19 Julio 2020
PLANTEO. El ex legislador Alberto Colombres Garmendia. LA GAETA / ARCHIVO
Referentes del PRO en Tucumán criticaron en duros términos el proyecto impulsado por oficialistas en la Legislatura, que apunta a establecer una sanción drástica a quienes violen la cuarentena.
La iniciativa presentada por legisladores del Partido Justicialista prevé una especie de "probation", que consiste en la realización de servicios comunitarios en hospitales y centros de atención de pacientes que padezcan la covid-19, a quien manifestase, de cualquier manera y por cualquier medio, su oposición a las medidas de aislamiento social obligatorio.
"Es verdad que por las calles vemos a muchas personas inconscientes, que no cumplen con los protocolos de prevención en medio de esta pandemia. Pero resulta ilógico y un despropósito lo que se propone desde el justicialismo gobernante. ¿En qué mentalidad cabe obligar a esos infractores a llevar tareas comunitarias en los centros de aislamiento por covid-19?. El Gobierno los estaría exponiendo a un riesgo de contagio mayor y muy latente. Dicen combatir la enfermedad, pero con estas medidas están abriendo las puertas a un rebrote de casos", planteó el ex legislador Alberto Colombres Garmendia.
El proyecto oficialista también prevé que los infractores no sean prioridad si llegaran a contagiarse y precisaran el uso de un respirador. "El Estado podría tener responsabilidad penal por si incurre en esta suerte de abandono de persona al negarse el tratamiento médico adecuado a quienes puedan padecer de covid-19. Estaría decidiendo quién vive y quién muere, de manera arbitraria. El oficialismo legislativo propone un 'ojo por ojo' totalmente inaceptable", remarcó el ex concejal Roberto Avila.
Ambos sugirieron que el proyecto esconde la intención de acallar reclamos opositores. "No debe pasarse por alto el tinte político de esta iniciativa. Bien podría considerarse una forma de impedir o de censurar las expresiones críticas que gran parte de la sociedad mantiene desde hace varios días, y lo manifiesta mediante bocinazos y banderazos que se dieron en Tucumán y en todo el país. Cual régimen tiránico, el Gobierno quiere usar esta herramienta como represalia a las voces disonantes", adujo el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud.
A raíz del tenor del proyecto, Colombres Garmendia solicitó al vicegobernador -y presidente de la Legislatura-, Osvaldo Jaldo, que remueva al autor de la iniciativa, Javier Morof, de la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales. "Debido al nivel disparatado del proyecto, en su vida parece haber leído la Constitución", afirmó el ex parlamentario.
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