07 Marzo 2021
PROBLEMA. La falta de conectividad complicó la educación a distancia.
El Comité de Dirección Regional de la Unesco, integrado por la Argentina entre otros países, recomendó a América Latina y al Caribe “reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho”. Se entiende esta medida como una estrategia para asegurar el acceso a la educación de alumnos en contexto de pandemia, en especial aquellos de sectores más vulnerables.
La declaración detalla “seis estrategias clave” con el propósito de que la educación sea “lo central para una recuperación de la crisis de la covid-19 que aspire a salvar el futuro y reconstruir sociedades más democráticas, inclusivas, sostenibles y con justicia social”.
El Comité de la Unesco aseguró que ambas medidas son parte de esas estrategias y en este aspecto aboga por “ampliar el acceso a la conectividad como componente del derecho a la educación”. También recomienda a los países de la zona “implementar políticas para que la conectividad sea accesible incluso para los hogares de menores ingresos y los sistemas tecnológicos contemplen la plurinacionalidad, la interculturalidad, la perspectiva de género, la intergeneracionalidad y el acceso de personas con discapacidad”.
Además, promueve “dotar a los establecimientos educativos públicos y otras instituciones (como bibliotecas públicas, museos, centros culturales, entre otros) con la infraestructura necesaria para una conectividad pública y gratuita”.
El documento fue elaborado por el Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe, que es un mecanismo adoptado por los ministros y ministras de Educación de los países de la región (intervienen Argentina, Brasil, Colombia, Curazao, Granada, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela y organismos internacionales como Unicef) como un mandato dentro de los “Acuerdos de Cochabamba”.
El Comité recomienda además salvaguardar el financiamiento educativo; reabrir las escuelas en forma segura y gradual; fortalecer y dignificar a los docentes; directivos escolares y otros trabajadores de la educación; recuperar los aprendizajes; reducir las brechas y profundizar la cooperación y solidaridad entre países, el desarrollo de alianzas y la coordinación regional e intersectorial.
El pronunciamiento reivindica a la educación como “un derecho fundamental y bien público mundial” y aboga por su protección para “prevenir una catástrofe generacional. Precisa además que la pandemia causó “el trastorno más grave registrado en los sistemas educativos en toda la historia y amenaza con provocar importantes déficits de aprendizaje que podrían afectar a más de una generación de estudiantes”.
Cerca de 165 millones de estudiantes se vieron afectados en la región por el cierre físico de establecimientos educativos, por lo que “el impacto de la pandemia está exacerbando las desigualdades educativas”, se advirtió. La situación también “amenaza con provocar un retroceso de al menos una década en los progresos alcanzados por los países en los últimos años”, según el documento.
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