Hay que frenar las usurpaciones en El Cadillal

El Cadillal tiene dos caras (seguramente son más, pero nosotros nos vamos a ocupar puntualmente de dos). Una de ellas es la más conocida: la de los paseos familiares, las de los bikers, los bares, el anfiteatro y las multitudes que buscan refrescarse en las opresivas tardes del verano tucumano. De la otra cara se sabe poco y lo que se conoce es inquietante.

Nos referimos al sector que se extiende entre Tapia y Ticucho, donde hay algunos campings y clubes. Quienes lo conocen a fondo son los pescadores, ya que suelen buscar el pique en esta zona. Para aquellos que no logran ubicarse, vale el dato de que por allí pasó el Dakar en una de las tantas ediciones que pusieron a Tucumán dentro del circuito de la carrera.

En estos días, LA GACETA volvió a mostrar los problemas que ocurren en ese sector. La irrupción de cuatro personas armadas en un camping de la zona sembró una duda: ¿se trató de un robo o fue parte de alguna maniobra de amedrentamiento ejecutada por alguna banda que busca hacerse de tierras para generar loteos ilegales?

Los pescadores denunciaron varias situaciones inquietantes: aseguran que se realizan desmontes sorpresivos, que se instalan casillas y se alambran predios. A eso se suma el cobro de “peajes” a los que quieren llegar al espejo de agua.

Entre las irregularidades se pueden enumerar otras. El club de Pesca y Regatas tuvo su sede en Ticucho durante años. Cuando obtuvieron otro predio en Tapia, abandonaron aquella locación original, que fue ocupada por personas que montaron el camping La Soñada, un emprendimiento privado. En el Ente Tucumán Turismo confirmaron que se trata de una situación irregular. Al club de la UNT se le otorgó un predio en Tapia hace cinco años. Pero no se puede acceder al lugar por un hecho insólita: el supuesto dueño de las tierras que rodean el terreno se niega a dar la servidumbre de paso.

Hay que prestar atención al testimonio de Claudio Mamaní, un lugareño que habló con LA GACETA: “aquí vienen máquinas, desmontan, ponen alambrados, instalan una casilla y listo. No podemos decir nada porque ellos dicen que compraron la tierra de buena fe. Lo más grave es que nosotros estamos hace toda una vida aquí y no tenemos nada”. Si lo que dice es cierto, esa zona se convirtió en lo que comúnmente se denomina “tierra de nadie”, es decir, un espacio donde no hay ley, sino la que impone la prepotencia y la fuerza.

Ahora bien: ¿y el Estado qué papel juega en esta situación? A fines de 2018 y hasta mediados de 2019, por iniciativa del entonces fiscal de Estado Daniel Leiva (hoy vocal de la Corte Suprema de Justicia), se comenzó a realizar un relevamiento para constatar las usurpaciones clandestinas que crecían sin pausa en esa localidad. Fueron tantos los casos detectados que hasta se intimó a los funcionarios comunales a que se abstuvieran de otorgar cualquier documentación para que las personas que se habían apoderado de parcelas pudieran argumentar una posesión legal. El Ente Tucumán Turismo se sumó a esta cruzada y comenzó a reclamar la devolución de las tierras que eran del Estado. Se concretaron decenas de desalojos e inclusive se usaron topadoras para demoler las viviendas que se habían construido en tierras fiscales. El mensaje fue muy duro, pero insuficiente. Hoy, los usurpadores parecen haberse mudado al sector del que nos ocupamos unos párrafos atrás. Creemos que es tiempo de que las autoridades muestren el mismo compromiso que entonces para frenar a aquellos que, por la fuerza, se aprovechan de la situación.