientras no se aplique la norma y no se vean efectos, la crítica es inconducente, si bien la forma habitual de trabajo policial sugiere escenarios futuros. En este caso la cultura institucional moldea a sus operarios, por eso la mayoría trabaja en servicio adicional y se adapta a la burocracia que engloba necesidades de seguridad con problemas comunitarios en una amalgama confusa, desde autorización de bailes a carreras cuadreras. Y todo bajo normas operativas dictadas en los años 70, bajo las dictaduras. Esa Policía, que a menudo debe luchar contra sus tendencias internas deformadas, tiene que dar respuestas en seguridad. Y esas respuestas han incidido en la situación actual de Tucumán.

Acaso se pueda cumplir la expectativa del legislador y de los funcionarios y se vea un alivio en el drama del motoarrebato, al que nunca se le pudo dar respuesta pese a que estamos en emergencia en seguridad desde hace cuatro años. Pero también habrá que pensar en el costo oculto del cercenamiento de la libertad ciudadana que implica esta licencia para detener a motociclistas por el solo hecho de querer ejercer su derecho constitucional de circular y de usar sus vehículos. Podría ocurrir que un día comience a haber asaltos en auto y que la autoridad decida limitar a sólo el chofer la circulación en automóviles. Suena ridículo, pero ya les está pasando a los motociclistas. Es la ley que ya tenemos y esa característica confusa e irritante también da lugar a dudas sobre su destino. Los funcionarios también están en el limbo.