El dueño de un billar clausurado recibió la orden de comprar lavarropas por chat

La pandemia produjo otro episodio judicial fuera de lo común. Eduardo Marti, propietario de Bar y Billares Punto y Banca, expuso ayer ante la Justicia que, en un intercambio de chats por WhatsApp, el Ministerio Público Fiscal le había exigido “tres lavarropas industriales para el Hospital del Este” a cambio de levantar la clausura de su local. A modo de prueba, el empresario adjuntó copias de las capturas de pantalla del diálogo que mantuvo su abogado Arnaldo Ahumada con el funcionario Roberto Vicic, quien había participado del procedimiento preventivo de la covid-19 encabezado por Carlos Picón, titular de la Fiscalía de Instrucción de Emergencia Sanitaria. Los aparatos con las especificaciones indicadas cuestan alrededor de $ 70.000 por unidad.

El hábeas corpus que Marti y Ahumada introdujeron en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción refiere que estaban dispuestos a hacer el desembolso requerido para cerrar la causa con “la única condición” de que les mostraran el acta de la medida de clausura que Picón había practicado el domingo en el local de la calle Maipú al 900 de esta ciudad. Según la presentación, eso no ocurrió, pese a los pedidos insistentes dirigidos a Vicic y al envío de un correo electrónico al Comité Operativo de Emergencia (COE). “Hasta el mediodía (de este miércoles) sólo nos remitieron mediante WhatsApp un acta labrada a un parroquiano que estaba en el billar y que reviste la condición de empleado policial”, dijeron. Picón no pudo ser ubicado: no respondió los mensajes ni los llamados de LA GACETA.

Si bien el defensor y su cliente no pudieron acceder a la información oficial sobre los hechos que habían dado lugar al desalojo, y al cierre de Punto y Banca, Vicic les comunicó -siempre según los chats- que la causa obedecía al artículo 239 del Código Penal “ante la violación de la normativa del COE” y que les ofrecían “una reparación integral” para prescindir de la acción penal por el criterio de oportunidad. El artículo 239 reprime con prisión de 15 días a un año al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal.

Marti y Ahumada expresaron que había habido una vulneración de derechos constitucionales e irregularidades, y que temían por la libertad del empresario en virtud de comentarios que habían circulado ayer ligados a una carta al director remitida por el abogado (se informa por separado). “La amenaza resulta verosímil y, por ello, la Cámara de Apelaciones está obligada a intervenir puesto que este no es el primer caso en el que se han conculcado derechos y garantías mediante órdenes de jueces de Instrucción materializadas por medios impropios (teléfono, correo, etc.) y sin la debida fundamentación ante requerimientos de los fiscales también infundados y arbitrarios”, expresaron.

La presentación interpuesta en el ámbito de los camaristas Eudoro Albo y Enrique Pedicone describe que en el operativo en Punto y Banca hubo abusos, como que el fiscal Picón “decidió aparentemente per se” la aprehensión de tres empleados y de 19 clientes (sólo dejó ir a los que, por su edad, estarían en el grupo de riesgo de la covid-19). “Incluso los policías solicitaron las llaves de los autos que estaban correctamente estacionados”, relataron Marti y Ahumada. Y afirmaron: “con el pretexto de una supuesta defensa de la salud pública se han venido cometiendo excesos inaceptables en una sociedad democrática”.

La Cámara de Apelaciones ha de sortear hoy al vocal competente para intervenir en el hábeas corpus. La presentación solicita un trámite urgente con habilitación de días y la celebración de una audiencia de control de convencionalidad de las actuaciones impugnadas.

El papel de una carta de lectores

Eduardo Marti, propietario del Bar y Billares Punto y Banca, y su defensor Arnaldo Ahumada dijeron que temían por la libertad del primero por la versión de que el fiscal Carlos Picón estaba ofuscado debido a una carta firmada por el letrado que LA GACETA había publicado en la edición de ayer. “Le comentaron en la zona del Casino que Picón estaba dispuesto a detenerlo”, dijeron en el hábeas corpus. En esa misiva titulada “Me falló Picón”, el letrado Ahumada había desafiado al fiscal a perseguirlo por su participación en la protesta del lunes. “Me paré a esperarlo porque pensé que aparecería para identificar a los ciudadanos hartos de la prepotencia oficial y en defensa de la república, pero me equivoqué”, había dicho Ahumada.