“El nepotismo hiere la autoridad de los jueces”, dice un dirigente profesional

Generó controversia la noticia de que tres de los cinco vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tienen hijos que trabajan en su ámbito. “El nepotismo hiere la autoridad de los jueces”, advirtió a título personal Carlos Casal, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital, quien anticipó que iba a proponer un pronunciamiento de repudio a las designaciones y medidas a las autoridades de su institución, una iniciativa institucional que apoyó el profesional Nicolás Mirande. El letrado Gustavo Morales y la gremialista Alejandra Martínez, por su parte, solicitaron a la presidenta Claudia Sbdar que deje sin efecto la designación de su hija, Lucila Bercovich, como relatora del vocal de Daniel Posse.

“La independencia, el prestigio, la ecuanimidad y el profesionalismo que brinda la meritocracia dentro de la carrera judicial es muy importante, toda vez que los funcionarios judiciales deben ser convincentes, sólidos, neutrales y categóricos. Por ello, la obtención de esos empleos o funciones con base en relaciones de parentesco lesiona gravemente la confianza y la legitimidad de quienes sentencian”, reflexionó Casal. El vicepresidente del Colegio de Abogados añadió que el mismo criterio valía para las restantes instituciones del Estado, pero advirtió que la Justicia, por su rol de árbitro y su obligación de limitar a los restantes poderes, debía dar el ejemplo. “Los ciudadanos financiamos el servicio público y, por ende, debemos exigir el respeto irrestricto por la igualdad de oportunidades y la ética pública”, dijo Casal. El dirigente profesional añadió que, por prudencia, los vocales estaban llamados a desalentar los nombramientos de familiares durante su gestión, independientemente de la capacidad y de la idoneidad demostradas por quienes puedan beneficiarse de esa relación de parentesco.

La incorporación de la funcionaria Bercovich al staff de relatores de Posse implica que ese vocal, Sbdar y Antonio Daniel Estofán poseen descendientes directos en los puestos de trabajo de la Corte, y que todos ellos llegaron a esa órbita por medio de designaciones discrecionales. Facundo Posse, hijo del juez supremo Posse, se desempeña como su secretario privado desde el comienzo de la presidencia que aquel desarrolló en el período 2017-2019. Estofán, por su parte, nombró como relatora a su hija, la abogada litigante María Marta Estofán, quien se sumó en septiembre del año pasado. En forma previa, el funcionario Juan Pablo Estofán había pasado de la Junta Electoral Provincial a la Dirección de Sistemas del Poder Judicial. De este modo, sólo los vocales Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos están exentos de designaciones de hijos en la esfera del máximo estrado provincial, aunque con sus votos contribuyeron a la incorporación de algunos de los de sus pares. Los cargos de relatores están entre los más altos en términos de jerarquía, con retribuciones aproximadas a las que percibe un camarista.

“El Colegio de Abogados debe hacer una intervención institucional y fijar una posición. Es increíble que los tucumanos nos hayamos acostumbrado a tomar con normalidad este tipo de nombramientos y que los aceptemos con nuestro silencio. Muchos jueces manejan tribunales como una empresa familiar, con la diferencia de que los recursos no son producidos con mérito propio, sino que pertenecen al Estado y, por ende, a los ciudadanos”, opinó el abogado Nicolás Mirande. Este añadió que la situación de nepotismo en el Poder Judicial era escandalosa y que la comunidad asistía atónita a este espectáculo.

Morales y Martínez se presentaron ante la Corte, y solicitaron una marcha atrás -solamente- respecto del último ascenso de Bercovich, que hasta la semana pasada prestaba servicios en la Sala I de la Cámara Penal, e iba a trabajar en la Oficina de Gestión de Audiencias (la funcionaria entró a la Justicia como auxiliar de la Defensa a partir de un concurso público de oposición y antecedentes organizado en 2015). Según la petición, la coyuntura demandaba un gesto de parte de Sbdar. “En un contexto de profundo descreimiento en la institucionalidad, en particular de los Tribunales, es loable que se exteriorice una bocanada de aire fresco de transparencia y equidad para probar a la sociedad que a un cargo de la máxima responsabilidad como es el de relator –verdadero juez de facto, pues es quien elabora el discurso de la sentencia- se accede por capacidad y no, como en la especie, por ser hija de la presidenta de la Corte”, dijeron. Morales y Martínez expresaron que el renunciamiento correspondía por una cuestión de coherencia con el discurso de transformación institucional que Sbdar había pronunciado en la apertura de este año judicial.