Pasaron los 60 días hábiles de la ley y Pisa no cesó como juez

Transcurrieron los 60 días hábiles previstos en el artículo 30 de la Ley 8.934 y Juan Francisco Pisa no accedió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Pero al menos hasta ayer parecía que el incumplimiento de la condición a la que estaba supeditada la aceptación de la renuncia no iba a impedir a Pisa seguir ejerciendo la magistratura. Si bien la norma obliga a la comisión de Juicio Político de la Legislatura a continuar el procedimiento de destitución tras el vencimiento del término concedido para materializar el cese de funciones, ese comité sólo dispone del día de hoy para reactivar el trámite. De lo contrario, las actuaciones caerán, y Pisa podrá permanecer en el cargo todo el tiempo que quiera o precise. Raúl Ferrazzano, legislador peronista afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo y presidente de la comisión, dijo ayer que desconocía las actuaciones -son previas a su incorporación- y que la próxima reunión estaba prevista para el lunes.

Siempre puede haber un cambio de planes, pero en la Legislatura dan por “clausurado” el tema de Pisa que tantas tensiones y desgastes generó al gobernador Juan Manzur. Ocurre que este y la ministra Carolina Vargas Aignasse aceptaron la renuncia condicionada del juez horas antes de que vencieran los 20 días hábiles otorgados a los legisladores de Juicio Político para resolver si promovían o no la destitución de aquel por sobreseer a Mauricio Parada Parejas, el femicida de Paola Tacacho. Según el artículo 30, este acto sólo implicaba una suspensión para el expediente abierto en la comisión, pero las circunstancias peculiares del caso se encaminan a convertir a Pisa en el primer juez que consigue desembarazarse de al menos siete impugnaciones sin pasar al sector pasivo y por la mera inactividad de los legisladores que en noviembre le habían solicitado que explique su actuación en el calvario institucional de Tacacho.

La percepción de que esta salida atípica se concretará proviene del hecho de que el 24 de febrero la mayoría avaló el uso de la palabra “clausura” respecto de Pisa, aunque el mismo artículo 30 sólo concede ese efecto a la aceptación de la dimisión lisa y llana (ver cláusula). Ayer incluso había dudas sobre si los peronistas Sergio Mansilla, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Mariela Reyes Elías, Graciela Gutiérrez, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez y Julio Silman, y el bussista Mario Casali no habían dispuesto directamente el rechazo y el archivo de las denuncias -sólo el alfarista Raúl Pellegrini votó a favor de impedir que el decreto del gobernador Manzur paralizara la posibilidad de enjuiciar a Pisa y de privarlo, justamente, de una jubilación de excepción superior a los 
$ 300.000 mensuales-.

La hipótesis de la desestimación no pudo ser corroborada porque los denunciantes contactados, entre ellos el legislador radical José María Canelada, afirmaron que no habían recibido una resolución de Juicio Político. Este comité no publica ni las acusaciones que recibe ni las decisiones que toma. Tampoco pudieron ser ubicados Mansilla -presidió el órgano por la excusación del entonces titular Zacarías Khoder respecto del juez, quien debía decidir en una causa que lo involucra- ni el propio Pisa. Casali (Fuerza Republicana) por su parte manifestó que él no había podido interiorizarse acerca de la presentación de Canelada que instaba a la comisión a reactivar el procedimiento suspendido. Ferrazzano acotó que la petición del radical no había llegado aún a sus manos.

El 21 de mayo, Canelada solicitó al titular del cuerpo que de “manera urgente” proceda a dar continuidad al procedimiento en atención a que Pisa permanecía en su puesto en el Juzgado N°1 a cargo de controlar las investigaciones del viejo Código Procesal Penal. “Si el oficialismo deja caer el asunto va a ser nuevamente responsable de la impunidad de Pisa”, opinó el legislador radical.

La conjetura de que no habrá avances contra uno de los jueces más polémicos de la provincia se apoya en el archivo de la denuncia de Mariela Tacacho, madre de la víctima, y de Canelada contra la fiscala Mariana Rivadeneira. Este mes y en el debut de Ferrazzano, la mayoría peronista cambió el criterio aplicado a Pisa y resolvió que “un juez no puede ser juzgado por sus sentencias”, en este caso los dictámenes de cierre de causas de Tacacho que Rivadeneira despachó sin investigar al femicida.

Dimisión condicionada: el artículo 30 de la Ley 8.934 obliga a seguir el procedimiento si no sucedió la jubilación

“Presentada la renuncia del (juez) denunciado, sólo producirá sus efectos cuando fuera aceptada por el titular del Poder Ejecutivo. Sólo en este último caso se clausurarán las actuaciones en el estado en que se encuentren. Esta consecuencia se aplicará únicamente a la renuncia lisa y llana del denunciado. Para el supuesto de que este presente su renuncia en forma condicionada y esta fuera aceptada por el Poder Ejecutivo en forma previa a la acusación, el trámite del procedimiento de enjuiciamiento será suspendido por el término de sesenta (60) días. Cumplido dicho plazo sin que se materialice la condición a la cual se subordina la dimisión, la renuncia aceptada condicionalmente no tendrá ningún efecto y deberá continuar el procedimiento establecido en esta ley (8.734). La renuncia podrá presentarse hasta que la Comisión Permanente de Juicio Político formalice la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento: vencido dicho plazo, toda renuncia que se presente o se encuentre pendiente de aceptación por parte del Poder Ejecutivo tendrá suspendido su trámite”.

El ABC de una situación totalmente atípica

- Pisa presentó la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación con el 82% móvil el 15/10/2020.

- Tras el femicidio de Tacacho ocurrido el 30/10/2020, el juez fue objeto de al menos siete pedidos de destitución.

- El 30/11/2020 y por unanimidad, los legisladores de Juicio Político resolvieron trasladar las denuncias a Pisa.

- El 23/12/2020, el juez defendió su actuación y exigió que cesara “la presión” en contra de su renuncia.

- El 24/2/2021, horas antes del vencimiento del plazo para resolver si se impulsaba la destitución, Manzur aceptó la dimisión, lo que en teoría sólo suspendía el procedimiento.

- Pisa tenía hasta ayer para jubilarse, pero eso no sucedió. Si Juicio Político no reactiva el trámite hoy, este caerá por el vencimiento del plazo del artículo 28 de la Ley 8.934.