Respaldo de abogadas a la sanción del IVE

Soledad Deza, presidenta de la organización feminista Mujeres x Mujeres, le envió una carta al titular del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, para pedirle explicaciones por el dictamen con que el Consejo Directivo de la institución advirtió sobre la supuesta inconstitucionalidad del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). En un texto en que alterna las primeras personas del singular y del plural, Deza exige que Gilli aclare quiénes intervinieron en la sesión del Consejo que aprobó el dictamen y denuncia que el Colegio no tiene “competencia para este tipo de acciones políticas”.

Hace una semana, el miércoles 23, la mayoría del Consejo observó que la Constitución Nacional recoge tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que protegen la vida del ser humano desde el momento de la concepción, y recordó que el Código Civil y Comercial de la Nación también establece la existencia de la persona humana desde ese instante. En consecuencia, según los vocales de la entidad que votaron a favor del dictamen, la legalización del aborto “introduciría groseras contradicciones en el orden jurídico”.

Sin embargo, ahora Deza acusa a los autores del documento de desconocer las leyes vigentes en materia de derechos sexuales y transparentar “un posicionamiento político discriminatorio de los derechos de mujeres y personas gestantes”. Además, transmite que “el Estado argentino ha recibido recomendaciones de organismos de derechos humanos para rever su legislación penal sobre la criminalización del aborto”.

Además de presidir Mujeres x Mujeres, Deza integra el Consejo Asesor ad Honorem del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. En mayo de este año recibió el reconocimiento “Servicios a Otros” de la Asociación Internacional de Bioética (IAB, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que se dedica a alentar la discusión de aspectos interculturales en bioética.

Con este currículum, en su carta la abogada alerta sobre la supuesta falta de legitimidad del Colegio “para erigirse en representación” de los matriculados y afirma que la mayoría del Consejo ni interpretó bien el derecho que había invocado ni esgrimió argumentos para sostener sus conclusiones.