Pedirán una pena de 23 años al acusado del crimen de la enfermera

Los tucumanos se levantaron el 8 de febrero con una noticia que los conmovió. Una enfermera jubilada había sido asesinada a puñaladas por un joven que le había robado la cartera. Antes de que se cumplieran los siete meses del crimen, el acusado será condenado a 23 años de prisión efectiva si la jueza Juana Juárez acepta el acuerdo de juicio abreviado firmado por el representante del Ministerio Público Fiscal, la familia y el acusado.

Según la teoría del caso, Luisa Susana Mansilla (60 años) había dejado su hogar a las 6.50 para realizar trámites personales. A las 7 llegó a la parada del colectivo. A los pocos minutos, Walter “El Chino” Regudero, se presentó en el lugar para apoderarse de la cartera de la mujer. La víctima se resistió y el acusado la apuñaló hasta que logró apoderarse del botín. Salió corriendo del lugar perseguido por dos hombres que dejaron de hacerlo cuando el delincuente la arrojó.

Regudero estuvo varios días prófugo. El joven, por sus problemas de adicción, vivía prácticamente en situación de calle. Lo detuvieron cuando caminaba por 25 de Mayo e Italia, luego de que los efectivos le avisaron a los miembros de “La Inimitable”, la barrabrava de Atlético, que tenían información que ellos lo protegían.

“El Chino”, como se lo conoce, tenía cuatro causas pendientes por delitos contra la propiedad, entre 2017 y 2020. Dos de ellas se habrían iniciado con un día de diferencia. Una el 2 de febrero de 2020 y la otra, el 3 de ese mes. Eso significa que fue detenido por un hecho, liberado y a las pocas horas reincidió. En octubre del año pasado fue acusado de otro hecho, pero logró acceder el 10 de diciembre a una probation que nunca cumplió; nadie se había percatado de esa situación. Dos meses después fue detenido por el crimen de la mujer.

El proceso

El fiscal Carlos Sale acusó a Regudero de homicidio en ocasión de robo. Sumó las pruebas necesarias para llegar a una segura condena por el delito que se le imputó. Por esa razón convocó a todas las partes para que la resolución se lleve a cabo a través de un juicio abreviado, el defensor oficial Daniel Plaza y Álvaro Zelarayán, que representa la querella asumida por la familia de Mansilla. Todo se cerró cuando el acusado asumió su responsabilidad penal.

“Lo que estamos buscando desde el Ministerio Público Fiscal es resolver la mayor cantidad de procesos posibles sin que sea necesario llegar a juicio oral. Esto no es otra cosa que darle una respuesta más rápida a la sociedad y con esta velocidad también descomprimimos al sistema para que todos tengan Justicia”, indicó Sale en una entrevista con LA GACETA. “Antes, un caso como este podía tardar hasta dos años en llegar a juicio y con el o los acusados, posiblemente, en libertad”, agregó.

El fiscal dijo además que es perfectamente consciente que este caso generó una gran conmoción social en toda la provincia. “Esta herramienta jurídica nos permite sacar de circulación a una persona como Regudero en un corto plazo. Es una de las grandes ventajas que tiene este sistema. En un debate oral pueden pasar muchas cosas y el tribunal, al no estar convencidos de lo que escucharon, puede dar una sentencia que resulte mezquina ante la gravedad del hecho. En este caso estamos acordando una pena de 23 años, cuando el máximo es de 25”, explicó.

“El juicio abreviado también es una alternativa para descomprimir a todo el sistema judicial. Los fiscales, los auxiliares y los magistrados, con el nuevo código están tapados de causas y recurriendo a este tipo de soluciones, y se avanza. Y lo más importantes se ahorran recursos para atender a las otras causas que son más complejas y que pueden no estar resueltas”, analizó Sale.

Curiosidad

El de Zelarayán es un caso atípico en el fuero penal de la provincia. En menos de dos años, participó en tres juicios que conmocionaron a tres ciudades diferentes y los tres por el mismo delito: las víctimas murieron en robos.

En los dos primeros casos, coincidió con la ex fiscala Adriana Giannoni que los homicidios de Valentín Villegas, ocurrido el 16 de octubre de 2018 en Yerba Buena, y el de Braian Sarmiento, registrado el 25 de agosto en Alderetes, habían sido criminis causae, es decir, habían matado para asegurarse la impunidad. En el primero, el tribunal le dio la razón y condenó a Franco “El Tuerto” Valdez a prisión perpetua o a 35 años de prisión efectiva. En el segundo, en un polémico fallo, los jueces desestimaron la imputación y lo terminaron sentenciando a Ariel “Pei” Miranda a 15 años de prisión.

“Indudablemente que la anterior sentencia me dejó pensando y mucho. Aquí corríamos el mismo riesgo que en el caso de Braian. Hablamos con el fiscal del tema, lo conversé con la familia y coincidimos que 23 años de prisión efectiva es una pena alta. Estamos hablando que esta persona pasará todo ese tiempo detenido en la cárcel, sin derecho a tener ninguna salida hasta que cumpla la totalidad de la pena”, advirtió el profesional.

Zelarayán hizo otra lectura con sabor a mensaje. “La sociedad tiene que entender que el juicio abreviado es una buena herramienta para llegar a una condena justa de manera rápida. Obviamente que al tratarse de un acuerdo, el imputado tiene algunas ventajas, como que la pena sea menor. Pero nadie puede negar que así se descomprime la tarea que desarrollan fiscales y jueces que están cerca del colapso para que otras personas también puede tener justicia”.