Una conducta comunitaria

Los casos van creciendo. Las caras de preocupación son cada vez más visibles en la Casa de Gobierno. Lo peor no pasó y agosto, además de plagas -como dicen las viejas leyendas- viene cargado de covid-19. El relajamiento social, por un lado, y las displicencias oficiales para flexibilizar el ingreso de viajeros han conspirado contra un plan para mantener a raya los contagios. Por ahora, en el Ministerio de Salud Pública siguen sosteniendo que los casos positivos detectados son por contagios por conglomerados. Pero la situación se ha desplegado a lo largo de la provincia. No hay punto cardinal que no reporte casos positivos.

Hasta el momento, no se pudo corroborar transmisión viral comunitaria, “a partir de la consulta espontánea, ni mediante la intensificación de la Vigilancia Epidemiológica en diversos grupos de población que se estudiaron”, dice el último reporte denominado sala de situación que el área que conduce la ministra Rossana Chahla elaboró en los últimos días. Sin embargo, la explosión de contagios modifica el escenario, aunque nadie se atreve a señalar que el virus circula libremente por las calles tucumanas. Virtualmente, hay un cambio de fase de aislamiento con las restricciones aplicadas este fin de semana. Las reuniones familiares ingresaron al ojo de la tormenta. En la mayoría de los casos, pagan justos por pecadores. En algunos casos, los controles no dieron abasto; en otros, hubo demasiada flexibilidad, una suerte de ley de ventaja, como en el fútbol.

¿Por qué el Gobierno ha puesto más atención en las reuniones sociales? Los últimos reportes oficiales dan cuenta de que el principal patrón para determinar el nexo epidemiológico está relacionado con esas reuniones. Aún más, la titular de Salud viene sosteniendo que ya no son los camioneros los “vectores” de una enfermedad que se está propagando. ¿En qué basa su argumento? De acuerdo con el cotejo de datos oficiales, el mayor control a transportistas ha permitido, en algunos casos, determinar quiénes son los que se han contagiado de covid-19 y quiénes son los que han dado positivo. Asimismo, se ha exhortado a aquellos que no realizan viajes permanentes a permanecer en cuarentena durante dos semanas.

La situación interna

El aislamiento social, preventivo y obligatorio mantiene en cuarentena a la economía. Algunas actividades se están desperezando de un prologando letargo. El riesgo es que otro cambio de fase implique nuevamente el cierre de persianas. El comercio no aguantará otro escenario de esa naturaleza. Los tucumanos tampoco quieren volver, otra vez, a encerrarse en sus casas. Pero el miedo volvió a posarse entre nosotros.

Hay realidades contrapuestas. Hay inconductas que se sostienen en una franja de la población que se resiste a colocarse barbijo. Pero también hay resignación en aquellos que prestan servicios sanitarios. ¿Alguien se ha puesto en los zapatos de un médico, de un bioquímico, de un técnico, de un agente sanitario, de un administrativo o de un empleado de limpieza que tiene que ir a una sala febril o a un hospital modular para atender a algún paciente covid? Hay empleados de la salud que cruzan el umbral de la “normalidad” hacia la “pesadilla” de la pandemia con lágrimas en los ojos, mientras sus colegas rezan para que todo salga bien. Es de todos los días y a cada momento.

Esa sola escena llama a la reflexión de aquellos que no toman en cuenta los mínimos recaudos para evitar contagios. La pandemia no es una fábula. La demostración más clara de la contagiosidad del virus está dada muy cerca de Tucumán, en Jujuy, donde los casos siguen creciendo en una provincia que se está acostumbrando a vivir en Fase 1. Puede haber todas las camas disponibles que una situación sanitaria extraordinaria requiera; también respiradores y otros equipamientos hospitalarios modernos, pero si no se protege al personal sanitario existente, difícil será suplirlo. La primera responsabilidad es del Estado que los emplea, pero también hay una cuota de obligación por parte de la sociedad, que es la que debe acudir al sistema público si que una obra social o una prepaga no le garantizan la atención en un sanatorio privado. Esa es una discusión en ciernes. Hay funcionarios que en estos momentos se están preguntando cuál debería ser el sistema que se haga cargo si un afiliado o beneficiario del sistema privado decide no acercarse a un hospital público porque paga a una firma privada para que le brinde el servicio. El debate interno no está cerrando, porque hubo planteos de contagiados en ese sentido. Algunos pacientes argumentan que los hospitales modulares no les proporcionan el mismo servicio que una obra social les puede llegar a ofrecer en una internación en entidades privadas. La diferencia, frente a otras situaciones, es que la pandemia es un escenario extraordinario que ha encontrado a los sanatorios frente a un panorama excepcional.

Algunos de los infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández han señalado que la covid-19 llegó para quedarse y que, hasta que se ponga en práctica el sistema de vacunación que hoy está en período de prueba, cerca del 60% de la población argentina puede llegar a infectarse con ese virus. Frente a ese panorama, no hay mejor antídoto que cuidarse y cumplir las medidas de bioseguridad mínimas desde la casa. No hay otro remedio para aplicar, al menos en lo que resta de este pandémico 2020.