El Colegio de Abogados pide una investigación urgente

Las graves imputaciones que el juez Enrique Pedicone formuló en contra de Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, son observadas con gran inquietud en el Colegio de Abogados de Tucumán.

“Que ante la evidente gravedad institucional que reviste la situación referida, y sin perjuicio de las actuaciones jurisdiccionales en curso, este Colegio reclama que los hechos denunciados sean urgentemente investigados”, exhorta el comunicado que lleva la firma del presidente de la entidad, Marcelo Billone, y de su vice, Carlos César Casal.

Sin nombrar a Leiva ni a Pedicone (el texto hace referencia a “la denuncia penal formalizada por un integrante del Excelentísimo Tribunal de Impugnación Penal en contra de un vocal de la Excelentísima Corte Suprema”), el Colegio de Abogados expresó su “profunda preocupación” por los hechos difundidos anteayer y que tuvieron -añadieron- “una amplia repercusión en la prensa local y nacional”

La entidad requirió que la investigación sea desarrollada “hasta su completa y definitiva dilucidación, de manera de preservar la absoluta transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial y de la conducta de los administadores de justicia”.

De inmediato, en el comunicado los letrados consideraron que aquel será “el único modo de llevar la necesaria tranquilidad y confianza de toda la sociedad, y en particular de los abogados matriculados en la institución, en plena vigencia de las instituciones de la República”.

El Colegio de Abogados emitió la resolución que expresa su postura oficial ayer tras una sesión de su consejo directivo. La misiva tampoco nombra al legislador Ricardo Bussi, uno de los “protagonistas” de la denuncia que Pedicone efectuó anteayer contra Leiva.

La presentación que el ex camarista de Apelaciones efectuó ante la Justicia sostiene que el vocal de la Corte lo presionó -invocando el pedido expreso del gobernador, Juan Manzur, y del vicegobernador, Osvaldo Jaldo- para condicionar su proceder (“manejar la intensidad”) en la investigación de un supuesto abuso sexual y de presuntas irregularidades con cuentas bancarias, delitos atribuidos a Bussi, líder de Fuerza Republicana (FR).

La denuncia cuestionó la independencia de la Justicia y causó repercusión en todo el ámbito político local por la “gravedad institucional” que reviste, coincidieron en varios sectores.Algunos opositores, incluso, pidieron la renuncia de Leiva como vocal de la Corte Suprema, cargo al que accedió el 6 de febrero de 2019 tras el fallecimiento de Antonio Gandur.

Pedicone endilgó al integrante del alto tribunal la comisión de delitos que involcuran un supuesto tráfico de infliuencias. En virtud de las reglas del nuevo Código Procesal Penal ya vigente, el caso debería quedar en manos de la fiscala regional de la Capital, Mariana Rivadeneira