13 Septiembre 2021
La delincuencia digital se incrementó en un 3.000% durante la pandemia. La cifra es alarmante y obliga a asumir el tema con la responsabilidad que corresponde. Esto implica capacitar al personal policial y del Poder Judicial para combatir esta modalidad delictiva, además de preparar a los ciudadanos para hacer frente a las posibles estafas que se propagan por diferentes plataformas digitales.
Entre las categorías de fraude aparecen términos que para muchos pueden ser novedosos, pero que ya forman parte de la jerga policial. “Phishing” y “skimming” son dos tipos de delitos que permiten engañar a las personas para que compartan información confidencial, como contraseñas y números de tarjetas de crédito; además del uso de mecanismos por mensajes de voz, tendientes a lograr la misma finalidad delictiva. Engañan a las personas diciéndoles que pertenecen a reparticiones públicas o a organizaciones, mientras buscan jugar con la psicología y manipular a la víctima para que brinde los datos confidenciales. Así realizan maniobras que perjudican el patrimonio o la propiedad, con el dinero que tienen en su homebanking o con la realización de préstamos en su nombre.
Los ciberdelincuentes hacen llegar mensajes a través de ofertas tentadoras para capturar la atención de los supuestos beneficiarios y eso conlleva a que se produzcan las estafas por Whatsapp. Esta modalidad es una de las más usadas en los últimos tiempos, según advierten los expertos.
El mes pasado, Luciano Monchiero, especialista en investigación del ciberdelito y cómputo forense, dio una capacitación al personal del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. “Hay una necesidad muy importante –resaltó en una entrevista con LA GACETA-, sobre todo, en los Ministerios Públicos Fiscales de capacitar, concientizar y sobre todo de adquirir herramientas para prevenir y reducir a las organizaciones criminales”.
La cibercriminología apunta al trabajo interdisciplinario de diferentes áreas en cuestiones de investigación y del ciberespacio. Esto ayuda a que la informática, la criminología y la abogacía, a través de las fiscalías, puedan estar en comunicación constante con ingenieros, psicólogos, criminólogos y diferentes especialistas. A su vez, estos profesionales podrán brindar puntos de vista que ayudan a desenmascarar lo que ha realizado un estafador.
Hay que asumir el nuevo escenario que enfrentamos. La ciberseguridad se convierte en un eje central para la estrategia corporativa. La pandemia de covid-19 generó muchos cambios que eran impensados en los hábitos de las personas. Hoy en día sabemos que se aceleró la transformación digital de las empresas, y que la seguridad de los datos se convirtió en uno de los temas de mayor relevancia tanto para los gobiernos como para compañías privadas. De hecho, en 2020, se estima que el 87% de las empresas a nivel global sufrieron ciberataques, según un informe de la consultora Check Point.
En este plano adquiere un mayor protagonismo la figura del CISO (Chief Information Security Officer, por sus siglas en inglés), el máximo responsable por velar por la ciberseguridad de una organización. Las universidades comenzaron a incorporar esta área en su oferta académica ante la creciente demanda de estos profesionales. Los expertos estiman que en cinco años se necesitarán 10.000 profesionales para hacer frente al ciberdelito. Así las cosas, será importante ir más allá de la advertencia a la comunidad; será fundamental que las autoridades gubernamentales y también los gerentes de empresas privadas capaciten a sus operadores y dispongan los medios tecnológicos adecuados para hacer frente a este delito, así como las cámaras legislativas y la Justicia deben encontrar caminos legales adecuados para castigar estas maniobras.
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