Constructores denuncian inseguridad en Manantial Sur: “hay unas 500 casas detonadas”

Las obras en el complejo de viviendas de Manantial Sur avanzan, pero también retroceden. La inseguridad en la zona jaquea a las empresas que reacondicionan las 1.339 casas que están sin ser entregadas de las 2.500 del programa habitacional que nació en 2013 y que, siete años después, no termina de ponerse de pie. Según denunciaron, hay unas 500 viviendas que fueron saqueadas y vandalizadas durante la etapa más estricta de la cuarentena y, además, les van robando a medida que terminan -por segunda vez- los trabajos.

El vicepresidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Pericles Mateo, solicitó al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) que se les permita hacer la entrega de viviendas a medida que las restauran para que no sufran nuevos daños. “Vas terminando y te vienen robando por detrás; no nos podemos seguir haciendo cargo de la seguridad”, explicó a LA GACETA. Afirmó que les roban los tanques de agua y las puertas, pero que hay sectores donde se llevaron hasta las mesadas, las cocinas y los calefones. “Todo el daño lo están absorbiendo las empresas, y no es justo”, agregó.

Largo camino

Las viviendas que están siendo reacondicionadas fueron terminadas hace al menos tres años, pero no fueron entregadas por falta de infraestructura (planta de tratamiento de líquidos cloacales). Las construcciones sufrieron el deterioro del paso del tiempo y el vandalismo, por lo que en octubre del año pasado el gobernador Juan Manzur firmó dos decretos por $246 millones -que luego fueron convertidos en ley, con cuestionamientos de la oposición- para constructoras, contratistas del IPV. De ese monto, $105 millones se destinaron para reparar las casas no entregadas. En diciembre se firmaron los convenios con las empresas y en mayo recibieron la primera mitad de los fondos. La segunda cuota se abonará al finalizar las tareas, según consta en el artículo 2° del DNU.

Mateo sostiene que los montos se desactualizaron y que, por los severos daños que sufrieron esas 500 viviendas, no saben cómo podrán recuperarlas. Contó que le entregaron a la interventora del IPV, Stella Maris Córdoba, un programa para entregarles cuatro manzanas cada 15 días para evitar nuevos daños. “Necesitamos que las reciba. No nos podemos seguir haciendo cargo de la seguridad. También le entregamos una manera de terminar las otras viviendas, que son unas 500, y están detonadas. Esas son complicadisimas, no sé cómo se las va a terminar. Nos queremos sacar el problema. Queremos sacarnos Manantial Sur, que es una tortura para nosotros, para el Gobierno y para la gente. Lo único que pedimos es que las reciban (a las casas). No podemos seguir haciéndonos cargo del desastre que es la seguridad de ahí”, manifestó.

Custodia de las firmas

Córdoba, en tanto, aseguró a este diario que no todas las empresas están cumpliendo con los procesos administrativos y legales, y que sí han considerado la posibilidad de recibir las viviendas de un modo gradual, por manzanas terminadas. No obstante, aclaró que los pagos no podrán adelantarse dado que el texto de la ley estipula que el desembolso se realizará sólo cuando se acredite el fin de los trabajos.

La interventora remarcó que la custodia estuvo a cargo del IPV hasta el momento en que cada empresa comenzó con la obra y tomó a su cargo la custodia ese sector. No obstante, aseguró que sí la Provincia mantiene efectivos de seguridad en el perímetro. En cuanto a la versión de Mateo, de que las viviendas son atacadas tras ser terminadas, Córdoba dijo que sólo una firma tiene su sector casi terminado, e indicó que a fines de julio se hizo un relevamiento para ver el estado de cada una de las casas y se cotizaron las erogaciones necesarias. “Algunas empresas sufrieron más daños que otras, pero el volumen de los $105 millones como número global es suficiente para llevar a cabo las reparaciones”, sentenció.

En cuanto a la obra en sí, la ex legisladora informó que la SAT solicitó una prórroga hasta el 15 de noviembre para terminar la obra en la planta de tratamientos de líquidos cloacales. “Es un plazo en el que estimamos que las empresas pueden haber terminado las reparaciones. Podremos entregar las casas cuando se encuentren con todos los servicios de infraestructura en funcionamiento”, dijo.

Córdoba aclaró que actualmente no hay adjudicatarios para las 1.339 casas, sino postulantes o postulantes con sorteo de ubicación. “Nos encontramos esperando que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat realice la aprobación de los postulantes propuestos por el IPV”, dijo. Y agregó: “estamos muy interesados en que este proceso concluya rápidamente y si cada uno de los sectores pone de su parte, seguramente podremos hacerlo. Es un momento en el que debemos colaborarnos mutuamente para que las casas lleguen a manos de quienes la necesitan”.