La participación de la mujer en política en el país fue siempre intensa, desde mucho antes del proceso independentista y de la formación del estado nacional. La invisibilización, sin embargo, fue primero en los relatos históricos oficiales y luego, en la falta de oportunidades al acceso a los puestos ejecutivos y legislativos. Si bien se avanzó mucho en las últimas décadas, hay aún una marcada disparidad. A tres años de las próximas elecciones provinciales, durante los últimos días, se presentó un proyecto en la Legislatura local que propone una modificación significativa en el régimen electoral: prevé la inclusión de la paridad de género, en reemplazo del sistema de cupo femenino. Palabras más o menos, de sancionarse y ponerse en vigencia se pasaría de garantizar un piso del 30% de candidatas por lista a que ocupen la mitad de una nómina. El sistema es el que rige en el ámbito nacional desde 2017 para el Congreso. La iniciativa reverdece la discusión, que se da incluso dentro del mismo feminismo, de si cupificar la participación.

El texto que ingresó en la Legislatura es impulsado por el bloque Hacemos Tucumán, que integran Sara Alperovich (quien viene impulsando ideas relacionadas con los derechos de las mujeres) y Julio Silman. Tal como adelantó el periodista Martín Soto en estas páginas, dispone que se modifique el régimen electoral y lleva las firmas también de otros parlamentarios del oficialismo (Norma Reyes Elías, Marta Najar, Daniel Herrera, Paula Galván, Carlos Gómez, Osvaldo Morelli, Carlos Assán y Javier Morof) y de la oposición (José Ricardo Ascárate y Federico Masso). Además de estar intercalados candidatos y candidatas, estipula que en caso de renuncia, el reemplazo será del género minoritario en el cuerpo legisferante.

Pretende un avance a la Ley de Cupo, que está en vigencia desde 2015, y que derivó en que efectivamente haya mayor cantidad de parlamentarias. Pese a ello, la distribución sigue siendo dispar: sólo el 20% de los escaños están ocupados por dirigentas (10 de 49). Los tucumanos demoraron en implementar la norma. Para la Cámara Baja rige desde 1991 y para la Alta, desde 2001. El sistema generó y genera algunos reparos. En general, si bien permitió mayor participación de las mujeres, se pone en discusión si garantiza la calidad o representatividad. Además, podría actuar no sólo como un piso sino también como un techo, al disponer el 30%. Según quienes encabecen las boletas o cómo se efectúen los reemplazos, ese número inclusive podría no alcanzarse como sucede en la Cámara provincial.

¿Qué posibilidades hay de que se convierta ley la paridad? Por el momento, no muchas. De acuerdo con altas fuentes parlamentarias, no es una prioridad. También descartaron el tratamiento, al menos durante este año, de cualquier modificación de normas electorales. Las autoridades habrían manifestado que la agenda está enfocada en otros asuntos coyunturales, como la pandemia o el transporte.

Es valioso que se conversen estos asuntos, pese a que el panorama no es prometedor. Como primer paso, que haya parlamentarias y parlamentarios que se planteen la posibilidad de mejorar la participación de las mujeres es saludable. Los mecanismos para lograrla son discutibles y perfectibles, como el cupo, pero de a poco dan resultados cuantitativos y cualitativos. De acuerdo con el informe “Mujeres en política”, del 2019, de ONU Mujeres (entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres), la paridad repercutió en el porcentaje de representantes legislativas nacionales. Aumentó la proporción de bancas (del 30% en general a alrededor del 39% en Diputados y del 41% en Senadores, en particular). En el ranking de la organización actualizado a junio de este año, tras el recambio parcial de representantes, se nota un pequeño incremento y la Argentina está en el puesto número 19 de países con mayor porcentaje de parlamentarias sobre bancas totales (41% en Diputados y 43% en Senadores).

La inclusión, por cupo o paridad, no es sólo una cuestión numérica, sino que deja una impronta en las agendas. Un informe oficial del Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior publicado durante el macrismo subraya que el aumento tuvo efectos contundentes y significativos como el desarrollo de un temario legislativo al que se sumaron como nunca antes propuestas relativas a los derechos de la familia, la adolescencia, la mujer, las niñas y niños, los ancianos, y otras minorías. “La voz de las mujeres en el Congreso favorece la sanción de leyes y la producción de políticas públicas que redundan en la ampliación de los derechos de la mujer en diferentes campos. Las legisladoras han dado particular impulso a numerosas normas para subsanar situaciones discriminatorias y cumplen un rol fundamental a la hora de favorecer el debate de asuntos vinculados con la agenda internacional de derechos humanos de las mujeres”, concluyen los autores del texto, Natalia Del Cogliano y Danilo Degiustti.

Organizaciones internacionales y nacionales que velan por los derechos de las mujeres vienen advirtiendo que la mirada de género en la elaboración e implementación de políticas públicas es clave para comenzar a revertir la realidad. Las problemáticas más cruentas que cruzan al género, como la violencia y la vulnerabilidad económica, se acentuaron en la Argentina y en Tucumán durante la pandemia. El comenzar a pensar en estos ajustes para mejorar las composiciones de los cuerpos que nos representan es un paso para hacerles frente.

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