El drama de la crisis carcelaria en Tucumán

A pesar de los anuncios sobre millonarias inversiones que prometen aliviar la tensa situación generada por la crisis carcelaria, en Tucumán siguen pendientes de resolución los problemas derivados de la superpoblación de detenidos y de las precarias condiciones de alojamiento para las personas privadas de la libertad.

Se trata de un drama que, si bien contiene diversas aristas y ejes de debate, ha acumulado suficientes capítulos a lo largo de estos años como para dejar a las claras la necesidad de una solución de fondo. Es un tema que amerita ser considerado entre las políticas públicas prioritarias, tanto por lo relacionado a la seguridad ciudadana como por el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado provincial en materia de derechos humanos.

Esta semana, el Gobierno nacional dispuso el libramiento de un anticipo de fondos por $800 millones para dar inicio a la obra de construcción de una nueva cárcel en Benjamín Paz, localidad situada en el departamento Trancas, al norte de la provincia.

Este proyecto, según se prevé, aliviará el hacinamiento que arrastran hace más de una década los penales de Villa Urquiza y de Concepción, además de los calabozos de las comisarías y de otras dependencias policiales en las se aloja a reclusos -con y sin condena- durante extensos períodos, sin que se puedan garantizar las condiciones de vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, ni de permanencia para las personas detenidas.

En paralelo a la cárcel de Benjamín Paz, el Gobierno provincial sostiene la planificación de una unidad penitenciaria y alcaidía en jurisdicción de Las Talitas, donde podrían ser ubicados quienes se encuentren procesados, a la espera de un fallo judicial.

Como sucede con toda obra pública, los plazos de ejecución no son inmediatos. El problema, sin embargo, requiere de medidas urgentes. Esto ya había sido expresado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en 2015, luego de un hábeas corpus planteado por dos fiscales penales, a partir de un trágico motín en la comisaría de Yerba Buena en el que murieron dos personas. Si bien el alto tribunal había exhortado al Poder Ejecutivo a efectuar una serie de acciones –como el traslado de presos de las comisarías a las unidades del servicio penitenciario en un plazo de 15 días-, estas disposiciones no se llevaron a la práctica, o se atendieron de manera parcial.

En estos cinco años que transcurrieron desde aquella sentencia, sucedieron hechos que demuestran el riesgo que representa la crisis carcelaria no sólo para la población penitenciaria, sino también para la ciudadanía en general.

El 2 de septiembre de este año, se desató un trágico motín en la Brigada Femenina de Concepción, donde las presas desataron una protesta por las pésimas condiciones de alojamiento. Cuatro mujeres murieron en el incendio. Lo sucedido motivó una dura condena por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertó sobre la falta de elementos para prevenir siniestros en ese centro de detención e instó a las autoridades tucumanas “a investigar los hechos con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos”.

Esta semana, un grupo de detenidas en la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) planteó –a través de sus abogados- un hábeas corpus para que pudiesen cumplir la prisión domiciliaria y salir del establecimiento, ya que denuncian que el lugar se encuentra en malas condiciones.

La otra cara de la crisis carcelaria es la preocupación que producen las recurrentes fugas de reclusos. El caso de Roberto Rejas es paradigmático, pero las comisarías de la capital y del interior son noticia periódicamente por las evasiones de reos que, en buena proporción, ya deberían haberse encontrado en un penal o en una alcaidía específica.

El drama en el ámbito penitenciario es conocido por las autoridades. Desde 2016, rige una ley que declara la emergencia en esta materia. El problema atravesó distintas gestiones, tanto nacionales como provinciales; sin embargo, no se ha logrado aliviar, ni siquiera en parte, la grave crisis carcelaria en Tucumán.