“NO SIRVEN”. “Ya no tiene sentido hablar de esos audios armados y editados: han sido excluidos”, dice Jerez. la gaceta / foto de juan pablo Sanchez Noli (archivo)
“El caso de Leiva expresa la pelea sobre el rumbo de la Justicia penal y me consta que hay muchos tucumanos que no quieren más este Poder Judicial oscuro, que responde a los favores personales, las influencias y el lobby. Lo que hay que hacer es tomar una posición ya. Es necesario decir de qué lado se está”, le manifestó a LA GACETA el jurista Alberto Binder, uno de los ideólogos del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán (Ley 8.933), tal como se publicó en la edición del domingo.
Las declaraciones del constitucionalista indignaron a Esteban Jerez, abogado defensor del vocal de la Corte Daniel Leiva en la causa por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de funcionario público, abierta tras la denuncia del juez Enrique Pedicone.
“Lo único comparable con el desprecio de Binder por las instituciones tucumanas es su irresponsabilidad. Les toma asistencia a los colegios profesionales, a las universidades, a las asociaciones de jueces y al Ministerio Público Fiscal para saber quiénes están dispuestos a alzarse contra la Justicia”, cuestionó Jerez.
“Me parece una monstruosidad que Binder decida condenar a Leiva públicamente cuando es la Justicia la que debe expedirse. Ha decidido abolir el principio de inocencia, entre varias garantías constitucionales”, fustigó.
“La postura de Binder es, a escala, la de quienes reivindican la justicia por mano propia cuando no se está de acuerdo con los fallos de la Justicia. Eso no sólo es infame: también es peligrosísimo. Binder se comporta como un pequeño linchador ilustrado”, calificó el defensor de Leiva.
Jerez, además, sostuvo que Binder “predica verdades de doble estándar. El nuevo Código Procesal Penal, que él asesoró, prevé también la exclusión probatoria, igual que el digesto anterior (Ley 6.203). Ese es el único camino admisible para las pseudo pruebas hechizas que se fabrican violando garantías constitucionales como el derecho a la defensa en juicio, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad de las conversaciones privadas”, aseveró.
Jerez se refiere al fallo del jueves pasado dictado por el juez Juan Francisco Pisa, quien excluyó los audios de Pedicone de la causa contra Leiva. El juez denunciante sostiene que en esas grabaciones se escucha al miembro del alto tribunal cuando el 28 de julio, en el bar Ohana, supuestamente le pidió que “maneje la intensidad” de la causa por supuesto abuso sexual y corrupción contra Ricardo Bussi, según el opositor fuese más o menos funcional al oficialismo.
Pisa sostuvo que la conducta de Pedicone viola garantías constitucionales. Además, acogió el dictamen de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien sostuvo que el iPod con que Pedicone dice haber grabado a Leiva no fue debidamente custodiado, por lo que se pronunció también en favor de su exclusión probatoria.
“Leiva se puso a disposición de la Justicia desde el primer día. Pedicone, en cambio, ni siquiera presentó los supuestos audios en Tribunales: los dejó en una escribanía. Ese desprecio del denunciante es igual al de Binder, pretendiendo demonizar a la fiscala, cuyo dictamen fue respaldado por un juez. Aquí lo único procedente es preguntarle a Binder de que lado está: si del lado del Estado de Derecho, la república y la democracia, o del otro lado”, planteó Jerez.
Testigo de un café
LA GACETA le consultó a Jerez sobre el testimonio de Roberto Espeche Trápani, el vendedor de libros que le manifestó a este diario que él vio a Leiva y a Pedicone en el bar Ohana el 28 de julio, y que manifiesta que reconoce su voz en los audios de Pedicone publicados por este diario, cuando él se acerca a la mesa e interrumpe el presunto diálogo de los magistrados.
“El señor Espeche Trápani parece ser un hombre muy golpeado por la vida. Sabemos que el 31 mayo de 2018, en una causa ante el Tribunal Oral Federal en la que él está imputado, el informe forense declaró que no está en condiciones mentales de comparecer ante la Justicia. Pero el asunto no es ese, sino que la denuncia de Pedicone debe tramitarse en los Tribunales y no en los medios”, afirmó Jerez.
“En el primer escrito que presentamos, el 9 de septiembre, expusimos que Leiva tenía una relación amistosa con Pedicone, quien lo visitaba todas las semanas en su despacho de la Corte y con quien compartió infinidad de reuniones laborales y sociales. Así que el hecho de que hayan tomado un café no está controvertido. Lo que desmentimos es que la reunión haya sido para lo que Pedicone dice; y que haya existido el diálogo que él denuncia. Igual, ya no tiene sentido hablar de esos audios armados y editados: han sido excluidos y no sirven. Nunca sirvieron. Pero nosotros decidimos llevar nuestra verdad a la Justicia, en lugar de defenestrar al Poder Legislativo y a sus miembros”, concluyó.
