Legisladores omitieron expedirse acerca de Pisa

Continúa en pie la decisión que dio “por jubilado” en febrero a un juez denunciado aún en funciones, Juan Francisco Pisa. La comisión legislativa de Juicio Político se limitó ayer a tomar conocimiento de los reclamos para que reactive el procedimiento de destitución del funcionario impugnado por haber sobreseído a Mauricio Parada Parejas, femicida de Paola Tacacho. Los legisladores que beneficiaron a Pisa se abstuvieron de brindar una respuesta a los peticionarios. La mayoría peronista, en cambio, desestimó por tercera vez un cuestionamiento ligado al femicidio: con siete votos contra dos, descartaron una nueva denuncia contra la fiscala Mariana Rivadeneira. Por unanimidad, además, la comisión dejó de lado el tercer pedido de expulsión fundado en la licencia de más de un año del ministro público fiscal, Edmundo Jiménez.

Con la ausencia de los dos legisladores alineados a la Casa de Gobierno, Sergio Mansilla y Zacarías Khoder, el órgano deliberó ayer por primera vez desde que trascendiera la decisión 528 que, con base en el decreto de aceptación de la dimisión condicionada del gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse, y en la contestación de Pisa, dio por terminada la carrera de aquel. En esta resolución, los legisladores justicialistas Adriana Najar, Gonzalo Monteros, Enrique Bethencourt, Mariela Reyes Elías, Julio Silman, Reneé Ramírez, Carlos Gómez y Mansilla, y el bussista Mario Casali citaron el artículo 30 de la Ley 8.734 que dispone la suspensión del trámite durante 60 días, pero, acto seguido, decidieron clausurarlo. Sólo el alfarista Raúl Pellegrini votó por proseguir las actuaciones contra Pisa con el argumento de que ello era lo que correspondía en virtud de los tratados internacionales en vigor.

Mientras transcurría el plazo legal y, debido a la falta de publicidad de la Resolución 528, se daba por hecho que la decisión respecto del juez había quedado en suspenso como dispone la ley, el oficialismo se fracturó y modificó la composición de Juicio Político a los fines de otorgar ocho de los 12 votos a la bancada afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo. Ese giro desplazó a Khoder de la presidencia. Pero las decisiones tomadas desde que asumió la nueva mayoría al mando del legislador peronista Raúl Ferrazzano demostró en el plano del control de la Justicia la continuidad de la unidad y de los criterios existentes antes de la división.

Aunque no había firmado el archivo sin precedentes de las siete denuncias contra Pisa, Ferrazzano lo defendió en un contacto con la prensa este lunes. “El tema del juez no forma parte del orden del día. Como saben, el 24 de febrero, la comisión tomó una decisión definitiva, que fue la de clausurar las actuaciones existentes en su seno. Tengo que dejarlo aclarado. Un asunto tan sensible como el del asesinato de la profesora Paola Tacacho no puede ser usado como tribuna política por ningún sector de la oposición. En especial, los legisladores que son abogados deben saber que, por el artículo 40 de la Ley 8.734, las decisiones que tome Juicio Político son inapelables”, opinó el legislador.

En otra ronda periodística, José María Canelada, legislador radical y uno de los denunciantes de Pisa, prometió que iba a llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para desarmar “la protección” conferida a Pisa. “Los miembros de la comisión deberán hacerse cargo de lo que decidan. El concepto de Estado de derecho, y perdón que suene a profesor, significa que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes las dictan. Por lo tanto, si un legislador cree que puede ir en contra de las normas, debe repasar la Constitución y los manuales de introducción al Derecho”, dijo. Canelada añadió: “la comisión de Juicio Político hizo algo que está mal al sólo fin de encubrir a Pisa, que es amigo del poder, garante de la impunidad y un peligro para las mujeres. No tengo dudas de que el oficialismo podrá tener disputas, pero, al momento de pagar los favores que deben a los jueces, son monolíticos. No hay grieta para proteger a ‘los Pisa’ del fuero penal, a ‘los Acosta’ del fuero contencioso administrativo y a las fiscalas ‘Rivadeneira’”.

Con la disidencia de Pellegrini y de Casali, los legisladores Ferrazzano, Bethencourt, Reyes Elías, Monteros, Graciela Gutiérrez, Tulio Caponio y Gómez dieron de baja la impugnación de militantes de #NiUnaMenos (Fernanda Rotondo, María Urueña Russo y Alejandra del Castillo) contra la fiscala que archivó dos de las 13 causas de Tacacho, y se desentendió de una tercera. Según trascendió, la mayoría -con la excusación de Najar- volvió a considerar respecto de Rivadeneira que un juez no puede ser acusado por sus fallos -este argumento había sido usado para desestimar un caso previo de Canelada y de Mariela Tacacho, mamá de la víctima, contra la integrante del Ministerio Público Fiscal-. El sector afín a Jaldo ratificó la postura de ni siquiera solicitar una explicación, como había ocurrido con Pisa.