El humo blanco no aparece, y en tres días vence el actual convenio entre la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (Acyst) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst o Subsidio de Salud). Las conversaciones se mantienen, pero no hubo avances en las negociaciones que auguren un posible arreglo. De no hallarlo, a partir del 1 de enero de 2021, los 330.000 afiliados de la obra social provincial pasarían a ser atendidos como particulares en los 22 establecimientos que integran la Acyst.
La asociación, que conduce Eduardo Vega Olguín, decidió en noviembre dar de baja el acuerdo. Adujo demoras administrativas, incumplimientos de los plazos para los pagos de las prestaciones y la no actualización de los aranceles desde 2019, entre otros puntos. El interventor de la Ipsst, Fernando Avellaneda, sostuvo desde el primer momento que la obra social no está en condiciones de otorgar un incremento del 45% de los aranceles -como solicita Acyst- porque los aportes de los beneficiarios en 2020 crecieron sólo un 13%.
LA GACETA se comunicó ayer con ambos, pero no hicieron declaraciones. Voceros del Subsidio se limitaron a decir que se mantienen las negociaciones, pero que por ahora no hay novedades.
Sin embargo, de acuerdo con lo que pudo averiguar este diario con diversas fuentes, hubo reuniones entre las partes tratando de hallar una solución; incluso, de una de ellas participó el ministro de Economía, Eduardo Garvich, pero no se pudo avanzar demasiado. Aparentemente la Provincia mejoró unos puntos el incremento ofrecido, pero todavía estaría muy por debajo de las pretensiones de los privados. Se espera que entre hoy y mañana se multipliquen las propuestas y contrapropuestas para tratar de alcanzar un acuerdo antes del 31.
Reclamos de la Legislatura al Ejecutivo
El legislador oficialista Daniel Deiana, vicepresidente de la comisión de Salud Pública, se expresó preocupado por la situación del conflicto ya que es acotado el margen para negociar. “El contrato está virtualmente rescindido. Podemos ir a una situación sanitaria difícil. Hasta acá no hay arreglo, no hay voluntad. Parece que no se dimensiona hasta dónde puede llegar esto; el Poder Ejecutivo tiene que dar una solución, sino lamentablemente va a haber problemas con las prestaciones, van a ser considerados particulares”, expresó el parlamentario a este diario.
El también titular de la Mutualidad Provincial Tucumán había expuesto en algunas sesiones atrás que se debía atender el conflicto. Recordó que la Defensoría del Pueblo trató de hacer mediador, pero no tuvo éxito. Y que lo mismo pasó cuando trató de intervenir el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Juan Ruiz Olivares. “Hay mucha intransigencia. Parece que no se dan cuenta que lo que está en juego es la salud pública”, criticó.
Según Deiana, el Subsidio estaría en negociaciones con prestadores privados que no forman parte de la asociación para sostener la cobertura. “Eso sería un parche; no va a poder suplir la cantidad de demanda que tienen”, estimó. A su vez, afirmó que desde la Cámara realizarán las presentaciones que correspondan si las partes no hallan una salida.
Semanas atrás, Avellaneda le dijo a este diario que el gobernador Juan Manzur está al tanto de lo que sucede con el conflicto. “Manifestó preocupación por la intransigencia de ellos”, aseguró. A su vez, se defendió de los múltiples cuestionamientos por parte de los prestadores privados. “No es que la obra social los ha maltratado siempre, sino se hubieran ido antes”, consideró.