Caso Grandi: “el derrumbe se produjo por una falla en la submuración”

El juicio contra Miguel Adolfo de la Cruz Grandi, arquitecto y dueño de la empresa César Grandi, comenzó pasadas las 8 de ayer. El arquitecto es acusado de ser el responsable de las irregularidades en la construcción de un edificio, a causa de las cuales se produjo el derrumbe de la pared de una casa lindera, en febrero de 2014. El juez a cargo es Eduardo Romano Lascano.

La audiencia comenzó con la lectura de la acusación y, posteriormente, la descripción del hecho: el imputado dirigió la construcción del edificio de la calle Virgen de la Merced (ex Rivadavia) al 281-285 en donde se produjo el derrumbe de una de las paredes de una casa vecina como consecuencia de no haber terminado con las tareas de submuración previas a la edificación.

Según Grandi, el trabajo de submuración no se terminó debido a que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán clausuró la obra. “Abrimos la obra para la cual previamente submuramos la propiedad, algo que se hace por parte porque la pared es vieja. En medio de esa submuración es que llegó la Municipalidad y clausuró la obra sin que terminemos el trabajo. Dos días después vino una lluvia muy fuerte y la placa de submuración que estaba en ese punto cedió porque no logramos hormigonar la platea en ese pedazo por la suspensión de la Municipalidad. No pudimos terminar porque la Municipalidad lo impidió, es como que un médico esté operando y le clausuren el quirófano sin haber terminado, el paciente moriría”, sostuvo, desde su punto de vista, el empresario. Además, afirmó que antes del derrumbe advirtió de la situación a la familia que vivía en esa casa y les ofreció un departamento para que vivieran sin correr peligro alguno.

Tanto la fiscalía como la querella rechazaron esa versión y escucharon el testimonio de Eduardo Díaz Saravia, quien en 2014 era el jefe del Grupo de Ingenieros de la Policía de Tucumán y fue el encargado de redactar un informe sobre las causas del derrumbe. “Cuando entré vi que la medianera se cayó y era evidente que falló la submuración. En la pared y en el piso había grietas por el deslizamiento del suelo, incluso el techo corría riesgo de caerse en algunos sectores. En ese momento sugerí que la vivienda era inhabitable por el peligro que representaba”, indicó el ingeniero; y agregó: “teniendo el título profesional habilitante uno sabe que ese trabajo se hace con muchísimo cuidado. En ese lugar falló la submuración y como consecuencia se produjo el derrumbe”.

La fiscalía a cargo de Estela Velia Giffoniello pidió que se aplique el artículo 189 del Código Penal de la Nación, que refiere a estragos culposos y prevé una pena de prisión de un mes (mínimo) o 5 años (máximo). Por su parte, Joaquín Olaizola, abogado de la denunciante Noelí Virginia Cascales, solicitó que se aplique el artículo 187 del Código Penal, al considerar el hecho como estrago doloso (además de culposo), por lo que el imputado podría recibir de tres a 15 años de cárcel.