La “pesadilla covid” aún no terminó y es probable que el confinamiento se extienda si se toma en cuenta que la curva de contagios no se estabiliza hacia la baja. En Tucumán, las autoridades hacen piruetas para sortear un escenario sin precedentes en materia de prestaciones de servicios. Si todo sigue como hasta ahora, a nadie debe sorprender que el Presupuesto provincial se incremente y roce los $ 200.000 millones hacia fines de año. Tal vez esa suma pueda ser la base del próximo ejercicio. Hay varias preguntas que subyacen frente a ese escenario. La primera es: ¿dónde estamos parados? Otra puede ser ¿hacia dónde vamos? Y otra más: ¿qué nos depara 2021?

La profundidad de la pandemia aún no la vimos. Estamos en un proceso cada vez más difícil en la que resulta difícil prever cómo terminará esta historia de un virus que sigue propagándose. A Europa, que ya está en una segunda ola, el plan de reconstrucción de su economía le costará unos 750.000 millones de euros, que se inyectarán en partes iguales con subsidios y con préstamos hasta 2027. Sus países miembro tienen la posibilidad de apelar a la emisión de deuda. La economía global se mueve a un ritmo demasiado lento. El propio FMI ha proyectado para este año una caída del 4,9%. Pero más allá de ese dato económico, están los efectos sociales. En muchos países la crisis dejará cicatrices económicas muy profundas. Los graves trastornos en el mercado laboral son una preocupación importante. En algunos países se han perdido más empleos en marzo y abril que los que se han creado desde el final de la crisis financiera mundial. Los cierres de los colegios también incidieron en la capacidad de la gente, en particular las mujeres, de participar en el mercado de trabajo, indica un reporte del organismo internacional.

Como en Tucumán, en cualquier lugar del mundo las quiebras también son cada vez más habituales a medida que las empresas agotan sus reservas de liquidez. Y el capital humano -señala el informe- está en riesgo: la educación de más de 1.000 millones de alumnos en 162 países se ha visto interrumpida.

En la Argentina, la covid-19 ha generado los mismos efectos: destrucción de empleos y la consiguiente suba de la desocupación. Entre febrero y mayo, se perdieron 154.000 empleos asalariados formales en el sector privado (de ese total, 7.000 corresponden a empleos perdidos en Tucumán), una caída del 2,5%, la mayor desde 2002, dice el Panorama Productivo del Centro de Estudios de Producción, que depende el Ministerio que conduce Matías Kulfas. Casi toda esa contracción se produjo en marzo (-0,7%) y abril (-1,7%), mientras que mayo mostró una virtual estabilización (-0,1%).

Puesto en perspectiva comparada, la magnitud de esta contracción luce más moderada que la de otros países del continente. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, esta baja del 2,5% es menor a la registrada por Brasil (-7,5%), Chile (-12,2%), Estados Unidos (-13,8%) y Canadá (-19,2%). Entre las razones se esgrimen la institucionalidad del mercado laboral argentino (más regulado que el de estos otros países) y la combinatoria de políticas públicas adoptadas: prohibición de despidos -las reducciones de las nóminas se producen por renuncias, jubilaciones o finalización de períodos de prueba–, acuerdos por suspensiones y la ayuda salarial por la vía del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). De todas maneras, en la Casa Rosada sostienen que la economía nacional mostró en junio y julio signos de recuperación mayores a los esperados.

El rumbo económico está signado por la recesión y la inercia inflacionaria. El reajuste de algunas tarifas aún congeladas y la evolución del tipo de cambio son dos componentes que funcionan como un acelerador para la inflación. El Gobierno está intentando frenar el aumento en el precio del combustible. Algunas tarifas, a su vez, como la eléctrica (no habrá revisión integral, pero sí puede darse un pass-trough por mayores costos de la energía mayorista), seguirán dormidas hasta 2021. Pero el dólar no da tregua. Sin confianza en la moneda nacional, los argentinos salieron a vestir de verde sus ahorros. En mayo las personas que compraron dólares oficiales fueron 2,4 millones, con compras promedio de U$S 190, mientras que en junio fueron 3,3 millones de personas, con compras promedio de U$S 193. Desde su implementación, el Impuesto PAIS causó una caída en la demanda de dólares oficiales, advierte la Fundación Libertad y Progreso. Esa demanda se destinó a los mercados paralelos de la divisa norteamericana. La “presión” sobre los dólares paralelos (Blue, Contado con Liquidación y MEP) aumentó la brecha entre los diferentes tipos de cambio (que venía agrandándose desde la incorporación del cepo “hard”). El aumento de la brecha disparó la demanda por los U$S 200 del mercado oficial.

La evolución económica estará supeditada a un programa macroeconómico que tienda a apuntalar la producción en un marco de mayor certidumbre jurídica y financiera. El acuerdo con los acreedores contribuye en ese sentido, pero no es toda la solución. La emisión monetaria continuará, pero a mediano y largo plazo será un combustible para la inflación. El Gobierno necesita imperiosamente reducir ese nivel de impresión de billetes, para no generar más expectativas. La prueba de fuego será 2021, un año electoral en que, como todos los períodos electorales, el gobernante muestra más propensión al incremento de gastos.

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