Por Gustavo Rodríguez
10 Julio 2021
EN LULES. Asentamiento La Chabela, donde la niña de cuatro años. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI
El 14 de abril, un día antes de que el fiscal de Violencia de Género Augusto Zapata encendiera todas las luces de alarma por la causa de Rocío Rojas -que terminaría siendo asesinada semanas después-, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente a nivel nacional, Marisa Graham, firmaba una nota donde daba conocer los problemas que había en el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPID) de la provincia y daba una serie de recomendaciones para resolverlos.
La funcionaria también había fijado un plazo de 90 días para que se desarrollaran esas recomendaciones. A cuatro días de que se cumpliera esa petición, nada de lo solicitado se hizo.
Primer diagnóstico
La intervención de “La Defe”, como se autodenomina al organismo, se acordó el 4 de septiembre del año pasado. Se había movilizado por la muerte de Érika, de tres años, ocurrida en Tucumán en julio pasado. “Propusimos en la Defensoría realizar un primer diagnóstico conjunto sobre el funcionamiento del sistema de protección provincial, nudos críticos y dificultades que se presentaban a la hora de diseñar e implementar las estrategias, y formular luego recomendaciones al Ministerio acerca de las medidas a implementar para fortalecer el SPI provincial, y mejorar el acceso de Niña, Niños y Adolescentes (NNyA) al ejercicio de sus derechos”, se puede leer en el documento que lleva la firma de Graham.
A partir de ese momento, especialistas de Buenos Aires se presentaron en la provincia para recabar información con el que realizaron un informe que fueron enviados al ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, a la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lorena Málaga (reemplazada recientemente por Guadalupe Casas) y a la directora del área, Mariana Cirelli.
Nudos críticos
Los puntos críticos que observaron fueron:
• Falta de Descentralización del SPID ante la ausencia de un actor fundamental de la institucionalidad como son los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos en su rol de garantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en su territorio conformando el primer nivel de intervención.
• Se advierte una excesiva centralización de funciones en la Dinayf que desborda su capacidad de respuesta e impacta negativamente en su desempeño.
• Inexistencia de una línea de emergencia de carácter institucional durante las 24 horas, que garantice la intervención del organismo especializado en las situaciones de vulneraciones graves a los derechos de NNyA.
• Sobrecarga de casos que impide la atención integral y adecuada de los mismos.
• Demanda excesiva por parte del Poder Judicial a través del envío de oficios con plazos de imposible cumplimiento y aplicación de astreintes.
• Sobrepoblación en hogares: La capacidad para alojar de los mismos, corresponde a 214 niñas, niños y adolescentes en Dispositivos de Cuidado Institucional, sin embargo, se encuentran alojados 284 (hasta el 15/12/20 había 326). A su vez, un gran porcentaje permanece más de 18 meses.
• Con respecto a la estructura, composición y tareas a cargo del personal de la Dinayf (operadores, profesionales, equipos técnicos, cantidad de intervenciones por día/mes y temáticas que demandan su intervención, entre otros) no recibieron información. Sí se informó de manera reiterada acerca de la falta de recursos humanos, agravada por la renuncia de personal especializado en particular en el transcurso del año pasado.
• Ausencia de organismos independientes que monitoreen y controlen las instituciones convivenciales, penales juveniles y de salud mental (incluye consumo problemático).
• Desdibujado rol de otros organismos de control como son el mecanismo local contra la tortura.
Las recomendaciones
Los especialistas de la Defensoría hicieron tres recomendaciones:
1- Acelerar el proceso de descentralización del SPI a través de la institucionalización de los servicios locales de promoción y protección de derechos.
“Se los debe incluir como la boca de entrada de las comunicaciones y/o denuncias por vulneraciones a derechos de todo tipo, constituyendo el primer nivel de actuación del SPI. Los servicios locales además deben ser dotados de recursos para la implementación de las medidas que eviten la separación familiar. A su vez, entre sus funciones, se cuenta la de garantizar la atención durante las 24 horas en forma activa o con una guardia pasiva”, argumentaron los especialistas.
2- Incorporar un servicio propio de atención en la emergencia durante las 24 horas de carácter institucional, que pueda constituirse “in situ” frente a una vulneración grave que pone en riesgo la salud o la vida de una niña, niño y adolescente, a los fines de adoptar las medidas de protección que estime pertinentes, así como también instar las acciones penales o civiles que el caso requiera.
“Hasta que se constituyan los servicios locales a cargo de brindar dicho servicio debería la Dinayf implementarlo inicialmente en San Miguel de Tucumán y cercanías. Ello permitiría la respuesta inmediata (no en 30 días) para casos de maltrato y violencia así como de cualquier otra vulneración de derechos que no admita dilación y requiera medidas de protección para evitar riesgos. Ello permitirá limitar la intervención originaria de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial que no constituyen la autoridad de aplicación en materia de niñez y adolescencia”, explicaron
3- Es necesario adecuar de manera progresiva los protocolos con el Poder Judicial a las disposiciones de la Ley 8.293.
“Resulta necesario implementar protocolos con las áreas de Salud, Educación y Seguridad para implementar procedimientos para la comunicación, intervención e información frente a la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, que incluya plazo, modalidad y requisitos”, concluyeron.
Silencio: preguntas sin respuestas
Nuestro diario intento comunicarse el jueves con la titular de la Dinayf, Mariana Cirelli, para consultarle sobre el seguimiento de la situación que derivó en la muerte de Rocío y sobre si el organismo le dio alguna explicación a la madre de la niña asesinada. La funcionaria solicitó que se le enviará el cuestionario por escrito alegando que tenía mucho trabajo con esa y otras causas. Las respuestas, que iban a ser entregadas ayer, hasta el cierre de esta edición nunca llegaron como se prometió desde el Ministerio de Desarrollo Social.
El caso de Rocío
El 5 de abril Amalia Carolina Graneros denunció a una mujer por maltratar de sus hijos. Indicó que estaba protegiendo a los niños, que eran Rocío y su hermano.
El 14 de abril, el fiscal Augusto Zapata le pidió intervención a un Juzgado de Familia y también le solicitó a la Dinayf realizar informes sobre el caso.
El expediente ingresó al fuero Civil el 16 de junio, pero por un error, la causa llegó al despacho de la jueza Claudia López recién el 28, cuando ordenó medidas.
El informe y las medidas no llegaron a tiempo. El fiscal Ignacio López Bustos cree que el 1 de julio Graneros, su pareja y su yerno, mataron a Rocío.
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