La clase media es el objetivo electoral

No hay encuesta que deje de marcar que el divorcio vincular más firme es el de los políticos con la clase media. Pero no sólo aquella que puede tener un ingreso mensual por encima de los $ 85.000, sino la tradicional, la que, pese a la caída de su poder adquisitivo siente que su estándar de vida no se ha modificado por más que las estadísticas oficiales y los informes de las consultoras privadas digan lo contrario.

La cercanía de las fechas electorales pone nervioso a más de un gobernante. El Gobierno nacional ha tomado nota de esta situación, aunque creen que costará tiempo modificar el humor de esa franja social, siempre desconfiada de las plataformas electorales y de las dádivas oficiales.

Las modificaciones del escenario socioeconómico llegaron desde el plano impositivo, con un costo fiscal para el Estado nacional no inferior a los $ 70.000 millones (el equivalente a un 32% del gasto público proyectado por el Gobierno tucumano para este año o a una vez y media la recaudación anual de impuestos provinciales). La Casa Rosada quiere ponerle cuanto antes plata en el bolsillo a la cuarta categoría de los asalariados (clase media) mediante la exención en el pago del impuesto a las Ganancias a aquellos que cobran hasta $ 150.000 y con el cobro retroactivo de lo descontado desde principios de año (en el caso tucumano implica un beneficio para 32.000 contribuyentes de Ganancias). Esa medida le costará al fisco la friolera de $ 50.000 millones. Los otros $ 20.000 millones provendrán del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes. Más bien se trata de una corrección a una errada decisión de querer cobrar, retroactivamente, una deuda por falta de categorización a unos cuatro millones de monotributistas. En el caso de Tucumán, esta situación abarca a un universo de 100.000 pequeños contribuyentes.

En este aluvión de decisiones electorales, el Gobierno también dio a conocer que el monto mínimo a partir del que se deberán presentar las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales tendrá un ajuste del 25% y pasará de $ 2 millones a $ 2,5 millones. El nuevo nivel que rige para el ejercicio fiscal 2020 implica un ajuste inferior a la inflación del período, que fue del 36,1%, y no guarda relación con el mínimo dispuesto en la creación de Bienes Personales en 1991, de $ 103.000, por entonces equivalentes a la misma cantidad en dólares, casi cuatro veces más que el nuevo piso.

A los gobiernos, en todos sus formas, no le ha ido nada mal en materia de recaudación de impuestos. Por caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha recaudado en mayo pasado $ 862.479,9 millones, un incremento interanual de 72,7%. El aumento se explica, en parte, por la baja base de comparación respecto del mismo mes del año pasado, cuando se encontraban vigentes las medidas asociadas a la primera etapa del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) indicó el organismo que conduce la economista Mercedes Marcó del Pont. La otra parte se explica por el incremento de un 268% en el cobro de los derechos de exportaciones al agro. Ayer, la Federación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina ha difundido su reporte mensual que, entre otras conclusiones, señala que el Estado se queda con seis de cada 10 pesos que produce. “El 61,8% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales algunos coparticipables y otros no. De los tributos que afronta una hectárea agrícola, el 66,6% son impuestos nacionales no coparticipables, mayormente derechos de exportación, a lo que se suma el impuesto a los créditos y débitos bancarios”, reveló.

En Tucumán, en tanto, los ingresos por cobro de tributos provinciales crecieron casi un 104% durante abril (último dato disponible en el sitio de la Dirección General de Rentas). Asimismo, hasta fines de septiembre (en pleno contexto electoral), el Poder Ejecutivo ha dispuesto la vigencia de un Plan de Regularización de Deudas Impositivas, como una manera de mitigar los efectos de la pandemia de la Covid-19 y de sacar la presión judicial contra aquella franja de morosos que, en gran medida, no puede sostener el esquema fiscal vigente por una pesada carga impositiva.

Mientras tanto, la inflación está ahondando la brecha de ingresos entre las distintas capas de la pirámide socioeconómica tucumana. Si bien es cierto que la franja más alta de ingresos gana 13 veces más que el último eslabón social en materia de ingresos, la realidad muestra que cada vez es más difícil sostenerse dentro de lo que constituye la clase media argentina. Para hacerlo hay que ubicarse en el decil 9 (con ingresos que superan los $ 85.000 mensuales en el grupo familiar) de la decena existente.

De allí que los índices de pobreza muestran que, a raíz de la recesión económica y de la pandemia sanitaria, cuatro de cada 10 argentinos se encuentran en esa situación. El aumento de la pobreza es la consecuencia del impacto de la crisis sobre los sectores medios, trabajadores asalariados, profesionales, cuentapropistas, como pequeñas y medianas empresas. Según un estudio reciente del Pew Research Center, más de 150 millones de personas dejaron de ser parte de la denominada clase media durante 2020, lo que significa la caída más grande en las últimas tres décadas, según el proyecto económico Cipex, dirigido por Fernanda Vallejos y por Sofía de Nícolo.

La clase media está golpeada y enojada. Se necesitan más que medidas coyunturales para recomponer las relaciones con la clase política.