Por Gustavo Rodríguez
19 Agosto 2020
LA GRAN META. El plan buscaba fortalecer la presencia policial en la calle. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
“Hay un problema (el de la inseguridad) y tenemos que redoblar los esfuerzos desde la gestión para atender la demanda social”, le dijo a LA GACETA el gobernador Juan Manzur en una nota publicada el 10 de marzo. En esa oportunidad el mandatario expuso que el proyecto de dividir a la capital en cuadrantes era un gran paso para cumplir con ese objetivo, ya que se incrementaría la tarea de prevención. Pero esta fue otra de las ideas que quedó en los cajones de los funcionarios. No se pudo poner en marcha porque no se incorporaron los 1.300 policías que se necesitaban para concretarla.
Se trata de un caso diferente que las leyes de Narcomenudeo, de la Policía Municipal y la denominada Antimotochorros, que se aprobaron y que todavía no se aplicaron. No nació a través de una norma, sino de una idea del ministerio de Seguridad que conduce Claudio Maley. Fue presentado con bombos y platillos en los primeros días de marzo, semanas antes de que la pandemia se robara toda la atención y los esfuerzos.
El plan era claro. Consistía en dividir a la capital en 71 cuadrantes. Cada uno de ellos tendría designados seis policías (dos de a pie, dos en bicicletas y dos en motos) que se encargarían de realizar las tareas de prevención de manera independiente las 24 horas. Para turnarlos todo el día, según estimaron los funcionarios, se necesitaban unos 1.100 efectivos, que eran los cadetes de las promociones 2018 y 2019 que aún no fueron incorporados a la fuerza. “Cuando ingresen, se lanzará”, señaló el subsecretario de Seguridad José Ardiles.
“Este modelo de patrullaje es un esquema internacional en el que se prioriza el patrullaje de a pie. Entiendo que es la forma más efectiva de tomar contacto con el vecino y que el policia interactúe y tome cabal conocimiento de la problemática barrial y del cuadrante asignado”, comentó el funcionario.
La elección de los cuadrantes no fue caprichosa. Se confeccionaron teniendo en cuenta los índices delictivos de esos tiempos y dejando de lado las seccionales 1ª y 2ª, ya que allí actuaría el grueso de los hombres de la Dirección General de Patrulla Urbana. Además de tareas de prevención, el uniformado debía transformarse en una especie de nexo con la comunidad de la zona donde sería designado. Su obligación era observar e informar las carencias de los vecinos y los posibles conflictos. Si el plan funcionaba se lo aplicaría primero en el Gran San Miguel de Tucumán y luego en el resto de la provincia.
Los funcionarios de Seguridad estaban tan entusiasmados que hicieron una especie de ensayo. Enviaron a los aspirantes a patrullar los distintos barrios fuera de las cuatro avenidas, acompañados por un efectivo, para que fuesen sumando experiencia. Mientras tanto, esperaban los resultados de las gestiones que realizaba Manzur en Buenos Aires para poder incorporar hombres.
Quejas
La mayor cantidad de cuadrantes se diseñó en las zonas “rojas” de la capital. Por ejemplo, en el barrio Juan XXIII (“La Bombilla”) había tres. Tras el anuncio del plan que no se concretó, se produjeron siete homicidios. No se puede saber si la presencia policial los hubiera evitado, pero por la misión que tenían los hombres, podrían haber detectado los posibles focos de conflicto.
“La realidad indica que los que vivimos en este sector de la ciudad sufrimos una doble discriminación. Por un lado, están los tucumanos que creen que los que habitamos en el barrio somos todos unos delincuentes. Y por el otro, las autoridades que prefieren que se maten todos los malos antes de meterse al lugar”, se quejó Luciano Herrera, pintor de obra. “Me mato laburando todo el año, con frío y calor; no cobro ningún plan y no puedo ni siquiera vivir en paz. El otro día leí la nota de la hija de una señora que mataron que ni siquiera podían hacer el duelo porque los estaban amenazando”, agregó.
Más de la mitad de los cuadrantes estaban destinados a sectores conflictivos como San Cayetano, Villa Amalia, 11 de Marzo y Manantial Sur, entre otros. “Siempre lo dijimos. Nuestro sector está olvidado por las autoridades. Por aquí no se ve un policía ni nada. Dijeron que tendríamos la seccional 15ª, pero no la terminan de construir. Acá hubo muchos operativos antidroga. ¿Por qué creen que se dio esa situación? Porque es tierra de nadie y ellos pueden llevar y traer cualquier porquería”, explicó María Laura de Pereyra, que vive en el Néstor Kirchner.
Una alternativa
Si bien es cierto que Seguridad no pudo poner en marcha ese proyecto, se las ingenió para buscar una alternativa. Así surgieron los operativos “Barrios seguros”, que consisten en reforzar la presencia policial en los sectores donde se nota un incremento de delitos. Los movimientos de uniformados no son permanentes, sino que se realizan periódicamente porque permanentemente están cambiando de objetivo.
Para cumplir con esta meta, según confiaron fuentes policiales, se están utilizando los efectivos de las seccionales, comisarías y divisiones especiales que normalmente desarrollan tareas administrativas. Sin embargo, habrá que ver hasta cuándo podrán seguir con este sistema, ya que ahora un importante números de uniformados está siendo desplazado para realizar los controles del cumplimiento del aislamiento social. En los 90, el comisario ya retirado René Mario Sueldo acuñó una frase para referirse a la carencia de personal que aún tiene vigencia: “la colcha es corta y el cuerpo es grande para cubrir”.
La misión de los policías
- Conocer la incidencia delictiva de la zona.
- Diseñar estrategias para desalentarlas.
- Brindar información sobre la infraestructura urbana del cuadrante.
- Conocer la situación de estado y mantenimiento del equipamiento logístico.
- Realizar visitas cotidianas a vecinos u otros centros comunitarios para conocer las necesidades sobre seguridad y estrechar vínculos con los ciudadanos.
Lo más popular
