Sucesión desafortunada

Un sistema inviable. Responsabilidades compartidas. Acusaciones cruzadas. Números que no cierran. Usuarios furiosos. Servicios ineficientes. Recursos estatales agotados. Salarios atrasados. Huelga tras huelga. El conflicto del transporte público de pasajeros en Tucumán puede caracterizarse con esta sucesión de eventos desafortunados que, por ahora, no tiene un punto final ¿Qué tiene que suceder para que algo -o todo- cambie? La suma de días de paro durante este 2020 ya llega al mes y probablemente haya más en los próximos días, cuando se acerque la siguiente fecha de pago de sueldos.

Mucho se habló sobre las posibles soluciones y la mayoría está de acuerdo en que es necesario reorganizar el manejo del servicio. Las miradas están puestas en Salta, tal como viene desarrollando en estas páginas el periodista Martín Dzienczarski, que cuenta con un sistema estatizado y que pudo sortear dificultades en más de una década. La pandemia eclipsa la problemática y podría retrasar la llegada de una alternativa. La voluntad política está condicionada a la durísima realidad económica. Mientras, en el Concejo Deliberante y en la Legislatura hay varias iniciativas, oficialistas y opositoras, que buscan distintas variantes para encarrilar la situación.

En la ciudad

Si bien hay algunos proyectos más, el presidente del cuerpo deliberativo de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri, tomó la posta y lleva la delantera en el desarrollo de uno concreto. Se reunió en las últimas horas con el gobernador, Juan Manzur, y con el vicegobernador, Osvaldo Jaldo. Con base en los sistemas salteño y mendocino, trabaja en un texto que propone crear una sociedad anónima estatal, con participación mayoritaria de la Provincia y minoritaria de los municipios. Los privados sólo se involucrarían como subconcesionarios para administrar los recorridos. El sustento de dinero estaría en subsidios nacionales y provinciales y en la recaudación por los boletos. El peronista terminaría este fin de semana el escrito y lo presentaría a los titulares del Ejecutivo y el Legislativo para su análisis y posible remisión a la Cámara. En la Municipalidad miran de costado la cuestión dado que en las arcas no hay dinero suficiente como para reclamar algún tipo de rol mayor.

En la Legislatura

En lo que va del año, en la mesa de entrada se presentaron varios textos relacionados con propuestas para mejorar el sistema de transporte y con la necesidad de ajustar lo que mandan las leyes. Uno de los primeros del año, en marzo, fue el que envió la propia Casa de Gobierno para propiciar la provincialización del sistema y que lleva las firmas de Manzur y del ministro de Seguridad, Claudio Maley. A lo lejos, propios y ajenos reconocen que el proyecto nació en medio de una confrontación con el empresariado y como un modo de presión para que abonaran los salarios.

En este punto hay que hacer un paréntesis. La relación entre el oficialismo provincial y los dueños de las empresas se modificó totalmente con el cambio de Gobierno nacional, en diciembre del año pasado. Pasaron de ser aliados en los reclamos contra el macrismo a estar en veredas opuestas. Si bien la queja por la asimetría de los subsidios se mantiene, se bajó drásticamente el tono político.

El oficialismo impulsó luego, y con la queja de todas las firmas prestadoras, la medida más concreta del año. Se sancionó una norma que prevé que el destino de los subsidios provinciales y nacionales sea el pago a los empleados.

Recientemente, el parlamentario Dante Loza, acompañado por otros oficialistas y por bussistas, consideró que había que conformar un comité de seguimiento de cumplimiento de la Ley de Transporte, que podría sancionar a las líneas que no completen sus responsabilidades.

La oposición presentó una gama amplia de ideas. El bussismo impulsó un proyecto similar al de Loza, pero que prevé una comisión especial destinada al estudio de la crisis. Los alfaristas Raúl Pellegrini, Raúl Albarracín y Walter Berarducci pidieron la creación de un fondo fiduciario para garantizar la prestación. El radical José María Canelada, en tanto, fue al hueso en cuanto a las sanciones para las concesionarias que incumplan y propuso un mecanismo más sencillo que el vigente para que se presten los servicios mínimos y para que se rescindan los contratos. El ex funcionario nacional José Ricardo Ascárate, también radical, instó a la Provincia a que asegure la eficiencia y continuidad del servicio, mediante la aplicación de la Ley que estipula los mecanismos de sanción.

Desde las distintos espacios políticos municipales y provinciales reconocen que las salidas no son muchas y que todas implican, de una u otra forma, mucho dinero. Mientras los vaivenes económicos generados por la pandemia se mantengan, todo hace suponer que los derechos de los trabajadores del sector y del usuario seguirán siendo vulnerados y que seguirá la sucesión de hechos desafortunados .