Una gremialista judicial advirtió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán sobre los efectos de la continuidad de Juan Francisco Pisa como juez de Instrucción N°1 del régimen de conclusión de causas del antiguo Código Procesal Penal en funcionamiento en San Miguel de Tucumán. “La permanencia de este juez cuestionado configura en el contexto actual una agresión al adecuado, transparente y eficiente servicio de justicia”, expresó Alejandra Martínez Romero, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación-Seccional N°5 de Tucumán.
En una nota dirigida a los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos, la dirigente afirmó que Pisa se mantenía en el cargo pese a que habían transcurrido los 60 días hábiles que la ley le otorga para concretar la jubilación con el beneficio del 82% móvil, condición a la que estaba supeditada la aceptación de la renuncia. Con el patrocinio del abogado Gustavo Morales, Martínez subrayó que existía “una situación anómica” susceptible de irrogar perjuicios al Poder Judicial de Tucumán.
“Con prescindencia de la responsabilidad funcional de la comisión legislativa de Juicio Político (que dio a Pisa por jubilado en febrero), podrían formularse numerosos planteos de nulidad. Esto afectaría de manera directa a la víctima de hechos delictivos al provocar la ralentización de los procesos penales en los que interviene Pisa”, alertó ayer Martínez Romero. Y añadió que en este estado de cosas donde parecía que nunca nada iba a suceder a los corruptos, la sociedad debía hacer un esfuerzo denodado por imponer un mínimo ético indispensable a las autoridades.