Mariela Tacacho: “el Ministerio Fiscal sigue sin informarme si investigará”

Ante la falta de novedades sobre actuaciones de acciones de oficio, la madre solicitó el sumario administrativo de todos los fiscales funcionarios que manejaron las 13 causas de su hija asesinada.

LA MADRE CON LA FOTO DE LA HIJA. Mariela Tacacho en una marcha. LA MADRE CON LA FOTO DE LA HIJA. Mariela Tacacho en una marcha.

Mariela Tacacho, madre de la víctima Paola Tacacho, presentó un pedido de sumario administrativo para todos los fiscales y funcionarios que descartaron sin investigar las denuncias de su hija contra el femicida Mauricio Parada Parejas en el período 2016-2020. La solicitud ingresó el mes pasado en el Ministerio Público Fiscal y está dirigida a su titular, Edmundo Jiménez (de licencia hace más de un año). En esa presentación de siete páginas, la progenitora subrayó que los integrantes de aquella institución incumplieron las normas contra la violencia de género que los obligaban a informar a la víctima sobre las decisiones tomadas en el proceso. Mariela Tacacho expresó que esa ausencia de comunicaciones no había desaparecido tras el crimen de su hija. “El Ministerio Fiscal sigue sin informarme si investigará. ¡Nadie nos responde!”, reclamó desde Salta, donde reside.

La mamá de la profesora de Inglés recordó que habían pasado siete meses desde el femicidio y que ella veía cómo nada había cambiado, pese a las revelaciones sobre la forma en la que habían sido manejadas las 13 causas -acumuladas en 10- abiertas con la finalidad de preservar la vida. En particular, acotó que en una última visita a Tucumán el secretario del Ministerio Público Fiscal, Tomás Robert, le había dicho “de palabra” que existía un “sumario en general” y otro específico para el auxiliar Fernando Isa, pero precisó que ella no había accedido a los procedimientos y desconocía qué estaba sucediendo, por eso había decidido hacer una petición formal. Días después de esta solicitud, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, mandó su propio pedido de sumario a Jiménez.

“El ordenamiento jurídico otorgaba a Paola Tacacho el derecho a denunciar; a la protección con medidas urgentes; a recibir un trato digno y respetuoso de parte de las autoridades, y a que estas pusieran de inmediato en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva; a ser informada sobre el estado del proceso, y a solicitar la revisión de los actos del Ministerio Público Fiscal que obsten su participación en el proceso o que produzcan su paralización”, enumeró la madre en la nota que lleva la firma de su abogada Valeria Madrazo. Y añadió que estos derechos debían ser aplicados en forma directa: “prevalecen sobre cualquier otra norma de inferior jerarquía y de su observancia depende la validez de los actos del proceso penal”.

La familiar de la joven asesinada el 30 de octubre de 2020 aseguró que los derechos de aquella habían sido violados por los fiscales y funcionarios, y que ello justificaba la apertura de un sumario administrativo interno para determinar las responsabilidades que correspondían. “Pese a toda la trascendencia pública que recibieron estas actuaciones, usted no ha solicitado ninguna investigación interna o penal para quienes intervinieron en los casos”, dijo Mariela Tacacho a Jiménez. En abril, la víctima también requirió a la Corte que notifique a la Administración Nacional de la Seguridad Social que había iniciado un sumario contra Juan Francisco Pisa, el juez que había sobreseído a Parada Parejas en 2017 y que sigue en funciones, pese a que la comisión de Juicio Político de la Legislatura lo dio por jubilado en febrero.

La petición de Tacacho apunta a esclarecer los desempeños de los fiscales Adriana Reinoso Cuello, Mariana Rivadeneira, María del Carmen Reuter, Diego López Ávila, Ignacio López Bustos y Claudio Bonari, y del auxiliar Isa (el ex fiscal Washington Navarro Dávila no podría ser investigado administrativamente en la institución de Jiménez por el hecho de que desde octubre de 2019 encabeza otro organismo, el Ministerio Público de la Defensa). La madre de la joven insistió en que nadie en el Ministerio Fiscal había abierto una causa penal para investigar las posibles conductas ilícitas: “existen un sinnúmero de oficinas tendientes a proteger a la mujer víctima de violencia, pero el problema es saber si funcionan o si son solamente cáscaras vacías con el único objeto de contribuir a la empleomanía estatal”.

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