07 Abril 2021
A 15 años de su sanción, la ley nacional 26.093 –de Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles- perderá vigencia el mes próximo. Y si bien las autoridades nacionales cuentan la posibilidad de extender esta normativa, la discusión –que debería ser estrictamente técnica- parece empantanada entre la puja de intereses y las diferencias políticas. Mientras tanto, cada hoja que se desprende del calendario acrecienta la aflicción del sector sucroalcoholero de Tucumán y de toda la región.
Sin esta normativa, afirman industriales y productores locales, corren verdadero riesgo decenas de miles de puestos de trabajo directo en la provincia. El impacto, aseguran, podría ser tan grave y negativo como el generado en la década de los 60 por el cierre masivo de ingenios, lo que derivó en una profunda crisis social y económica en todo el territorio tucumano.
La ley nacional próxima a caducar establece una serie de medidas de promoción para la elaboración de biocombustibles. Además de tener un efecto favorable para productores de diversos cultivos (entre ellos, la caña de azúcar y el maíz), el “corte” con bioetanol permite que la nafta sea menos contaminante y nociva para el medio ambiente.
Aquellos habían sido dos de los motivos centrales que habían llevado al Congreso de la Nación a aprobar la ley nacional 26.093 en 2006. A fines del año pasado, el Senado de la Nación le dio media sanción -por unanimidad- a la prórroga de la normativa. Sin embargo, el oficialismo de la Cámara de Diputados no incluyó el asunto durante el receso de verano. Tampoco se dio lugar hasta el momento a que se abra el debate sobre la iniciativa girada desde la Cámara Alta.
En las últimas semanas comenzó a circular entre los legisladores nacionales un borrador atribuido al oficialismo con un anteproyecto para una nueva legislación. El aparente intento por modificar las reglas establecidas hace 15 años profundizó la sensación de aflicción entre los sectores afectados. Si bien aquel texto fue perdiendo fuerza con el correr de los días, en el Gobierno provincial reconocieron que se está trabajando en la posibilidad de modificar el marco regulatorio nacional para los biocombustibles. Al margen de la incertidumbre que esto suscita, parece poco factible que ambas cámaras del Congreso tengan tiempo de discutir, de tratar y de sancionar una nueva normativa que sea fruto del consenso entre los distintos actores con competencia en la materia.
Las entidades provinciales vinculadas al campo, que venían advirtiendo hace tiempo sobre el drama que implicaría el vencimiento de la normativa vigente, observan el escenario actual con preocupación. Se habla de supuestas presiones emanadas del sector petrolero nacional, que sin la vigencia de la Ley de Biocombustibles recuperaría terreno en el rubro energético. Al margen de la puja de intereses, ruralistas de Tucumán llamaron ayer a través de un comunicado a no trasladar el debate sobre la prórroga de la ley nacional 26.093 al plano “ideológico” o “político”. Si bien los argentinos están acostumbrados a ver cómo buena parte de sus asuntos de interés terminan en la “grieta” abierta entre el oficialismo y la oposición, ciertos temas ameritan una discusión que exceda lo partidario. Sería grave que los legisladores nacionales no atiendan el mensaje de alerta formulado por ruralistas, industriales y demás productores de distintas partes del país.
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